“Hay que determinar la conducta del poder durante los sucesos de protesta y violencia”
Experto penalista, Miguel Pérez Arroyo, considera que el concepto de ‘autoría mediata’ no alcanza a presidenta Dina Boluarte.
“En los eventos de diciembre-enero puede haber un asunto de asesinato; eso es innegable porque han fallecido más de 60 peruanos, pero de ahí a considerar lesa humanidad y genocidio, hay una tremenda distancia. Primero tenemos que analizar lo que se conoce como ‘la conducta del poder’”, señaló el abogado Miguel Pérez Arroyo, durante una entrevista ofrecida a Radio Programas del Perú.
En el caso de los años noventa, con Alberto Fujimori, ocurrió algo muy distinto a lo que estamos viviendo. En ese momento hubo sistematicidad porque existieron tres o cuatro eventos claramente definidos, La Cantuta entre ellos, y la conducta de quien tenía el mando fue propositiva con relación a la impunidad, explicó.
“Se pretendió obtener impunidad porque estas personas fueron absueltas por el Fuero Militar y fue el ejercicio del poder quien generó esa impunidad. Por eso la Sala Especial de la Corte Suprema determinó la sentencia contra Alberto Fujimori, entre otros”, detalló Pérez Arroyo.
En esta oportunidad, añadió, los acontecimientos tuvieron un solo evento: el golpe del siete de diciembre. ¿Dónde está la sistematicidad? ¿Cuáles son los eventos sucedáneos?, se preguntó.
Por otro lado, el experto sostuvo que es imprescindible conocer quiénes fueron las personas que participaron de estos asesinatos, quiénes ordenaron los operativos y si hubo legítima defensa. “De ahí los desbordes de mando y comando y finalmente llegar a la señora presidenta como jefa de las Fuerzas Armadas, pero me parece que la investigación no se está construyendo como debe ser”, indicó.
La investigación penal es un conjunto de métodos que se utilizan para llegar a conocer la verdad. Si los deudos no encuentran justicia en el Perú, pueden acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el estado peruano tiene la obligación de desarrollar los procesos legales para determinar qué sucedió y quiénes intervinieron, concluyó.