Miguel Pérez Arroyo denunció penalmente a funcionarios peruanos y españoles por graves delitos y actos violatorios en su agravio

Abogado fue víctima de una detención ilegal -por algunas horas- en septiembre del año pasado debido a una nota roja de interpol  la misma que contenía datos, hechos y fechas falsas

Por: Infolegal.pe

En dialogo con este portal de noticias, el destacado Abogado y criminólogo, dio a conocer que el pasado 22 de junio presentó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra quienes resulten responsables y, particularmente, contra cuatro funcionarios peruanos y españoles, implicados en los hechos que motivan su denuncia: el falseamiento de datos, hechos y fechas en relación a los motivos que en septiembre pasado motivaron su detención -por algunas horas- por parte de personal policial de inteligencia e interpol, quienes lo intervinieron en surco, debido a una nota roja de interpol. Dicha nota, conforme se acreditó a lo largo del proceso, contenía datos, hechos y fechas falseadas y que fueron puestas adrede, al parecer, para justificar dicha detención y dar una apariencia de derecho que finalmente el Poder Judicial detectó, descartándola y declarándola improcedente y con archivo definitivo en diciembre último, por parte; primero, del 46° Juzgado penal de Lima y luego por la misma Corte Suprema de la República del Perú, conforme Sentencia de 18 de diciembre de 2019.

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¿Cuándo ocurrieron los hechos que motivaron su intervención y detención -por algunas horas- en septiembre de 2019?

Aquellos hechos ocurrieron entre 1998 y 1999 y entre 2000 y 2002, hace más de 20 años. De hecho, mencionó el letrado, todo comenzó cuando un conjunto de ciudadanos peruanos, entre ellos incluso amigos de su antiguo barrio en el Callao y algunos  familiares de él, se negaron a pagar sus deudas contraídas a propósito del encargo previo de ser asesorados profesionalmente y conseguir emigrar legalmente a España, con visa y residencia de trabajo. Ello se consiguió, sin embargo, algunos de dichos emigrantes peruanos no quisieron pagar sus deudas, motivo por lo que Pérez Arroyo los demandó en Perú, en un juzgado civil del Callao. Como respuesta de su demanda, obtuvo denuncias penales por diversos delitos; falsedad documental, trafico de inmigrantes, entre otros. Una vez investigados los hechos, el Ministerio Público archivó las denuncias en dos instancias, alegando en uno de los documentos que “dichas denuncias no fueron sino estrategias de dichos deudores para no pagar sus obligaciones económicas contraídas” y que “el Abogado Pérez Arroyo había obrado conforme sus atribuciones profesionales”.  Estas resoluciones se dictaron, a nivel fiscal y judicial (en primera y segunda instancia), entre los años 2001, 2002, 2004 y 2019. Era obvio, sostuvo el letrado, que aquí operaba de pleno derecho, una cosa juzgada nacional e internacional, siendo que los motivos por los que fue favorecido con dichas decisiones fiscales y judiciales, establecieron en su momento, que dichos hechos eran “atípicos” y devenían de un tema eminentemente civil, de cobro de obligaciones económicas y de la resistencia de los deudores a pagar sus compromisos allegados con Pérez Arroyo, señaló el letrado.

¿La estrategia de estos ex clientes suyos fue denunciarlo tanto en Perú como en España para no pagar sus obligaciones contraídas legalmente?

Efectivamente. Es lo que establecieron las autoridades peruanas desde el año 2001. Ellos, lejos de aceptar la resolución judicial y fiscal, encontraron una forma eficaz para no pagar sus obligaciones: denunciaron esos mismos hechos en España, contando historias tremebundas motivando la apertura de procesos penales por sus dichos, solo fueron a lo más 4 o 5. Los demás simplemente se dejaron llevar por el efecto que consiguieron: no pagar. El hecho aquí se reducía a que dichos ciudadanos peruanos alegaban que las condiciones laborales que le fueron ofertadas en un documento denominado “oferta de contrato de trabajo”, no fueron cumplidas, en términos de montos de salario y condiciones de trabajo. No hubo jamás documentos falsos, sostuvo Pérez Arroyo. Cuando ellos decían, en relación con las ofertas de trabajo, que “eran falsas”, se referían a las condiciones de trabajo que contenían dichas ofertas de trabajo. Sin embargo, las condiciones de trabajo son realizadas por el empleador y no por el abogado, quien se limita a la asesoría y el proceso para la emigración legal laboral al país de destino, que en este caso era España. Este era el motivo que ellos, los deudores rebeldes, alegaban para no pagar los servicios profesionales de Pérez Arroyo; “no hay peor enemigo de un peruano que otro peruano, en el extranjero”, acotó el referido letrado.

Concretamente, precisó el letrado, producto de estas denuncias repetidas en Perú y en España, se abrieron tres procesos. Dos se archivaron definitivamente y el último se archivó dos veces -entre 2016 y 2018-, pero luego, extrañamente, y siguiendo interpretaciones más raras aún, se reabrió dicha investigación, luego de 18 años de los hechos, en 2018, a fines, precisamente, luego de haber asumido la defensa del expresidente Alberto Fujimori. Cree, por tanto, que en medio hubo motivaciones políticas de alcance internacional.

