Un vistazo periodístico a esa delgada línea que separa el militarismo de la politiquería en el Perú de los últimos sesenta años.

¿Que faltemos al voto solemne?

Un vistazo periodístico a esa delgada línea que separa el militarismo de la politiquería en el Perú de los últimos sesenta años.

Por: Tito Barreda

 

Fujimori 1990

En 1990 Alberto Fujimori ganó las elecciones y con él un excapitán del Ejército Peruano que había sido dado de baja por traición a la patria, Vladimiro Montesinos Torres, se constituyó en ‘el poder en la sombra’. En enero de 1992 Fujimori designó al general Nicolás Hermoza Ríos como presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y tres meses después disolvió el Congreso de la República con el golpe de estado del 5 de abril.

 

Abimael 1992

 

Semanas después, sábado 12 de setiembre, Julio Becerra y Cecilia Garzón tenían poco tiempo de enamorados y convinieron en comprar una gaseosa en la bodega en la Calle 1, urbanización Los Sauces de Surquillo, muy cerca a la casa signada con el 459. Eran los agentes Ardilla y Gaviota del Grupo Especial de Inteligencia -GEIN- dirigidos por Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro. El Grupo pertenecía a la Dincote, cuyo jefe era Ketín Vidal. Cayó el cachetón, dijeron. Habían capturado al asesino más cruel del Perú: Abimael Guzmán Reinoso.

Lo que siguió fue un evento abominable para la historia del país. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos querían ser los líderes reconocidos de la ‘Captura del siglo’. Celos, envidia, cálculo y poder se juntaron en una explosiva mezcla y desaparecieron el GEIN, Ketín Vidal fue transferido a otra unidad de menor rango y el mayor Jiménez se involucró en un caso judicial acusado de formar parte de la mafia Orellana.

A Marco Miyashiro y al suboficial Walter Capa (quien filmó el famoso diálogo entre Vidal y Guzmán) les negaron los 14 mil dólares que entregaron como bono a cada uno de los policías que intervinieron en la captura. Gran parte de ese dinero lo invirtieron en CLAE, al año siguiente (29 de abril de 1993) el gobierno intervino esta cadena informal, Carlos Manrique cayó preso y el dinero se hizo humo.

Salinas 1992

El desprecio por la institucionalidad que trajo el golpe fujimorista y el aprovechamiento político de la captura de Abimael Guzmán removió la conciencia del militarismo constitucionalista: los generales en retiro, Jaime Salinas Sedó, José Pastor Vives y Víctor Obando Salas. La fecha fue acordada: 13 de noviembre de 1992. El objetivo era restaurar el orden democrático y entregar el mando de la nación al exvicepresidente Máximo San Román.

El plan consistía en arrestar a Alberto Fujimori, Nicolás Hermoza Ríos y Vladimiro Montesinos, pero la noche del 12 abortaron la operación porque habían sido delatados. Fujimori huyó a la embajada de Japón y desde ahí ordenó la captura de los 25 conspiradores.

En marzo de 1993 un tribunal castrense los condenó a ocho años de prisión. En mayo indultaron a once. El resto cumplió condena en el penal Castro Castro, en el cuartel Simón Bolívar y luego en la prisión de la Fortaleza del Real Felipe. La ley 27436 de marzo del 2001 dispuso que se reincorporen y reconozcan sus derechos, pero nunca ocurrió. Sus grados quedaron congelados desde 1992.

El Tribunal Militar, por su lado, determinó la prescripción del delito y nunca retiraron el cargo de delito de rebelión. Los generales José Soriano y Víctor Obando y el comandante Hugo Ormeño postularon al congreso el 2006 pero casi nadie votó por ellos.

Rincón 1995

Lori Berenson y Pacífico Castrillón alquilaron una casa en la avenida Alameda del Corregidor 1408, La Molina. El 30 de noviembre de 1995 llegó la policía y tras una infernal balacera cayó la banda del MRTA cuyo objetivo era tomar por asalto el Congreso de la República. Encontraron planos, fotos de parlamentarios, armas y pertrechos.

Detuvieron a Miguel Rincón Rincón, mano derecha de Víctor Polay. Los policías tuvieron que sostener una larga lucha judicial de más de 25 años para que se les reconozca por “alto riesgo en la lucha contra el terrorismo”. Hoy, Berendson, Gilvonio, Castrillón y otros están libres.

