Gaseoducto Sur Peruano: las idas y venidas

El presidente Ollanta Humala, suscribió el contrato por un plazo de 34 años y una estimación monetaria de más de 7 mil millones de dólares.

Por: Andrea Chavesta

 

Hace dos meses que el caso del Gaseoducto Sur Peruano volvió a ser tema de conversación de nuestra clase política y en la ciudadanía, tras la demanda de la firma brasileña Odebrecht, investigada por corrupción de funcionarios en nuestro país.

De qué se trata este mega obra anunciada con bombos y platillos por Ollanta Humala y que hoy está a punto de llevarlo a prisión junto a su esposa Nadine Heredia. Un resumen desde sus inicios, la anulación del contrato y la reciente demanda de la trasnacional brasileña.

¿Qué fue el Gaseoducto Sur Peruano?

Con la necesidad de transportar gas natural en el sur del Perú, el gobierno de Ollanta Humala tenía en mente la realización de un proyecto unificador de 1212 km de extensión. Su recorrido iniciaría en Camisea, Cusco, y llegaría hasta Moquegua.

Por ello, en 2014, esta iniciativa da su primer paso con el anuncio de la realización de un concurso público programado para el 30 de junio de ese año.

¿Qué empresas se presentaron al concurso?

Al concurso público para obtener la licitación del proyecto gasífero se presentaron tres postores: Energy Transfer, Gasoducto Sur Peruano (Odebrecht y Enagás) y Gasoducto Peruano del Sur (GDF Suez, Sempra, Techint y TGI).

No obstante, aquí empezarían los problemas. Alejandro Segret, representante del consorcio Gasoducto Peruano del Sur, denunció que el consorcio fue descalificado antes del tiempo establecido.

¿Qué fue lo que pasó? GDF Suez, empresa francesa que integraba el antes mencionado consorcio, pidió un cambio en cuanto a las acciones de la asociación, debido a que estas habían decaído en su país natal.

Esta situación obligó a subsanar este cambio frente a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), pero esto no sucedió, y la entidad que lideraba en ese entonces, Edgard Ramírez, los sacó del juego sin darles tiempo de presentar su descargo.

De inmediato ProInversión se pronunció ante estos cuestionamientos alegando que se llegó a esta decisión, luego de consultar con expertos legales quienes le dijeron que las observaciones eran “insubsanables”.

En consecuencia, Odebrecht, la española Enagás y Graña y Montero se adjudicaron la construcción y operación del gasoducto.

Eleodoro Mayorga, ministro de Energía y Minas de la época, felicitó la elección del consorcio que lideraba Odebrecht.

Un dato no menos importante, se refiere al monto ofrecido por ambas asociaciones. Gasoducto Sur Peruano, el consorcio ganador, ofreció 7 328 605.11 millones de dólares; mientras que el descalificado Gasoducto Peruano del Sur ofrecía solo 200 millones de dólares.

Firma del contrato

El 23 de julio de 2014, casi un mes del concurso público, Ollanta Humala, entonces presidente del Perú, suscribió el contrato del Gasoducto Sur Peruano por un plazo de 34 años y una estimación monetaria de más de 7000 millones de dólares.

Escándalo Lava jato y anulación del contrato

En diciembre del año 2016, Jorge Simoes Barata, exgerente general de Odebrecht en el Perú, confesó frente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que la constructora brasileña había realizado pagos de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, entre ellos el Perú, para ganar licitaciones de obras públicas.

Exrpresentante de Odebrecht confirmó intromisión de Nadine Heredia.

Los pagos ilícitos a funcionarios peruanos ascienden a 29 millones de dólares entre los años 2005 y 2014.

Tras este escándalo, Odebrecht terminó truncando su participación a causa de la baja en sus finanzas. La construcción del proyecto ya estaba en un 10.7%. Pese a ello, la obra se paralizó.

Meses después de las revelaciones, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski decidió ponerle fin al contrato en febrero de 2017 con la cancelación del contrato.

Demandas por cancelación

La cancelación del contrato, denominado ‘Clausula anticorrupción’, trajo una serie de denuncias al estado peruano.

La primera llegó en julio de 2018 con Enagás, frente el CIADI, la empresa española tenía el 25% de las acciones del proyecto. Es decir, recuperar sus 511 millones de dólares invertidos.

Un año y medio después, en diciembre de 2019, Graña y Montero, dueño del 20 % de las acciones, también presentó una demanda. Pero se retractó a una semana y la retiro.

Finalmente, el 5 de febrero de este año, Odebrecht no se quedó atrás y demandó ante la CIADI por la anulación del proyecto. La firma brasileña está solicitando 1200 millones de dólares de indemnización.

Esta demanda traía más de una sorpresa, pues trascendió que el exministro Juan Carlos Liu, de Energía y Minas, se había reunido con representantes de Odebrecht para informar las pretensiones de demandar al estado peruano. Esta cita se dio con intermediación del exprocurador Jorge Ramírez, quien fue destituido en menos de 48 horas.

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Personajes implicados

Nadine Heredia: la ex primera dama de la nación ha sido incluida en las investigaciones por haber fungido como ‘funcionaria de facto’. El Ministerio Público la señala como presunto miembro de una organización criminal junto a su esposo, mientras se desempeñaban como la pareja presidencial. Así lo confirmaron, José y Hernando Graña, exdirectivos de Graña y Montero; quienes agregaron que la pareja Humala-Heredia interfirieron en el proceso de licitación del Gasoducto Sur peruano.

Por ello, el último lunes, la fiscal Geovanna Mori, integrante del Equipo Especial Lava Jato, solicitó 36 meses de prisión preventiva contra la ex primera dama.

Mori, que lleva a cabo las indagaciones, ha incluido a otros 30 investigados, entre ellos, el exministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga; el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio.

Ambos exfuncionarios también se encuentran dentro del pedido de prisión, ya que se sospecha que pertenecerían al nivel dos de la estructura de la supuesta organización criminal que se integró para favorecer a la constructora Odebrecht.

 

 

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