Investigan al Ministro de Educación por presuntos actos de corrupción
Por Infolegal.pe
El Ministro de Educación Carlos Gallardo viene siendo investigado por el Ministerio Público en razón a una posible filtración de Prueba Única de Nombramiento de Docentes 2021 ante posibles actos de corrupción en el proceso del examen. Y es que, en razón a ello, la Fiscalía inició diligencias de incautación de documentos para esclarecer las denuncias que se han venido generando toda vez que habría existido irregularidad en el proceso de evaluación de nombramiento.
El Fiscal Reynaldo Abia, titular del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada Anticorrupción, a efectos de profundizar la investigación que se viene siguiendo, requirió correos electrónicos y otros archivos digitales, –todo ello vinculado al proceso de evaluación-, a los servidores del sector para recabar información y que sea utilizada para sustentar su teoría del caso.
Además, de ello, el Ministerio Público llegó hasta la sede del MINEDU para recabar documentación y archivos relacionados al examen a fin de dar con los posibles responsables de los actos de corrupción. Es más, requirió la lista de los nombres de aquellos funcionarios y servidores quienes tuvieron acceso a todas las etapas de preparación de dicho examen.
Finalmente, es importante señalar y recordar que la incautación, a solicitud del propio Fiscal ante la judicatura, lo efectuará ante situaciones donde el propietario, poseedor, administrador u otros, se negare a entregar o exhibir un bien que constituya cuerpo del delito y de las cosas que se relacionen con él o que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados [véase el artículo 218° inciso 1) del Código Procesal Penal].
Asimismo, indicamos que en uno de los supuestos regulados en el inciso 2) del referido articulado, faculta a la Policía Nacional del Perú que, ante situación de flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, no necesitará autorización por parte del Ministerio Público ni orden judicial que la respalde.
