Notas para un nuevo perfil de internamiento y justicia

Por: César Azabache (*) / Artículo de opinión

Haber llegado a 97 mil personas en prisión, con una capacidad de albergue cercano a los 40 mil, nos coloca en condiciones de hacinamiento extremo. Reducir la población penitenciaria en al menos 15 internos representaría un comienzo razonable. Pero, es solo un comienzo, aún no tenemos las herramientas completas para abordar esa tarea, debemos construir otras reglas de administración de los penales.

La administración penitenciaria necesita un plan intenso de construcción de establecimientos temporales que permita que volúmenes -como las más 36 mil personas en prisión bajo órdenes provisionales o preventivas o los aproximadamente 6 mil condenados a períodos de privación de libertad menores a 4 años- no saturen nuevamente las cárceles mayores como Canto Grande en Lima o Picsi en Lambayeque.

Un plan de construcción de centros temporales radicados en áreas de las municipalidades distritales podría reducir el costo que representa la edificación de centros mayores, además de “jalar” la mirada de los juzgados y las fiscalías hacia dichas áreas.

Será muy probable que la justicia posterior a la pandemia deba renunciar a usar los juicios como espacios físicos de comunicación con la colectividad. Pero, aún así, aunque los juicios se conviertan en eventos digitales, la mirada de las fiscalías y los jueces comunes debe empezar a concentrarse en las comunidades en las que viven las personas. Incluso aunque esa mirada sea preferentemente digital.

Asimismo, las autoridades penitenciarias deberían poder anunciar al Judicial y a las fiscalías cuándo puede ejecutarse un mandato de prisión preventiva y cuando una condena efectiva. Con lo que éstas deberían estar en posición a imponer, cuando sea necesario y mientras se obtiene un lugar en centro de reclusión (sea una temporal o uno mayor como Castro Castro o Picisi), el uso de grilletes electrónicos, equipos de policía o ambos, que permitan que las medidas que se impongan por necesidad comiencen a ser ejecutadas bajo arrestos domiciliarios, haya o no una tercera persona particular que deba ser nombrada garante de la obediencia de aquella otra que espera una celda o una cama disponible en un centro penitenciario.

La ley debería establecer una medida de equivalencia que compute el tiempo de espera bajo arresto domiciliario, cuando haya que imponerlo, como parte del tiempo de reclusión impuesto judicialmente.

Pero a eso tenemos que llegar.

(*) El autor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex Procurador anticorrupción adjunto.

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