Pérez Arroyo: El Código Procesal Penal de 2004 por fin nos rige a todos los peruanos

Con el nuevo proceso penal, el Juez ya no investiga, quien investiga es el Fiscal y es él quien propone las líneas maestras de la la investigación criminal desde sus inicios

Por: Miguel Pérez/Artículo de opinión

Luego de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004, en Huaura, en 2006; hace 15 años, todo el Perú ya es tributario de un nuevo modelo de enjuiciamiento criminal.

El modelo acusatorio formal, mal llamado por algunos desinformados como “adversativo o adversarial”, en donde se reserva para el juez lógicas de intervención subsidiaria y oficiosa en temas específicos como el de la prueba de oficio, el sobreseimiento post-acusatorio o el de la desaprobación de acuerdos de colaboración; entre otros.

Es decir, viene cargado de dinámicas propias, de orden procesal, que convierte al modelo peruano, al igual que el chileno o el colombiano, como los más avanzados a nivel del derecho procesal iberoamericano. A tal punto que, según dicho de José María Asencio Mellado y Nicolás González Cuéllar Serrano, forman parte de los materiales legislativos de mayor consulta en las comisiones de la Reforma de la LECRIM española, de cara al siglo XXI.

Con el nuevo proceso penal, el Juez Penal deja de ser la estrella del proceso. Ya no investiga, quien investiga es el Fiscal y es él quien propone la investigación criminal desde sus inicios, pasando por la formalización o no de la investigación preparatoria y con el eventual requerimiento acusatorio o de sobreseimiento de la causa penal. Esto supone que el Fiscal debe estar premunido de conocimientos previos y necesarios sobre criminalística y perspicacia suficiente para descubrir el delito, incluso cuando este es inexistente, provocado o cuando se esté frente a una “puesta en escena criminal” que pretenda distraer las verdaderas líneas de esclarecimiento de los hechos, que no es ajeno en los tiempos que vivimos.

Esto repercute en todo el proceso penal -incluso antes de su formalización- es el Juez de la Investigación -preliminar o formal- quien previene de las peticiones de garantía en cuanto a interdicciones de arbitrariedad solicitadas por la parte pasiva del proceso -el investigado-.

Siendo así, es el Juez de la Investigación preparatoria quien también dirige la etapa intermedia, cuya estructura “bifronte” la caracteriza y mira hacia lo hecho -lo investigado- y por hacer -juicio oral-, con fines a un correcto saneamiento del proceso o su ampliación investigativa bajo premisas de interdicción de la impunidad, como lo señala el propio Título Preliminar del Código Procesal Penal.

El Juicio Oral termina siendo la etapa estelar del proceso. A cargo del Juez de juzgamiento (unipersonal o colegiado). No hay causa penal que no se someta al Juicio Oral, con todas las garantías, en donde la inmediación, la contradicción, la publicidad y la oralidad; son los rasgos definitorios de la producción de la prueba. A diferencia del modelo caduco de 1940, en que, por cuestiones de política criminal de eficacia, se crearon modelos de justicia criminal escrita y de única instancia investigativa y decisoria, llamada, así como los procesos sumarios. En este nuevo proceso penal, todo se somete al ámbito oral como exigencia político criminal de legitimación del proceso frente a la sociedad, vinculada claro está a la publicidad. Oralidad y publicidad entonces -salvo excepciones relativas a algunos delitos, sexuales, por ejemplo-, serán el denominador común de todos los procesos.

Este Código reconoce hasta 6 procesos especiales, entre los cuales son más conocidos el de colaboración eficaz y los procesos inmediatos los más famosos en los últimos tiempos. También hace suyo -en términos de regulación propia-, aunque no libre de modificaciones en los últimos años, a los famosos actos especiales de investigación como los “agentes encubiertos, agentes especiales, entregas vigiladas”, entre otros, que convierte a este Código como uno de los más ricos en criterios y avanzados en su naturaleza persecutoria del delito y de evitación de la impunidad.

Será tarea de todos los operadores de justicia, que lo que ocurra en Lima, sea el mejor ejemplo de aplicación de un modelo que por sí, no tiene sino aciertos y avances importantes, quedando en nuestras manos su éxito o su fracaso. Superando por cierto los errores de otras Cortes que en el Perú se han dado, y que forman parte ya de la historia del proceso penal peruano.

Finalmente sería mezquino no reconocer a quien fue en más del 80% de su elaboración, al padre de este modelo, en manos del ahora Juez Supremo César San Martín Castro, no en vano señalado como el más ilustre procesalista penal vivo del Perú y uno de los más importantes de Iberoamérica.

(*) El autor es Abogado y Criminólogo, Doctor en Derecho y Director General del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales (INPECCP) y del Centro de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales (CENALES).

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