¿Qué nos trajo la ampliación de la cuarentena?

 

Por: Director General

 

El día de ayer pudimos ser testigos de la revelación indebida de una información que comprometía la intimidad médica de la ex ministra de Salud Zulema Thomas, lo cual motivó una reacción severa y del todo justificada por parte de las autoridades estatales a nivel nacional. Fueron especialmente relevantes las realizadas por el ministerio de Salud como del ministerio Público, poniendo de relieve que una cosa es la salud pública, de interés público y dominio de todos, conforme los principios de la política nacional que a todos nos interesa y otra, muy distinta y absolutamente privativa, es el de la información relativa a la salud de cada una de las personas que conforman la sociedad, de íntimo y privativo interés personal y excluido por tanto del dominio público.

En efecto, las leyes peruanas, las relativas a la sanidad pública y privada, prohíben taxativamente, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa, la develación no consentida de información relativa al estado de salud de una persona, cualquiera fuera su condición social y económica; operando ciertamente causales de justificación que pudiera sostener una conducta contraria a las normas (ejemplo: una imputación penal previa por una causación de un resultado criminoso pero que cuya causa en realidad se encuentra en una patología preexistente que la supuesta víctima ha podido ocultar), máxime si como estamos al día de hoy, en medio de una situación de emergencia nacional en que todos debemos ser más que cuidadosos con información sanitaria que bien podría ocasionar zozobra indebida o una merma innecesaria de confiabilidad en el sistema sanitario de la que precisamente la ex ministra era su máxima jefa.

Bien ha hecho el gobierno de remitir esta sospecha razonable en la comisión de un delito y demás infracciones administrativas a las instancias competentes con la finalidad que a los responsables de tamaña filtración se les condene con todo el peso de la Ley

 

Más bien hoy, por la mañana, el canal del Estado, Justicia TV, transmitió la audiencia de “variación de prisión preventiva a prisión domiciliaria”, solicitada por la defensa de César Villanueva, ex premier del actual gobierno. Y llamó nuestra “atención” con relación a dos puntos:

  1. La “diligencia” que la Sala Penal Nacional mostró al convocar a dicha audiencia, dejándola al voto al final de la misma para resolver en el plazo de ley -72 horas-, en medio del Estado de emergencia decretado por el gobierno y con sendas resoluciones administrativas del Poder Judicial indicando la suspensión de todas las actividades jurisdiccionales que no sean esenciales, como las derivadas de las detenciones, prisiones y apelaciones de prisión por hechos acaecidos en medio del Estado de emergencia nacional. Y era claro que los hechos acaecidos con César Villanueva no tenían coincidencia temporal con el Estado de emergencia.

 

2. La “omisión” de atención de algunas cortes Superiores (como la de Lima Sur), con relación a audiencias derivadas a cese de prisión, apelación de prisión, etc., por los mismos presupuestos fácticos que la Sala Nacional -que tiene estatus de Corte Superior de competencia nacional- como lo ocurrido con el caso de “César Villanueva” ex premier de este gobierno.

Es claro que en ambos cortes se razonan de modo diferenciado; en una se tramitan causas con apellidos rimbombantes al oído de la población: Villanueva, Fujimori, Yoshiyama, etc. Y las otras, otros de menor o insignificante rango social y político. Pero todos seres humanos, con iguales derechos e iguales pretensiones de poder revertir su estatus de prisión preventiva por el de una comparecencia, máxime si están como todos los peruanos, en situación de vulnerabilidad por el propio encierro que ello significa, en muchos casos sin causa objetiva valida y por el “porsiacaso” que siempre o casi siempre se impone con los Jueces de primera instancia al momento de determinar la prisión preventiva.

Ya lo ha demostrado el coronavirus, todos somos iguales ante ella y ante la Ley. El Poder Judicial debe ordenar a todas sus cortes a respetar los derechos fundamentales de todos, sin distinción de apellidos.

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