¿Qué dice la Corte Suprema sobre el Delito de captación ilegal de fondos públicos y nulidad de sentencia? 

Sala Penal Permanente - Recurso de nulidad 824-2019, Lima Este 

Por: Infolegal.pe  

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró nula la sentencia del 27 de diciembre de 2018, en el extremo en el que absolvió a Joaquín Rosas Javier, Marielena Maribel Espinoza Román, Jenny Nelly Culque Robles, Flavio Elías Llerena Cruz, Cristóbal Eudos Capcha Guerra, Jhonny Álex Moncada Gómez, Herber Guido Roa Ojeda, Alejandro Miranda Laura, Hugo Noel Luján Rosario, Guzmán Domingo Espinoza Aguirre, José Gilberto Gómez Arias, Mitsy Patricia Quin Ramírez, Óscar Alfredo Salgado Torres, Patricia Soledad Salgado Prada, Edgar Enrique Calero Campos, Teodocio Alejandro Cárdenas Lázaro y Sixto Dante Polanco Gamarra como presuntos autores del delito contra el orden financiero y monetario-delitos financieros- instituciones financieras ilegales, en agravio del Estado (Conasev). 

En consecuencia, mandaron que se realice un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior, teniendo en cuenta los fundamentos de la presente ejecutoria suprema. Según refiere el Recurso de nulidad 824-2019, emitido el 14 de octubre del año 2020, en el que intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro, y se argumentó sobre el Delito de captación ilegal de fondos públicos y nulidad de sentencia”. 

Al respecto, precisa que, en una economía social de mercado, el sistema financiero se sustenta en el mercado crediticio y de valores, que es especialmente vulnerable y depende de la confianza de los ahorristas e inversionistas.  

Si esta se afecta por el irregular funcionamiento de la intermediación financiera se pueden generar problemas de liquidez en la institución financiera, lo que a su vez puede producir la necesidad que la propia institución intermediadora solicite créditos a otras instituciones y, con ello se afecte la estabilidad del propio sistema financiero (efecto domino), generando dificultades en el flujo de créditos para la economía.  

Además, refiere que el delito de captación habitual no autorizada de recursos del público es de peligro abstracto y permanente, cuyo contenido de injusto no radica en la mera desobediencia administrativa, sino en su idoneidad para poner en peligro el normal desarrollo del sistema financiero, por la realización incontrolada e ilegal de actividades de intermediación financiera. 

Ahora, la sentencia impugnada presenta un defecto estructural de motivación en lo referente a la valoración de la prueba en su conjunto. Las versiones sobre los hechos, el valor probatorio atribuido a los medios de prueba y la conclusión a la que estos lleven deben necesariamente ser reevaluados y ha de efectuarse un análisis individual e integral.  

Lo cual corresponde la aplicación de los artículos 298, numeral 1, y 301, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Penales. Por lo tanto, es razonable anular la sentencia absolutoria y convocar a un nuevo juicio oral, precisa el presente documento. 

Por otro lado, cabe precisar que, la representante de la legalidad fundamentó el recurso de nulidad, que se formaron entidades asociativas dedicadas a recibir dinero del público, el cual era captado de distintas formas, haciendo una oferta atractiva de adquisición de un automóvil nuevo bajo el mecanismo de entregarlo en fases y mediante sorteos, con aportes mensuales o semanales que el llamado “asociado” entregaba, conforme así lo ha reconocido un conjunto de personas, lo que ha quedado plasmado en una serie de documentos obrante en autos. 

Es decir, los encausados recaudaban y administraban aportes sin contar ni tener autorización de la entidad pública competente (Conasev), conforme se acredita con los informes emitidos por dicha entidad, en los que se concluye que las asociaciones estarían operando en el mercado sin la autorización de funcionamiento, como empresas administradoras de fondos colectivos. 

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