Las prisiones en espera

Por: César Azabache Caracciolo (*) / Artículo de opinión

El Congreso desaprobó la noche del 16 el dictamen de la Comisión de Justicia preparado para acelerar al menos en algo algunos de los procedimientos judiciales destinados a excarcelar internos.

Más allá del desagrado que puede provocar la discusión, debería haber quedado ya claro para todos que el hacinamiento en las cárceles es una bomba de tiempo en una escalada de las cifras de contagio como la que registra el país. En contra de las fantasías que pueden alojar algunos detractores por impulso, el peligro de contagio desde las cárceles no se resuelve simplemente cerrando las prisiones y declarando que dentro de ellas se hará “todo lo posible” por evitar una tragedia. Todo lo posible es menos que poco cuando la población recluida sobrepasa en el 100% la capacidad de albergue de estos lugares. La puerta cerradas, además, no serán jamás capaces de mantener recluido a un virus que es capaz de viajar por los cuerpos y ropas de los empleados penitenciarios, los profesionales de la salud y los agentes de seguridad.

No sin esfuerzo el Ejecutivo propuso al Congreso hace ya la algunos días un proyecto de ley para liberar a personas no condenadas que estuvieran en las cárceles por delitos leves. En el proyecto la excarcelación de estos internos debía hacerse de plano, sin más debate ni trámite. El mismo proyecto intentaba revisar situaciones algo más complejas caso por caso; convertir condenas de hasta mediana gravedad en servicios comunitarios y mantener fuera de estos beneficios una lista importante de delitos muy serios.

El judicial propuso algunos ajustes: procedimientos abreviados para quienes estuvieran bajo prisión preventiva, pero caso por caso, basados en el tiempo de reclusión, limitados por una lista clara de exclusiones y respetando el derecho de la fiscalía y del Inpe de excluir a personas especialmente peligrosas. El proyecto, menos flexible para las presiones preventivas, aumentaba la flexibilidad cuando se trataba de condenados a prisión por 8 años o que hubieran cumplido 8 años por delitos no exceptuados y permitía liberaciones por razones médicas confirmadas incluso dentro de sus exclusiones.

La propuesta que entró al pleno ya se había distanciado de la dos originales. La Comisión de Justicia del Congreso estiró la lista de exclusiones tanto que el alcance de las revisiones de casos de personas en cárcel sin condena se había reducido al mínimo y las alternativas para condenados habían quedado circunscritas a personas contagiadas o en riesgo inminente de contagio.

De primer mirada, a decir de los expertos en cifras penitenciarias, el alcance de una medida recortada así no tenía manera de llegar ni siquiera a los 5 mil Internos. Si consideramos que la cifra mínima considerada al principio de los debates era de 15 mil y que el total de población en exceso excede los 59 mil Internos, la medida desestimada por el pleno, hay que decirlo, ya estaba muy lejos de lograr un impacto real sobre el hacinamiento en las cárceles.

Pero ni siquiera asi pudo obtenerse el respaldo de la mayoría. Incluso con este ajuste “hacia abajo”, el pleno desestimó la propuesta.

Evidentemente para este Congreso es más importante, en plena cuarentena, autorizar que los taxis reciban más de dos pasajeros para destinos diversos, en violacion absoluta de las reglas de distanciamiento social obligatorio, que hacerse cargo de la situación de al menos parte de 36 mil ciudadanos y ciudadanas que están en las prisiones sin condena. Y esto sin hablar del derecho a un ambiente mínimamente libre de hacinamiento de los 61 mil condenados y condenadas que habitan cárceles construidas para 40 mil personas.

Habrá sin duda quien intente comparar la situación de los presos con la situación de quienes viven en pobreza. Alguien dirá que no tiene sentido proteger personas privadas de libertad en un momento en que no es posible ni siquiera proteger eficientemente a quienes están libres. Pero esta es una enorme trampa semántica. Lo que el Congreso acaba de hacer es mostrarnos cuánto le importan la minorías, los desposeídos de cualquier condición. Esto no es un “primero los que están en libertad”. Esto es la expresión de un absoluto vaciamiento moral instalado en el espacio encargado de producir las leyes del país.

En estas condiciones el margen de maniobra que queda para empujar algún programa posible para enfrentar el hacinamiento en las cárceles se reduce drásticamente. La señal que lanza el Congreso desestimulará sin duda a jueces y a juezas, y desestimará a los fiscales. Era ya conservador pensar en liberal 15 mil personas cuando el exceso en los penales rebasa en mucho las 50 mil. Pero después de esta desestimación hará falta un enorme impulso desde el judicial y desde el Ministerio Público para empujar medidas parciales que solo podrán ser adoptadas con los corsés de los procedimientos regulares, que requieren audiencias caso por caso.

Sin embargo es lo que tenemos. Toca activar intensivamente los protocolos que algunos días atrás aprobaron la Fiscalía y el judicial para comenzar a revisar casos de oficio, diría más bien de urgencia. El Ministerio de Justicia ofreció además que los abogados de oficio podrían sumar en estos procesos. Habrá que tomarle la palabra en esto, y en la oferta de 3 mil indultos. En las actuales condiciones una campaña de aceleración por emergencia de los procedimientos ordinarios puede convertirse en la única puerta de salida.

El debate no cierra aquí. Pero estamos perdiendo demasiado tiempo. Y el tiempo perdido jamás retorna.

(*) El autor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex Procurador anticorrupción adjunto. 

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