Martín Vizcarra ¿Candidato al Congreso de la República 2021?  

Las aparentes razones de su “degrade”: de “cura a sacristán”. En busca de la inmunidad de proceso y de detención 

Por: Miguel Pérez Arroyo / opinión (*)

Este último domingo, en su edición acostumbrada de Latina, el expresidente vacado Martín Vizcarra, dio una entrevista en vivo a Mónica Delta. En ella mencionó que:

“estaba evaluando postular al Congreso de la República por un partido político para las elecciones 2021”, bajo la premisa que “sus propuestas serían las cuestiones muchas que quedaron inconclusas en su gobierno como el de la eliminación de la inmunidad parlamentaria”. Ello, desde una perspectiva de reforma de la Constitución y otras reformas que dice “espera alcanzar”, en la medida que postule y salga elegido.  

La Ley, en este caso no se ha puesto en el escenario que “hábilmente” el expresidente quiere manipular. Como sabemos, el congreso anterior prohibió la reelección inmediata de congresistas -modificando la Constitución-. En su caso, no ha sido congresista, sino presidente de la República. Tampoco quiere o pretende postular al cargo de presidente de la República, prohibido también por Ley. Quiere, habiendo sido presidente de la República, postular a congresista de la República. Por tanto ¿Podría postular? Este es un típico caso en que la Ley no se ha puesto en el caso concreto que la realidad ahora nos golpea como un reto interpretativo.

Nunca, en ningún escenario, un expresidente de la República hubiera querido postular a Congresista de la República. Se cumpliría el dicho de “Cura a Sacristán”.  Peor aún, el haber sido presidente de la República le confiere todos los beneficios vitalicios que las de un Congresista, según ley, menos uno: el de la inmunidad. ¿Ese es el verdadero propósito del expresidente vacado? ¿Su inmunidad? ¿Su blindaje de cara a los muchos procesos que se han reiniciado y los que le podrían llevar, al menos uno, a una condena penal a cárcel efectiva? 

Analicemos. En su caso, dado que no existe, al parecer una norma específica que le impida postular de expresidente a Congresista de la República, ¿lo podría hacer sin problema legal alguno, postular, a dicho poder del Estado?

Para esto debemos tener en claro los alcances de la Ley Nro. 26859 -Ley de elecciones- que establece en su artículo 113° los tiempos para que una serie de “altos funcionarios del Estado” (ministros de Estado, Defensor del pueblo, etc), todos “altos funcionarios del Estado”, deban dejar el cargo que venían ejerciendo, antes del día de las elecciones. Ese plazo es de 6 meses, ese plazo se venció el 12 de octubre de 2020.  Por su parte, la resolución N°0331-2020-JNE, establece en sus artículos 3° y 4°, la práctica homologación -en cuanto estatus y plazo no menor a 6 meses de separación del “alto cargo de función en el Estado”-, de “los gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, etc.”, con aquellos otros “altos funcionarios” que señala el artículo 113° de la Ley de Elecciones, lo cual, como repetimos, en términos prácticos tienen el mismo tratamiento.

El presidente de la República no puede sino tener el mismo tratamiento, en cuanto al plazo de su renuncia al cargo. Es también un “alto funcionario” que, incluso, comparte en términos de homologación de beneficios de “aforo constitucional” con dichos otros “altos funcionarios” ya señalados por la Ley de Elecciones, conforme lo señala el artículo 99° de la Constitución Política del Estado. No hay forma de entenderlo de otro modo. 

Ciertamente, en medio de todos los cargos funcionariales no está el del “presidentes de la República”, porque jamás, el legislador, se puso en esa situación “degradativa” de ejercer el cargo público: de “Cura a Sacristán”. Por lo que la interpretación única, posible y razonable es la que la que ya hemos señalado: que la propia norma antes citadas (Ley 26859 y Res. 0331-2020-JNE), en referencia al estatus de “alto funcionario”, le es común a todos los que nombra y por extensión funcionarial -dinámica interpretativa-, al del presidente de la República. Y es claro, absolutamente claro, que el de “presidente de la República” es un alto funcionario del Estado”, tanto como lo son los que la propia norma enumera entres sus casos típicos.  Este, como hemos dicho, no es un caso típico, pero se subsume dentro de los alcances normativos y de prohibición en razón a los plazos vencidos:

el expresidente Vizcarra fue vacado el 9 de noviembre, por “permanente incapacidad moral”. Los plazos en su caso ya estaban vencidos, antes de su separación del cargo el 9 de noviembre. Peor aún, la norma habla de “renuncia” (voluntaria), no “vacancia” (compulsiva – obligada), con lo que aquí se presenta otro impedimento para su postulación a cualquiera de los cargos que se derivan de la convocatoria al proceso electoral 2021.  Si se inscribe como candidato, deberá ser rechazada dicha postulación, o excluido, en su momento, por el JNE.  

Lo último mencionado nos lleva al siguiente escenario, si el Congreso vacó válidamente, por “permanente incapacidad moral” para el ejercicio del cargo a Vizcarra Cornejo, esa calificación habilitadora para la vacancia, ¿se extingue a los pocos días, semanas o meses? No es una “temporal” incapacidad moral. El título de su vacancia fue por “permanente incapacidad moral”,

y ella no caduca ni se extingue, mucho menos en tiempos breves, peor cuando subsisten los hechos por los que fue vacado y tampoco por el hecho que ahora pretenda postular al Congreso de la República; institución a la que no se cansó de ningunear y enfrentársele por obtener de ello réditos políticos en pro de obtener de las calles las simpatías que todos conocemos

Debemos recordar, en este sentido, que dicho proceso de vacancia fue legitimado últimamente por el TC, por el hecho de la sustracción de la materia con que resolvió una pretensión competencial del ejecutivo contra el accionar del parlamento. Ello por abstracción jurídica y presunción de legalidad. El TC podía avocarse a discutir lo contrario, sobre la aplicación extensiva de las normas sobre demandas de inconstitucionalidad, pero no lo hizo. Por mayoría o por unanimidad. No lo hizo. Y eso deja inmune dicho proceso, con todas las presunciones legales venidas al caso y con el título de “incapacidad moral permanente” a un ex funcionario del Estado que hoy por hoy está siendo investigado y procesado, en múltiples casos, por graves delitos contra la administración pública contra los cuales no tiene, en la mayoría de ellos, inmunidad alguna (sucedieron antes del ejercicio presidencial entre 2018 y 2020); y, en los que tiene, la acusación constitucional en su contra, este Congreso o el nuevo, no tendría obstáculo alguno en cuanto se realice, en votar a favor. Congreso al que ahora pretende ingresar.

No resulta claro ni de recibo, entonces, la legalidad de la pretensión del expresidente Vizcarra, que “antes fue cura y ahora quiere hacer de Sacristán”, en una institución a la que antes se enfrentó y ahora pretende ingresar. El motivo, aparentemente, no son sino el de la inmunidad. Esa a la que antes atacó y que ahora, en su nombre, quiere gozar de ella.  Salvo mejor parecer.

(*) El autor es Magister y Doctor en Criminología y Derecho por universidades europeas. Ha sido profesor de diversas Universidades públicas y privadas. Actualmente en la UNMSM. Ex Magistrado (s) del Poder Judicial y funcionario del Estado en el Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público.  Es Director General de INPECCP/ CENALES.

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