El derecho a la intimidad genética según el TC

El derecho a la intimidad genética según el TC

 

Por: Infolegal.pe

Se trata de  una investigación en sede fiscal por los delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica, el fiscal dispuso la realización de una prueba de ADN sobre el investigado Juan Manuel Gallardo Huamán y otros. Con la finalidad de determinar si el occiso Fernando Gallardo Quiñónez y otros familiares, entre ellos a su madre Doña Crispina Huamán Aguirre, era o no el padre del investigado, para comprobar que no había entre ellos relación biológica paterno-filial,  dado que se habría incurrido en delito de falsedad al haber sido este inscrito como hijo biológico del fallecido.

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXPEDIENTE N° 05312-2011-PA/TC, HUÁNUCO

en Lima, a los 21 días del mes de julio de 2014, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Miranda Canales, Sardón de Taboada y Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente sentencia, con el fundamento de voto de los magistrados Ledesma Narváez y Sardón de Taboada que se agrega. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Juan Antonio Jara Gallardo, José Francisco Jara Gallardo y Juan Manuel Gallardo Huamán contra la resolución de fojas 374, su fecha 8 de noviembre de 2011, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES  

Con fecha 12 de enero del 2010, los recurrentes interponen demanda de amparo contra la Segunda fiscalía provincial Penal de Huánuco y el procurador público del Ministerio Público, solicitando que se dejen sin efecto las muestras tornadas a los occisos Fernando Gallardo Quiñónez y Marcos Gallardo Tinco, ordenadas en la Investigación Preliminar N° 149-2009. 

Sostienen que en la investigación seguida contra Juan Manuel Gallardo Huamán y José Francisco Jara Gallardo por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica, en agravio de Edwing Alberto Gallardo, se ha ordenado realizar pruebas de ADN a los fallecidos Fernando Gallardo Quiñónez y Marcos Gallardo Tinco así como al recurrente [Juan Manuel Gallardo Huamán] y a su madre, doña Crispina Huamán Aguirre, con el fin de demostrar la paternidad biológica del occiso Fernando Gallardo Quiñónez respecto de su hijo, Juan Manuel Gallardo Huamán, y de esa manera determinar si en la inscripción de la partida de nacimiento se incurrió (o no) en el delito de falsedad genérica o ideológica. 

Señalan que el fiscal demandado carece de facultades para disponer el estudio de la paternidad biológica y que tampoco ha tenido en cuenta que el recurrente Juan Manuel Gallardo Huamán fue debidamente inscrito como hijo de don Fernando Gallardo Quiñónez. Por otro lado, indican que en su calidad de descendientes directos no se les ha solicitado autorización alguna para la exhumación del cadáver de su abuelo don Fernando Gallardo Quiñónez, y que tampoco se les ha notificado de la diligencia de exhumación de cadáveres, situación que pone en duda la veracidad de las muestras tomadas. Considera que todo ello afecta sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la intimidad personal y familiar, pues se han publicado tales hechos en un diario de circulación regional. 

El procurador público del Ministerio Público contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, argumentando que las actuaciones ordenadas por el fiscal demandado constituyen actividades legítimas que el Ministerio Público puede mandar realizar en el marco de sus competencias, y que no afectan el debido proceso. 

El juez del Segundo Juzgado Mixto de Huánuco, mediante resolución de fecha 18 de agosto del 2011, declara improcedente la demanda por considerar que las diligencias se han efectuado con el objetivo de identificar y recoger los elementos materiales que podrán convertirse en prueba, no evidenciándose la existencia de algún elemento subjetivo que no guarde relación con el sustento materia de análisis. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, mediante resolución de fecha 8 de noviembre del 2011, revoca la apelada y declaró infundada la demanda por considerar que la labor del fiscal fue realizada conforme a la Constitución. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio  

I El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la toma de muestras de los occisos Fernando Gallardo Quiñónes y Marcos Gallardo Lineo realizada con fecha 28 de diciembre de 2009, así como la orden de toma de muestras de ADN de Juan Manuel Gallardo Huamán, dispuestas en la Investigación Preliminar N° 149-2009. Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la dignidad de la persona humana y a la intimidad personal y familiar. 

La afectación del derecho a la integridad física y derecho a la intimidad  

a) Argumentos de los demandantes

2. Sostienen los demandantes que en la investigación que se sigue contra Juan ManuelGallardoHuamán y José Francisco Jara Gallardo por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica, en agravio de Edwing Alberto Gallardo, el fiscal demandado ha ordenado realizar pruebas de ADN a los fallecidos Fernando Gallardo Quiñónez y Marcos Gallardo Tineo; así como a uno de los recurrentes, Juan Manuel Gallardo Huamán, y a su madre, doña Crispina Huamán Aguirre. El n de dichas pruebas, aducen, sería demostrar que el occiso Fernando Gallardo ñónez no sería el padre biológico de Juan Manuel Gallardo Huamán, y de esa lanera acreditar que se habría incurrido en el delito de falsedad genérica o ideológica al inscribirse su partida de nacimiento. 