Robles 1993

Nelly Montoya llegó presurosa al Grand Hotel Miraflores en la tarde del jueves 6 de mayo de 1993. Un enjambre de periodistas la esperaba y ella, nerviosa, no leyó sino que gritó el manuscrito que había preparado su esposo, el general EP Rodolfo Robles Espinoza. Desde el día anterior el matrimonio y sus dos hijos militares habían tenido que refugiarse en la embajada de Estados Unidos. Montesinos los perseguía.

El documento de ocho páginas ratificaba su denuncia sobre la existencia del Grupo Colina, los nombres y grados de sus jefes inmediatos Martín Rivas y Carlos Pichilingue y de los jerarcas Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos.

En abril de ese año, Robles recibió información privilegiada de la matanza de Barrios Altos, La Cantuta y el asesinato de ingenieros japoneses. Pidió cita a su compadre, José Picón Alcalde, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y le compartió la información. A fin de mes enviaron a Robles a Estados Unidos como representante ante la Junta Interamericana de Defensa; a su hijo, el capitán José Robles lo destacaron a la Zona de Emergencia (Ayacucho) y al otro hijo, teniente Rodolfo Robles, pretendieron envolverlo en una acusación de estar coludido con el narcotráfico. Picón lo había traicionado.

Una supuesta organización de 54 generales declaró “traidor” a Rodolfo Robles, lo borraron del escalafón militar y lo privaron de sus beneficios sociales. En el congreso, Enrique Chirinos Soto dijo que era un “monumento al deshonor” y Rafael Rey advirtió que “no tiene autoridad moral”. Su madre, Estefanía Espinoza de 83 años, estaba internada en el Hospital Militar. La orden fue desaforarla y la abandonaron en los pasillos. Sufría de cardiopatía hipertensiva. Tres años después intentaron secuestrar al general denunciante. Tuvo que salir del país con su familia.

Cerpa 1996

El 17 de diciembre de 1996, el embajador japonés Morihisa Aoki festejaba el 63 aniversario del nacimiento del Emperador Akihito. Más de 800 personas fueron tomadas de rehenes por 14 terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Al final quedaron 72 secuestrados durante 126 días que fueron liberados por el Comando Chavín de Huántar el 22 de abril de 1997. El operativo dejó un rehén, dos comandos y el cabecilla Néstor Cerpa Cartolini junto a los 13 tupamaros fallecidos.

La investigación explica que aparte de los 140 comandos de la Fuerza Armada ingresó a la residencia un grupo de comandos bajo las órdenes de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. El objetivo era que ningún emerretista podía salir vivo de la embajada. Y se cumplió.

Pero los oficiales involucrados en el rescate también vivieron años de persecución judicial. El 29 de junio de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (18 años después) señaló que no hubo ejecuciones, salvo el caso de un terrorista que debía ser investigado por el estado peruano.

Sujeción 1999

En la base aérea Las Palmas está el auditorio José Ruiz. Aquella mañana del 19 de marzo de 1999 estaba repleto. El público era selecto: todos los oficiales (un promedio de 400) de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú desde capitanes hasta oficiales generales.

En la mesa estaban el ministro del Interior, general EP Víctor Malca Villanueva; el ministro de Defensa, general EP Julio Salazar Monroe; el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general de la FAP, Pablo Carbone Merino; el comandante general del Ejército, general EP Carlos Tafur Ganoza; el comandante general de la Marina, Víctor Ramos Ormeño; el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Humberto Rozas Bonuccelli y el gestor de la idea, el todopoderoso asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres.

Luego de unos minutos, colocaron unos documentos en la mesa e invitaron a firmar el acta a todos los presentes. En abril 2001 el congresista Carlos Ferrero hizo públicos los videos que revelaron la vergonzosa cita. Las FFAA y la PNP emitieron un comunicado como respuesta.

“La orden de convocatoria no indicaba el motivo de la misma, pero señalaba la obligatoriedad de la asistencia. Los documentos que se suscribieron fueron redactados con antelación sin haber sido sometidos a debate en dichas reuniones procediéndose simplemente a su lectura. La suscripción de los documentos fue dispuesta por la Mesa Directiva en forma intimidatoria y coercitiva tal como se aprecia en la visualización de los vídeos sin permitirse ningún tipo de ponencia y observación invocándose además para tal efecto la disciplina, lealtad y cohesión institucional”, dice.

