Juez condena a un año y ocho meses a mujer por resistirse a la autoridad durante el Estado de Emergencia

 

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, a cargo del magistrado Valery Raúl Romero Palacios condenó a un año ocho meses de prisión a Gabriela Verastegui Paredes, al encontrarse responsable del delito de violencia contra la autoridad durante el Estado de Emergencia.

La audiencia de incoación de proceso inmediato se realizó hoy vía WhatsApp en sala de audiencia contigua por el estado de Emergencia Nacional a causa del Coronavirus.

El órgano jurisdiccional ordenó también el pago como reparación civil de S/. 2000 mil en favor del Estado.

Los hechos que motivaron la imposición de la sanción ocurrieron el 21 de marzo alrededor de la 1:10 p.m., cuando la imputada fue intervenida por la agente policial Leydi Jazmín Silva Barturen al conducir su vehículo; y está de manera prepotente y alterada no presento ningún salvoconducto de tránsito, según las investigaciones.

Según el Ministerio Público, la procesada ante las circunstancias mencionadas se le ordenó dirigirse a la Comisaria de Pro en los Olivos, en compañía de la oficial PNP; quien lejos de conducir hacía la dependencia policial, y de manera apresurada, se dirigió hacia el frontis de su domicilio ubicado en la Urb. San Diego en San Martín de Porres.

Ante los hechos mencionados, Gabriela Verastegui se detuvo intempestivamente para ingresar a su domicilio, hecho que fue impedido por la técnica superior, quien resultó agredida al ser empujada tras las rejas del domicilio de la procesada; quien mediante lenguaje soez reitero expresiones como ‘Mi papá es un superior que conoce a todos en la comisaria de Pro y con muchos contactos’, según el acta intervención policial.

Cabe señalar que el Decreto Supremo Nro. 044-2020-PCM, cuyo artículo 1, dispone el aislamiento social obligatorio, cuarentena, a causa del brote del Coronavirus (COVID-19), que afectan la vida de la nación; y en consecuencia se estaría infringiendo las medidas dispuestas por el gobierno, ante el Estado de Emergencia Nacional.

La sentencia condenatoria anticipada, bajo el principio del consenso, donde la fiscalía, la investigada y su defensa técnica, propusieron la pena y reparación civil, que fue aprobada por el magistrado de la Corte de Lima Norte.

Además, recalcó, que en este caso se valoró la conducta de arrepentimiento de la investigada, su voluntad de resarcir el daño causado y en atención a que no existen antecedentes penales, ya que es un sujeto primario para la comisión del ilícito.

 

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