Juez Concepción Carhuancho, repuso 41 días de plazo de impedimento de salida a Gerardo Sepúlveda

Por: Isabella Bustamante/Infolegal.pe

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial la reposición de 41 días de la orden de impedimento de salida del país que se dictó contra el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, investigado por el caso Interoceánica, indicando que debido al estado de emergencia nacional, el Ministerio Público y el Equipo Especial Lava Jato no pudo realizar diligencias relacionadas al caso.

La medida de impedimento de salida del país, dictada a fines de febrero, finalizaba el 24 de abril, siendo que la solicitud fue remitida por correo electrónico al Primer Juzgado de Investigación preparatoria, que despacha el juez Concepción Carhuancho, el 21 de abril del presente año y fue suscrita por la fiscal adjunta Elvia Caro Izquierdo.

El juez a cargo estableció en su resolución que la petición fiscal cumplió con los requisitos de la norma y precisó que ante los cambios suscitados por el COVID-19, la ampliación procede, indicando que va a regir desde el 27 de abril y vencerá el 7 de junio de 2020 resolviendo fundado la reposición de plazo de 41 días.

Como se sabe, la medida de impedimento de salida contra Gerardo Sepúlveda, se dictó el 25 de febrero y debía finalizar el 24 de abril. EL objetivo de dicho impedimento de salida era la realización de diligencias varias entre las que estaba el hecho de la toma de declaración en calidad de testigo del referido ciudadano chileno. Lo que extraña a cualquiera es que si tanto la petición fiscal como la resolución judicial establecen que el motivo fundamental de la petición de reposición es la imposibilidad de haber completado las diligencias en el plazo regular. Lo que no explica ninguna de ambas es porque razón, desde que se dictó la medida, el 25 de febrero hasta el 15 de marzo, fecha que se dictó el estado de emergencia, no se practicó ni una sola de las diligencias que debían realizarse.

Al parecer, las autoridades judiciales y fiscales, sobre todo la primera, desconocen los alcances del viejo principio romano: “non venire contra factum propium”, el mismo que establece que no se puede alegar actos propios para perjudicar a terceros. Esto es, si bien es cierto se reconoce por todos que el escenario de emergencia sanitaria por el COVID-19 es un hecho fortuito que nadie lo tenia previsto, en modo alguno no lo es el hecho que el Ministerio Público, una vez conseguida la medida limitativa de derechos en contra de Sepúlveda, no haya hecho absolutamente nada durante un plazo de prácticamente de casi un mes. Siendo esto así, la mayor carga ante hechos de esta naturaleza, no se pueden cargar frente al particular que desde ya tiene una posición desmejorada frente al Estado quien mas debe cargar con los efectos de dichos hechos fotuitos. Peor aun si en un plazo bastante amplios hubo inacción procesal por parte de quien se benefició de la medida limitativa de derechos.
Aquí la resolución en comento.

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resolución

Fuente: Percy García Cavero /abogado del investigado

 

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