El Acta consideraba el apoyo incondicional al golpe de estado de abril de 1992, las leyes de amnistía para liberar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que participaron en la lucha antiterrorista.

El pronunciamiento militar añade: “Los comandantes…recogiendo el sentir de instituciones, ofrecen satisfacciones a la ciudadanía en general, por todos los hechos que, en el pasado reciente, hubieran comprometido a sus instituciones en actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión constitucional”. Firmaron Armando Santisteban de la Flor, director general de la Policía Nacional del Perú; Carlos Tafur Ganoza, comandante general del Ejército; Víctor Ramos Ormeño, comandante general de la Marina y Pablo Carbone Merino, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y comandante general de la Fuerza Aérea. Fecha: 16 de abril de 2011. A los días, Paniagua los relevó de sus cargos.

Locumba 2000

En Locumba, capital de la provincia Jorge Basadre en Tacna, 71 uniformados tomaron como rehén al general Carlos Bardales Angulo, jefe de la Sexta División Blindada en el Fuerte Arica el 29 de octubre de 2000 y exigieron la renuncia del presidente Alberto Fujimori. Eran 69 reservistas y dos hermanos oficiales del Ejército Peruano: Ollanta y Antauro Humala Tasso. Curiosamente, ese mismo día, a las 3 y 30 de la madrugada Vladimiro Montesinos Torres se fugaba del país en el velero Karisma desde el Yacht Club de La Punta.

La improvisación del levantamiento de los Humala no tuvo la acogida que esperaban y tuvieron que marchar durante más de un mes por los andes sureños. La desesperación de los hermanos fue evidente ante la deserción de sus seguidores y aceptaron de inmediato la amnistía que les ofreció el presidente transitorio Valentín Paniagua si es que deponían las armas.

En enero de 2003, el gobierno de Alejandro Toledo envió a Ollanta Humala a la Agregaduría Militar de la Embajada en Francia y luego a Seúl. El 31 de diciembre de 2004 le comunicaron su pase a la situación de retiro cuando estaba en la capital surcoreana.

Paniagua 2000

En setiembre del 2000 se exhibieron los videos de Vladimiro Montesinos cuando sobornaba a políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación, entre otros en el Servicio de Inteligencia Nacional para que se pongan al servicio del gobierno fujimorista. A los días, Montesinos huyó y lo mismo hizo Alberto Fujimori quien pretendió renunciar por fax desde el Japón.

El Congreso de la República lo vacó y asumió Valentín Paniagua para ejercer un gobierno transitorio y convocar a elecciones. Fujimori cayó preso el 7 de noviembre de 2005 en Chile, lo extraditaron a Perú y el 7 de abril de 2009 lo condenaron a 25 años de prisión.

Paniagua asumió el 22 de noviembre de 2000, debía convocar a elecciones y entregar el gobierno el 28 de julio 2001. Faltando poco más de un mes para entregar la banda presidencial promulgó, el 4 de junio, la creación de la Comisión de la Verdad mediante DS 065-2001-PCM designando a sus integrantes: Salomón Lerner, rector emérito de la PUC como presidente; Enrique Bernales, Carlos Degregori, Alberto Morote y Carlos Tapia, todos de izquierda. Beatriz Alva, excongresista; Gastón Garatea, sacerdote; y Luis Bambarén, obispo de Chimbote como observador.

Diego García Sayán era el ministro de Justicia. El 5 de julio de 2001, un par de semanas antes de que termine su periodo, indultó a reos por terrorismo por razones humanitarias. Las gracias presidenciales de Paniagua fueron por “gastritis medicamentosa, artrosis, descensos vaginales e hipertensión, entre otros males”. El viceministro de Justicia era Juan Jiménez Mayor (llegó a ser presidente del Consejo de ministros de Ollanta Humala 2012-2013).

La Comisión de Indulto estaba integrada por Javier Ciurlizza Contreras (luego fue jefe del gabinete de García Sayán y secretario ejecutivo de la CVR) y Ernesto de la Jara (director de IDL). La Resolución Suprema 268-2001-JUS liberó a Gerardo Saravia López de Castilla, quien laboró varios años como editor de la revista IDL. Lo indultaron porque padecía “diabetes mellitus tipo I”. Nada menos.