¿Cuáles fueron las falsedades e irregularidades que encontró Ud. en la tramitación de la referida nota roja?

En la nota roja, se consignaron hechos, datos y fechas falsas. El más grosero fue el referido a cuándo ocurrieron los hechos. En la nota roja aparecía el año 2008, cuando dicho año el referido letrado permaneció todo el tiempo en Perú y no viajó siquiera fuera del país. Así lo acreditó, en su momento, con su movimiento migratorio. Contrario a dicha fecha falseada, el año que ocurrieron los hechos fue entre 1998 y 1999 y, concretamente, entre 2000 y 2002.

Existen sentencias definitivas de corte intermedio en Perú que le dan la razón, sin embargo, ¿la Corte Suprema, como ha resuelto este caso?

Todos esto que he dicho respecto de los hechos, fueron reconocidos en la Sentencia Suprema de tipo consultivo (decisión consultiva), de la Corte Suprema de la República, de fecha 18 de diciembre de 2019. En ella, una vez desarrollado el proceso conforme el procedimiento legal, se resolvió el archivo definitivo del procedimiento extraditorio por motivos de forma (España jamás formalizó ningún pedido contra el letrado , incluso, anuló las requisitoria internacional en su contra cuatro días luego de ocurrida la detención) y de fondo (los hechos son atípicos para la justicia peruana -conforme resoluciones pasadas desde el 2001-, existe cosa juzgada y opera de pleno derecho la prescripción), todo lo cual es  absolutamente definitivo y sin posibilidad de reexamen. En ella se dejó en claro motivos de cosa juzgada y atipicidad, fundamentalmente, en beneficio del referido letrado, conforme acredita con copia de dicha resolución. Era obvio, conforme trasciende de dicha resolución de la Corte Suprema, que cualquier tipo de procedimiento por estos mismos hechos, jamás tendrían resultados perjudiciales para los derechos del referido de Pérez Arroyo, de hecho, se archivaron definitivamente, concluyó.

¿Cuál cree usted que fue el motivo para que se consignaran datos falsos en ese instrumento público internacional?

Pareciera ser, por tanto, que estos hechos -tal y como sucedieron en septiembre de 2019-, tuvieron como único propósito, el perjuicio reputacional, sentenció el letrado, y perjudicar con ello a los patrocinados que en esos tiempos llevaba, muchos de corte mediático y político, alguno de ellos incómodo para ciertas personas con mucho poder y el propio gobierno. De haber consignado la fecha real, en la documentación internacional, jamás se hubiera procedido a ninguna intervención en su contra, sostuvo. Los que realizaron la intervención sabían que estaban actuando de modo ilegal y arbitrario, pero seguían órdenes. Dicha intervención fue inusualmente cubierta casi en directo por varios medios de comunicación, fue vergonzoso ver agentes de la Policía, adscritos de la unidad de inteligencia de la PNP y a los propios agentes de interpol, tomando fotos gravando videos para luego ser repartidas a varios medios. Sin embargo, a las pocas horas, cuando terminó aquella experiencia negativa, la cubierta mediática fue bastante pobre.

El proceso en España, ¿ya se archivó también?

Actualmente, el procedimiento en España, que se detuvo en la etapa intermedia, debería archivarse también de modo definitivo. Se ha solicitado ya su archivo por reconocimiento recíproco de una cosa juzgada internacional, dado que operan los tres motivos: mismos sujetos, mismos hechos e igual derecho (delitos denunciados y archivados en su beneficio en Perú). Mejor aún, remarcó, todos los supuestos agraviados son peruanos, los hechos surgieron de las relaciones personales del letrado en Perú, y el imputado es peruano, en este caso, opera también la aplicación de la ley peruana, conforme lo cita el artículo 2.4) del Código Penal, sentenció. Para estos efectos, el letrado mencionó que ya personó a cuatro letrados y tres procuradores que llevan actualmente adelante este tema, y no se detendrán ante nada para lograr los objetivos pues son de absoluta justicia. Uno de ellos, mencionó, es el director del observatorio de criminalidad europea e internacional de la Universidad de Castilla La Mancha y Catedrático, Profesor y Abogado, Nicolás González – Cuéllar Serrano.  Los otros tres, del despacho “Ruescas y Vicente Lledó”, con quienes, en su momento, compartió actividad profesional conjunta dada que también es Abogado, colegiado, en España, acotó el letrado.

“Actualmente, también en España, se ha emprendido una campaña legal para el reconocimiento internacional de las sentencias recaídas en Perú, como se ha dicho antes, y; sobre todo, se está procediendo, también, en denunciar penalmente a quienes resulten responsables por estos hechos, por si la justicia penal peruana o española se inhiba de procesar a uno u otro por motivos de nacionalidad, función o territorio”; aclaró Pérez Arroyo. Agregó finalmente que “son cuatro funcionarios implicados, tres españoles -del Ministerio Fiscal y el Poder Judicial- y uno peruano”, lo que será sujeto a investigación preliminar.  A su vez, espera que la denuncia penal interpuesta en Perú, desde junio, se admita a trámite, pronto, para descubrir a los verdaderos responsables de estos hechos en su agravio y que lo único que consiguieron, fue un daño reputacional del cual se vio perjudicado en su momento.

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