Gutiérrez Pebe, ex integrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura – CNM sale en libertad
Infolegal
Por: Isabella Bustamante/Infolegal.pe
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró infundado el pedido de apelación para ampliar doce meses más la prisión preventiva contra el exconsejero Julio Gutiérrez Pebe, quien es investigado por el delito de cohecho pasivo propio.
Asimismo, teniendo en cuenta Gutiérrez Pebe, es una persona que cuenta con mas de 60 años de edad, sufre de diabetes tipo II y otros problemas de salud, se encuentra entre la población con alto riesgo de tener complicaciones, lo cual lo hace vulnerable al COVID-19.
Los jueces indican que en los centros penitenciarios ya se han presentado contagios de Covid-19 por la sobrepoblación en los penales, por lo que el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha invocado a todos los Estados a reducir el número de detenidos.
Respecto a los argumentos señalados por la Fiscalía, la Sala Penal Especial indica que no encuentra que la libertad de Gutiérrez Pebe ponga en peligro las investigaciones y que no existen especiales dificultades atribuibles al investigado para prorrogar su detención.
Finalizando, el colegiado presidido por la jueza suprema Elvia Barrios impuso al exintegrante del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, la medida de comparecencia “hasta que concluya el proceso”, por lo que deberá pagar una caución económica de 30.000 soles, un impedimento de salida del país y la no comunicación con otros investigados o testigos de su caso: Los Cuellos Blancos del Puerto.
Como se advierte de la resolución en cuestión, en lo sustancial, la invocación de los Derechos Humanos, por lo que considero que lo resuelto se encuentra debidamente argumentado y fundamentado. Sin embargo, es menester puntualizar, que hay muchos casos como el de ahora favorecido, que se encuentran privados de su libertad, la interrogante surge, si es que el Poder Judicial, dentro de su autonomía, de oficio y en aras del derecho humanitario, podría impulsar la variación de las medidas coercitivas, tanto mas, si sus magistrados se encuentran investidos de la facultad de aplicar en justicia estos cambios.
