La elección del Tribunal Constitucional: nunca fue más política que ahora

Por: Miguel Pérez Arroyo / Artículo de opinión

Desde hace un par de días se vienen moviendo las fuerzas políticas en el Congreso, particularmente de los partidos calificados como de derechas y centro derechas, en razón de su pretensión, ahora sí, de elegir a los 6 miembros del Tribunal Constitucional, elección que en el 2020 fue dejada en suspenso, primero, y luego prácticamente descartada, bajo el argumento que “este Congreso no ofrecía las garantías de elegir a los tribunos más indicados y mejor preparados sino privilegiar a ciertas personas afines a posturas populistas”. Y lo que era peor, que “este Congreso no podía elegir a los nuevos miembros del TC dado que éste había vacado “inconstitucionalmente” al expresidente Vizcarra y había perdido legitimidad democrática”. Todo ello, impulsado, especialmente, por la bancada morada.

¿Qué ha pasado entonces, ahora, 5 meses después del retiro de los miembros de la comisión especial y la parálisis de dicha comisión para que representantes de varias bancadas, especialmente la del partido morado, estén impulsando que este Congreso debería, en tiempo récord, nombrar a los nuevos miembros del TC? ¿Los motivos que antes alegaron para justificar su petardeo a la comisión especial, han desaparecido? o es que de pronto se dieron cuenta que una de las funciones principales del Congreso de la República es, precisamente, nombrar a los miembros del TC, ¿en una elección eminentemente política?, o que, ¿es su elección política la que defenderá al Estado peruano de intromisiones también políticas frente a amenazas por ellos concebidas peores que las que antes enfrentaron?

Simple y en corto. Las opciones políticas de derechas, aquellas que veían la forma y no el fondo, aquellos que veían en una postura de apoyo a las grandes mayorías, una forma negativa de hacer política, tildándolas de “populistas”, han perdido en las pasadas elecciones. El pueblo las hizo añicos. Han perdido al punto que el nuevo Congreso, de mayoría -aunque relativa- de izquierda, irá por un cambio más radical y más apegado a las grandes mayorías, a las que éstos -los partidos tradicionales de derecha- siempre utilizaron para sus logros políticos, pero que nunca atendieron en sus grandes y urgentes necesidades: salud, educación, economía y seguridad. Volcar cualquier política en favor de ellos, era simplemente “populista” y el pueblo se pronunció, mayoritariamente, el 11 de abril, dándole la primera mayoría a un partido de izquierda, uno que va más allá que PODEMOS, FREPAP y UPP (partidos de izquierda moderados), los cuales impulsaron leyes formalmente inconstitucionales -a su criterio-, que dieron sostén e impulso a la vacancia presidencial -del que fue en su momento el presidente Martín Vizcarra, recientemente inhabilitado sin pena ni gloria-, o que apoyaron y empujaron la investigación a los organismos reguladores del Estado en sus diversas manifestaciones omisivas de sus verdaderas funciones de tutela al modelo social de mercado (y que siempre pasaron por alto), privilegiando opciones liberales y de competencia monopólica, oligopólica y contra los intereses de los consumidores peruanos que, en plena pandemia, llegaron a pagar millonarias cifras a las clínicas o precios exorbitantes a las cadenas de farmacias bajo posesión -en un 83%- a un solo grupo empresarial. El modelo así concebido, el actual, ha perdido y debe ser cambiado. Es la opción que ganó en las urnas.

Todas esas formas de tratar de revertir dichas afrentas a las funciones institucionales, en pro de los intereses sociales, que el modelo era capaz de defender, fueron desechadas por el anterior y actual Ejecutivo y el propio Tribunal Constitucional, haciendo aparecer a dichos partidos (los de izquierda moderada), como unos partidos de quinta categoría, a los cuales no valía la pena siquiera en apoyar políticamente ni menos electoralmente. Y eso fue lo que ocurrió. En su lugar prefirieron apoyar a opciones más radicales, unas de derecha y otras de izquierda, ambas con un denominador común, el radicalismo en sus propuestas. Una por dejar las cosas como están, acentuando una “mano dura” contra los “insumisos al sistema”; una “democradura”, así denominada por la candidata Keiko Fujimori (dejando en pie con esta afirmación lo que en los noventa se denominó también “dictablanda” o “democradura” como definición política del régimen de su padre). Y otra,  la de Pedro Castillo, de cambio y viraje social y colectivo hacia la izquierda, volcado a los intereses populares y con voluntad de cambiar las reglas de juego si éstas no le son favorables a sus propósitos.