3. Alegan que la inscripción de Juan ManuelGallardo Huáman como hijo de Fernando Gallardo Quiñónez se realizó por mandato judicial en el ario 1985 [Exp. N° 1355- 85] y que durante 24 arios nadie cuestionó nada, hasta el momento en que se presentó un problema de herencia con uno de sus familiares. A su juicio, la actuación fiscal vulnera la dignidad humana, pues con ello se afectaría “su forma de ser, su personalidad, su comportamiento social y la aceptación que éste tiene de la sociedad huanuqueña”, teniendo en cuenta que la medida es impertinente porque no sirve para probar la supuesta falsedad ideológica o genérica tras haber transcurrido 24 años, y porque el supuesto delito en todo caso habría prescrito. Igualmente, consideran que se ha violado su derecho a la intimidad, pues la realización de la prueba ha supuesto una exhumación y ésta se ha publicado en un diario de circulación regional, afectando la vida íntima de Juan Manuel Gallardo Huamán y la de su familia. Y consideran que se han violado sus derechos a la “legítima defensa” y al debido proceso porque no se ha pedido la autorización de Juan Manuel Gallardo Huamán para determinar la paternidad biológica mediante la prueba del ADN, ni existe mandato judicial que ordene la realización de dicha prueba; y por último porque la exhumación se llevó a cabo sin seguirse el procedimiento contemplado en la Ley 26298, Ley de Cementerios y Servicios Funerarios. 

b) Argumentos del demandado

4. El procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público argumenta que las exhumaciones ordenadas forman parte de la competencia del Ministerio Público y que estas se han dispuesto a fin de identificar y recoger elementos que podrían convertirse en pruebas para el mejor esclarecimiento del delito materia de investigación.

e) Consideraciones del Tribunal Constitucional

5. El Tribunal observa que diversos son los derechos cuya afectación se ha alegado: dignidad, debido proceso, defensa e intimidad personal y familiar. Observa también que la supuesta lesión de estos derechos fundamentales se ha atribuido a dos actos distintos. Por un lado, a la exhumación y tomas de muestras de ADN de los occisos Fernando Gallardo Quiñónez y Marcos Gallardo Tinco; y por otro, a la orden de tomarse muestras del ADN a Juan Manuel Gallardo Huamán.  

6.Con relación al primer acto cuestionado, los tres demandantes han alegado la 1violación de sus derechos a la dignidad, al debido proceso y a la intimidad familiar. En cambio, con relación al segundo acto, la reclamación sobre la afectación del derecho a la intimidad personal la realiza uno de los codemandantes, Juan Manuel Gallardo Huamán, a quien se ha ordenado someterse a la toma de muestra de ADN. 

7.Por lo que respecta al acto representado en la exhumación y tornas de muestra de ADN de los occisos FernandoGallardoQuiñónez y Marcos Gallardo Tinco, el Tribunal observa que los recurrentes argumentan que el cuestionamiento de su filiación ha generado comentarios en la sociedad huanuquefia [y, por tanto, que se ha afectado su dignidad]; no se siguió el procedimiento establecido en la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios [lo que afecta el derecho al debido proceso] y, finalmente que la exhumación fue de conocimiento público, al trascender su realización mediante un medio de comunicación social [lo que constituiría una intromisión en el derecho a la intimidad familiar]. En opinión, sin embargo, del Tribunal ninguna de estas objeciones tiene fundamento o asidero en términos constitucionales.

8. El Tribunal recuerda que la dignidad humana es un principio constitucional sobre el cual reposa todo el ordenamiento jurídico constitucional. Este, en su formulación básica, garantiza que los seres humanos seamos tratados como fines y no como medios. Es decir, garantiza al ser humano frente a toda acción u omisión orientada a cosificarlo o instrumentalizarlo. La acción que se cuestiona en el presente caso es ajena a este ámbito protegido del principio de dignidad humana. Su causa petendi tiene que ver más bien con una comprensión coloquial —no jurídico-constitucional— de lo que se entiende por la expresión “dignidad”, esto es, como referido a decoro, excelencia o realce, en este caso, del abolengo familiar.

9. Tampoco considera el Tribunal que se haya afectado el derecho al debido proceso porque no se haya cumplido el articulo 26 de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios en la exhumación de dos cadáveres. El Tribunal observa que dicho precepto legal contempla cuál es el órgano que debe autorizar la exhumación de un cadáver (la Autoridad de Salud) en los casos en los que su propósito seacremarlo, trasladarlo a otro recinto o establecimiento funerario (que puede ser nacional o extranjero) o simplemente con el propósito de transportarlo fuera del país, exigiéndose que para cualquiera de esos supuestos exista la petición previa de los deudos o una orden judicial. Ese no es el caso de la exhumación ordenada por el fiscal emplazado, que no tiene ninguno de los propósitos a los que se hace referencia en el artículo 26 de la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, de modo que esta disposición legislativa no resulta aplicable.

10. Finalmente, en relación con la supuesta afectación del derecho a la intimidad familiar, derivada del hecho de que la exhumación de dos cadáveres de familiares haya sido de conocimiento de terceros, el Tribunal recuerda que en la realización de este tipo de actividad no existe una expectativa legítima de que su concreción se efectúe en secreto o libre de la injerencia o conocimiento de terceros, entre otras razones, porque éste se efectúa precisamente por terceros —los médicos, peritos, sujetos procesales, etc.— por lo que también este extremo de la demanda debe rechazarse.  

11. Una situación completamente distinta se presenta con la orden de tomar muestras del ADN del recurrente, dictada mediante resoluciónN°729-2009-AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN FISCAL, de fecha 11 de noviembre de 2009 [f. 109], la misma que ha sido declarada en reserva mediante resolución N° 184-2010, de fecha I de marzo de 2010 [E 145], hasta que no se resuelva este proceso de amparo. Tomar una muestra del ADN del investigado sin su consentimiento constituye una intervención sobre dos derechos fundamentales. Por un lado, sobre el derecho a la integridad personal y, por el otro sobre el derecho a la intimidad. 

Expediente-05312-2011-AA-TC-LP
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