Poder Judicial declara infundada tutela de derechos del empresario Zamir Villaverde investigado por lavado de activos

El Poder Judicial ha emitido una decisión en el caso del empresario Zamir Villaverde, quien se encuentra bajo investigación por presuntos pagos ilícitos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con el objetivo de asegurarse la adjudicación de la obra del Puente Tarata, ubicada en la región San Martín.

La titular del 10° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, ha dictaminado que la solicitud de tutela de derechos presentada por Villaverde carece de fundamentos. En su resolución, la jueza destacó que no se ha violado el principio de imputación y que, aunque Zamir Villaverde ha sido objeto de investigaciones previas por lavado de activos, estas no están relacionadas con el delito de corrupción en cuestión.

Las acusaciones contra Zamir Villaverde García se centran en la supuesta ejecución de “actos de transferencia, ocultamiento y posesión de fondos ilícitos” provenientes de las empresas Termirex S.A.C, Tableros y Puentes S.A Sucursal del Perú y HB Estructuras Metálicas S.A.S Sucursal del Perú. Se afirma que estos fondos fueron entregados con el propósito de que Villaverde intercediera ante Juan Silva, quien en ese momento era el ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Castillo, para asegurar la adjudicación de la mencionada obra pública.

Según la investigación, el empresario habría utilizado las estructuras organizacionales de empresas como Villaverde Company S.A.C, Mazavig S.A.C y Vigarza S.A.C, entre otras, para canalizar el dinero ilícito.

El Poder Judicial concluyó que no se han violado los derechos de Zamir Villaverde, ya que la hipótesis del Ministerio Público sugiere su implicación en actividades de lavado de activos como resultado de la manipulación en la adjudicación de licitaciones públicas convocadas por Provias Descentralizado.

Además, se señala que las investigaciones previas relacionadas con el empresario estuvieron vinculadas a delitos anteriores como usurpación, secuestro, extorsión, concusión y hurto.

Zamir Villaverde había cuestionado previamente la decisión del Ministerio Público de mantenerlo como investigado en este caso, argumentando que no tenía ninguna conexión con las empresas ni las personas involucradas en el proceso. Durante la audiencia judicial relacionada con la tutela de derechos, el empresario también destacó que el período de investigación abarcaba desde 2012 hasta 2020, y que solo tuvo conocimiento de la implicación de dos de los implicados, Bruno Pacheco y Luis Pasapera, a partir de 2021.