En una entrevista realizada a mi persona, a propósito de las elecciones pasadas, manifesté que, opciones intra sistema como las observadas por el Ejecutivo y el propio Tribunal Constitucional, contra posturas y soluciones de corte popular, pero democráticas, al fin y al cabo, podía significar un abono hacia posturas más radicales, de izquierdas. Si eso no queríamos, entonces debíamos leer la realidad de otra manera. Un modo que satisfaga a todos los actores sociales, el principal, un pueblo que día a día pierde a un hijo, a un hermano, a un padre, a un amigo. En medio de la peor crisis social de los últimos 200 años, que se debía entender mejor las necesidades de un pueblo con hambre, sin trabajo y con muchas frustraciones, producto de una ficticia y artificial economía estable que para ellos significa solo discriminación y pobreza.

Ya sabemos lo que pasó. El Ejecutivo le dio la espalda al pueblo. Los partidos tradicionales le dieron la espalda al pueblo. El TC le dio la espalda al pueblo. Y hoy el pueblo se ha manifestado colocando al sistema que los viene asesinando con su indiferencia, en el filo del abismo.  Es por eso que ahora, visto lo visto, y toda vez que no consiguieron colocar a sus gendarmes, a sus vigías, a sus alfiles en pro de la defensa de un sistema que no le hizo bien, sino solo a un 15% de la población nacional, buscan protegerlo con la elección, ahora, de inmediato, de un Tribunal Constitucional acorde con sus intereses y en defensa de lo que ellos consideran “correcto”.

Con esto se dan cuenta, ahora, que la elección de un Tribunal Constitucional no es una elección eminentemente jurídica, sino más bien política. Que la función de un Tribunal Constitucional trasunta a la mera interpretación suprema de la Constitución, sino que en ella se cobijan todas las concepciones políticas que hace que una Constitución sea la Ley de Leyes y que, por encima de ella, de sus dogmas políticos y estructurales, no pueden subsistir interpretaciones contrarias. Y quienes las interpretan son hombres y mujeres, cada uno con un universo de complejos culturales, ideológicos y de interpretaciones respecto de lo que es correcto y lo que no. Así, una norma, una demanda de amparo, o competencial, puede ser conforme a la Constitución no porque “por naturaleza” lo sea, sino porque los miembros del Tribunal Constitucional, unos de derecha, otros de izquierda y otros de centro, así lo “interpretan” y por la mera existencia de una norma o el hecho jurídico puesto a conocimiento del Tribunal Constitucional. Las leyes están hechas de gramática y ésta se construye con palabras y conceptos que dependen de quien las lee, las contempla y las proyecta en un haz de posibilidades que solo la capacidad argumentativa puede poner límites.

Ante la posibilidad de una victoria del partido de izquierda, en donde el Tribunal Constitucional, en cuanto a sus miembros, será reconfigurado por completo, no conviene al actual sistema que ello ocurra. Es una posibilidad la victoria de la izquierda, por tanto conviene, al establishment que dicho cambio llegue ahora, con las actuales reglas y las actuales formas de elegir, propias del actual sistema. Así tendrán un Tribunal Constitucional vigía de sus intereses, que defiendan un modelo que ya las urnas han rechazado y que, peor peor aún, ya existe un Congreso elegido aunque aún no juramentado. No conviene a los intereses de las grandes mayorías que una opción de renovación ahora prospere. Lo contrario sería ilegítimo y supondría una burla a lo que el pueblo ha determinado en las urnas. Un resultado que los defensores del sistema actual no calcularon como posible, aunque fueron causa del hartazgo de todos.

Nunca como ahora, la renovación del TC  fue más política. Y fue lo que siempre, desde la derecha, recusaban y rechazaban, disfrazando esta realidad con “meritocracia” que ahora, ni aún así, les conviene.

(*) El autor es Magister y Doctor en Criminología y Derecho por universidades europeas. Ha sido profesor de diversas Universidades públicas y privadas, entre ellas: PUCP, USMP, UNMSM, entre otras. Ex Magistrado (s) del Poder Judicial y funcionario del Estado en el Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público.  Es Director General de INPECCP/ CENALES.

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