Ministerio Público cuestiona nuevas funciones de la Policía Nacional en investigación de delitos

Ministerio Público cuestiona nuevas funciones de la Policía Nacional en investigación de delitos

La Fiscalía expresó su preocupación a través de un comunicado, anunciando la evaluación de acciones legales para salvaguardar el rol constitucional asignado al Ministerio Público.

La Junta de Fiscales Supremos emitió un pronunciamiento el miércoles 27 de diciembre en rechazo a una medida propuesta por el ministro del Interior, Víctor Torres. Este decreto legislativo busca modificar el Código Procesal Penal, concediendo a la Policía Nacional la potestad de investigar delitos de manera independiente y agilizar diligencias preliminares anteriormente bajo la jurisdicción de un fiscal.

La Fiscalía expresó su preocupación a través de un comunicado, anunciando la evaluación de acciones legales para salvaguardar el rol constitucional asignado al Ministerio Público. Un punto crítico destacado fue la falta de consulta al Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo antes de tomar estas decisiones. “El Ministerio Público, como titular de la acción penal, no fue convocado en ningún momento por el Poder Ejecutivo para expresar una opinión o adoptar una posición institucional al respecto”.

El comunicado subraya que, según la Constitución, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público. La Fiscalía reafirma su compromiso de seguir desempeñando su rol de acuerdo con la Carta Magna. Además, se enfatiza que este cambio normativo podría ser interpretado como un intento de socavar las funciones del Ministerio Público. “En la práctica, lo que se pretende es someter al Ministerio Público a los designios de la entidad que, en lugar de ello, debería brindarle su apoyo”.

La nueva medida facilita que la Policía Nacional asuma nuevas funciones de investigación criminal, permitiéndole realizar diligencias urgentes, recibir denuncias, practicar registros, retener personas por hasta cuatro horas, entre otros. El fiscal ve reducido su papel a convalidar las acciones policiales, recibiendo un acta al finalizar la intervención.

 

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