¿Golpe a los magistrados supremos?
EDITORIAL
Este fin de semana diversos medios capitalinos dieron cuenta de noticias importantes en relación a algunos jueces y fiscales supremos de la República. El primero, la suspensión de las entrevistas a Pablo Sánchez Velarde, Elvia Barios Alvarado y Juan Arévalo; este último voceado candidato a presidir la Corte Suprema a partir de enero de 2023, y con las elecciones a supremos muy próximas.
Como es de recordar, estos tres magistrados tienen en común un informe de destitución por supuestos actos de indisciplina funcional que es considerado por expertos como un “acto de amedrentamiento” y “hostilidad”.
A eso se suma el enfrentamiento que tiene un sector del Ministerio Público (Pablo Sánchez y Rafael Vela), contra el juez supremo César San Martín por su avocamiento e inhibición infundada en el conocimiento de algunos casos, los cuales -al entender de la Fiscalía- son contrarios a una “recta administración de justicia”, por existir dudas de imparcialidad: caso Ollanta Humala y caso Cócteles, y lo que trascienda en términos reflejos a partir de ellos.
Todos estos condimentos, a la sazón de la propia conducta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Una institución que, en teoría, nació como remedio al escándalo de corrupción del más alto nivel en el ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y que, al parecer, se deja presionar por algunos sectores mediáticos.
Esos actores que, ya sabemos, se venden como imparciales pero tienen sus propios intereses y buscan siempre favorecer a unos en perjuicio de otros; a la par de un Poder Ejecutivo que, por más deteriorado que esté, no le quita el sueño los ataques a quienes han llamado una “dictadura judicial y fiscal”. Esto es, unos jueces incómodos para el ejercicio del poder y el modo y forma como ellos quieren ejercerlo: autoritario y sin escrúpulos.
El juego parece claro, se presiona desde la prensa, se trabaja con “revelaciones noticiosas” antiguas y refritos mediáticos con la intención de moldear una “reacción institucional moralizadora” de una JNJ que no tiene carácter ni el tesón suficiente, dejándose manejar por las tribunas y peor, por quien comanda la hinchada más bulliciosa.
Así, interviene como lo hace para atemorizar al Poder Judicial y el Ministerio Público, en un juego propio, con sus propias reglas -todas ellas con previsión legal y constitucional-, en busca de una “aprobación ciudadana” que les es negada, sobre todo luego de última intervención directa en la elección de fiscales supremos, e indirecta en la de la Fiscalía de la Nación.
La amenaza que se presenta ahora es su intervención en la elección del nuevo presidente del Poder Judicial, quitándose de en medio a quienes han tenido una posición más clara con la sujeción del estado general de las cosas a la ley y la Constitución: los jueces y fiscales y supremos en cuestión; particularmente Pablo Sánchez y César San Martín.
Con una diferencia clara, a uno se le suspende su proceso de ratificación y al otro se la lleva adelante, con el peligro que encierra una politización -otra vez- del órgano constitucional llamado a nombrar y ratificar jueces y fiscales a nivel nacional, otrora moda en el exCNM, en donde todo era parte del juego político de turno.
De hecho, en torno a San Martín se ha dicho en un programa dominical, con información vertida al parecer desde la propia Fiscalía y procuraduría, que su labor como juez en un caso emblemático (Ollanta Humala), resultaría “sospechosa” dada su vinculación nominal en la famosa agenda y por grabaciones, dadas conocer convenientemente a solo dos días de su entrevista personal ante la JNJ.
Lo cierto es que esos temas ya fueron absueltos y resueltos en el año 2012, tras sendas investigaciones, también nacidas de reportes periodísticos y ventiladas en el exCNM, estableciéndose que fue en un contexto de “rueda de reuniones” con los candidatos que podían ser los posibles ganadores de la segunda vuelta electoral de 2011: Ollanta Humala y Keiko Fujimori.
No hay más explicación. Lo demás resulta un refrito mediático en búsqueda de una reacción política que buscaría presionar a la JNJ a una respuesta no ratificatoria al juez San Martín en contra peso con una suspensión del proceso de ratificación a Arévalo, Barrios y el propio Pablo Sánchez. Ellos no pasarán, de momento, su ratificación.
Demasiadas sospechas para un país que vive, valga la redundancia, de las sospechas, y que aún no se acostumbra a la grosería de lo evidente. Estaremos atentos a lo que suceda.
