La crisis no acaba en el Poder Judicial y el Ministerio Público: retiran del cargo al coordinador del gabinete de asesores del presidente del Poder Judicial, Luis Alberto Pacheco Mandujano

Editorial

Por: Infolegal.pe

A la suspensión de tres magistrados supremos, dos del Ministerio Público y uno del Poder Judicial, y otras por venir, se suma la del cese del abogado  Pacheco Mandujano quien se desempeñaba como coordinador del gabinete de gobierno del Poder Judicial, incluso, con programa propio por la señal pública -que pagamos todos los peruanos- de “Justicia TV”. 

En efecto, la crisis desatada en julio de 2018 relativo a la existencia de una presunta organización criminal enquistada en los pasillos de la Corte Suprema y el Ministerio Público, de la cual formaban parte varios magistrados supremos quienes a su vez mantenían aparentes vínculos con ex consejeros del extinto CNM, no ha parado hasta la actualidad y sigue llevándose al encuentro a varios más,  de aquellos funcionarios de primer nivel que pisaban nubes de la realidad y vivían entre adulaciones y doctorados honoris causa, a granel.   

La semana pasada fueron tres magistrados los que fueron suspendidos de sus funciones en el Poder Judicial y el Ministerio Público; uno del Poder Judicial y dos del Ministerio Público. Precisamente, uno de ellos, Pedro Chavarri, fue conectado estos días con una noticia que tuvo como epicentro su gestión y a un ex funcionario de su periplo como Fiscal de la Nación, en la Escuela del Ministerio Público: Luis Alberto Pacheco Mandujano.  Ciertamente, el cargo del que fue “cesado” no tenía nada que ver, ahora, con el Ministerio Público, sino con el Poder Judicial, el otro bastión del poder corrupto, puesto así en evidencia por los “audios de la vergüenza” de julio de 2018.  

Luis Pacheco Mandujano, un desconocido para el orbe universitario, cobró relevancia con unos audios en donde se escuchaba a Pedro Chavarri y José Hinostroza, intercambiar opiniones sobre cómo sobrellevar su aparente separación del cargo de Director Académico de la AMAG, al que llegó luego de haber ocupado el de director de la Escuela del Ministerio Público en la gestión de José Antonio Peláez y, puesto interinamente –por unos meses-, en la gestión de Pablo Sánchez.  Una vez fuera de ella, su apego a los cargos públicos fue llevándole de la mano de Ernesto Lechuga en los diversos puestos que éste podía desempeñar. El penúltimo, en la AMAG; y el último, en el Poder Judicial, como coordinador del Gabinete de Asesores de la presidencia de la Corte Suprema.  

El punto de quiebre y causa de su separación del cargo que ocupaba en el Poder  Judicial fue sin duda su cerrada defensa a Pedro Chavarri, al que tildó de “víctima” de los medios de comunicación quienes en una suerte de “satanización” informada y echando mano de un discurso criminológico social referido a la “criminología mediática”, pretendió defender en su presunción de inocencia y en las pocas garantías que existían para su investigación y eventual juzgamiento: “debe ser un Poder Judicial imparcial”, se escuchó en los audios hechos público por un programa dominical, en una intervención suya en el Colegio de Abogados de Arequipa, en octubre de 2019.  

Ciertas o no, las imputaciones formuladas a Pedro Chavarri   -como las formuladas también contra el suspendido Fiscal Supremo Tomás Gálvez-, lo que no parece correcto, a la luz de los hechos, es que él representaba, con su opinión y su presencia –en el evento en Arequipa-, a la gestión del presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros. Su estatus de funcionario con privilegios, no le permitía siquiera opinar sobre algo que estaba en giro, menos tildar presuntivamente al poder judicial –donde él laboraba- como “no imparcial” y  a Pedro Chavarri como víctima de “los medios”, relativizando con ello el carácter objetivo de la administración de justicia. Peor aún en temas tan emblemáticos como el de “los cuellos blancos”.  

Con esto queda demostrado la enorme necesidad que tiene el Estado, representado por sus diversos poderes, de gestionar adecuadamente la contratación y nombramiento de todos y cada uno de sus funcionarios representativos y del más alto nivel. Ningún peregrino de cualquier profesión puede hacerse de un cargo de confianza, normalmente vinculado en el Perú, a criterios de clientelismo y amiguismo, y usar el poder para darse a conocer bajo el paraguas del cargo y con el peligro que su opinión, envilecida por el poder, pueda causar estragos en los titulares de dichos poderes y que éstos al final opten, como siempre, por deshacerse de quien antes fueron sus más fieles servidores.   

A estas alturas, estas lecciones son las que abundan, aunque haya de los que menos quieren aun aprender.  

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