Juez Supremo insta en aprobar proyecto que reduciría de 4 años a 3 meses la duración de los procesos laborales

La aprobación reciente por parte del Congreso del proyecto del Código Procesal del Trabajo, presentado recientemente por el Poder Judicial, promete reducir de manera significativa la duración de los procesos laborales en el Perú. Según el juez supremo Gino Yangali Iparraguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, esta iniciativa podría acortar los tiempos de resolución de casos de hasta cuatro años, según la ley actual, a tan solo tres meses.

Yangali Iparraguirre destacó que la actual Ley 29497 ha logrado reducir la duración de los procesos laborales a entre tres y cuatro años, pero aún se hace necesario un cambio más radical para garantizar una justicia rápida y efectiva. El magistrado subrayó que la promulgación de este nuevo código podría agilizar los procesos monitorios a tres o cuatro meses, y los procesos ordinarios, con audiencia única, a un máximo de un año.

El proyecto de ley, explicó Yangali Iparraguirre, se basa en principios como la inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y se ha añadido el principio de simplicidad. Este último busca simplificar los procesos para que sean comprensibles para todos los ciudadanos, sin necesidad de una formación jurídica específica.

Además, el proyecto contempla la creación de tres nuevos procesos: el proceso monitorio, de derechos fundamentales y de conflictos de derechos homogéneos. Estos cambios, según el magistrado, mejorarán el servicio de administración de justicia en el país y beneficiarán tanto a trabajadores como empleadores, lo que también podría tener un impacto positivo en la economía nacional.

Por último, Yangali Iparraguirre instó al Congreso a aprobar este proyecto de ley, destacando que no representará costos adicionales para el Estado y proporcionará a los jueces las herramientas necesarias para servir mejor a la población. Enfatizó que lo que se necesita ahora es decisión política por parte de los legisladores y el Ejecutivo para hacer realidad estos cambios y mejorar el sistema judicial del país.