El caso de los “Fiscales Supremos”

Tres incógnitas por despejar

Por: César Azabache/Artículo de opinión

El periodo anterior a la cuarentena estuvo fuertemente determinado por tres casos legales que impregnaron el quehacer político: Me refiero al caso Odebrecht, al caso de los llamados cuellos blancos y al caso de los fiscales supremos.

El caso de los cuellos blancos alcanzó forma definitiva cuando Walter Ríos decidió cooperar con la justicia en agosto del 2018. El caso Odebrecht tiene aún cosas por resolver, pero tiene un curso de acción ya definido. El caso de los fiscales supremos, en cambio, comienza recién a recorrer el camino de las que serán sus principales definiciones.

Creo para empezar que debemos diferenciar el caso de los fiscales supremos del caso de la mafia del Callao. El caso sobre los fiscales supremos comienza con esa investigación, eso es innegable. Y hay un capítulo entero de indagaciones que se refieren a los vínculos probables entre los fiscales supremos investigados y esa mafia. Pero no veo que el caso pueda comprenderse como una historia de pertenencia, incorporación o subordinación a la mafia de los llamados “cuellos blancos”. Creo más bien que es un caso de probables interferencias sistemáticas que desbordan el caso que dio origen a las investigaciones.

De hecho la primera interferencia que debe ser confirmada o descartada se refiere al caso de los cuellos blancos. Creo que es importante recordar que en el primer semestre del 2018 la mafia del Callao estaba siendo sometida a un procedimiento de escuchas que tendría que haberse sostenido hasta producir una intervención en flagrancia tan concluyente como la que se organizó en el caso de César Villanueva. Pero el caso abortó y tuvo que romper toda forma de reserva a partir de un ataque a las investigaciones que incluyó una filtración del procedimiento y un aviso a los personajes que estaban siendo grabados. Aún no tenemos detalles suficiente sobre esta interferencia. La gran intervención en flagrancia que probablemente se estaba preparando no encontró puerto y el caso fue lanzado a la opinión pública como estaba, en algunos casos con datos aún incipientes. Entonces viene la pregunta: ¿existen o no evidencias que muestren a alguno de los fiscales supremos actualmente cuestionados interfiriendo en la investigación original que se desarrollaba contra la mafia instalada en la Corte del Callao? Una posible interferencia no forma un caso de pertenencia a una organización criminal, pero puede formar el origen de una cadena muy fuerte de hechos que den forma a esta historia.

La segunda incógnita por despejar corresponde a la compleja escena de febrero de 2019, que contiene la violación al lacrado que se perpetró sobre una de las oficinas del entorno del Fiscal Chávarry. La oficina en cuestión había sido intervenida por el fiscal Pérez. Y lo que se hizo fue sustraer documentos que entonces no llegaron a sus manos. El evento por si mismo forma un caso sólido. Pero la cuestión a resolver se refiere al contenido de esas cajas. Que el fiscal Perez haya intervenido el lugar pone en evidencia que existe un testimonio que describe lo que ahí había. Probablemente ese testimonio ha sido mantenido en reserva porque la sustracción de esas cajas bloqueó su confirmación. Entonces quizá jamás sepamos de manera segura qué contenían las cajas que se retiraron de ese lugar. Pero aún así, aunque no se logre confirmar el contenido como se requiere para fines legales ¿el Ministerio revelará que esperaba encontrar antes de la sustracción?

La tercera incógnita a resolver corresponde a la investigación que el judicial acaba de reabrir contra el Fiscal Chávarry. Se trata del intento de remoción de los fiscales Vela y Pérez del equipo especial. Este es el caso más avanzado. Se suspendió en noviembre de 2019 cuando el Juez Nuñez declaró que una decisión como la tomada por el entonces Fiscal de la Nación en diciembre de 2018 no podía ser llevada a proceso como si fuera parte de la historia de un delito. Contradiciéndolo, la Sala Suprema de Apelaciones ha declarado hace sólo unos días básicamente que una decisión como esa puede (o no) ser parte de una historia delictiva. La cuestión a resolver en un caso de este tipo consiste en establecer si el evento ocurrió por una discrepancia objetiva entre los personajes de la historia u ocurrió por la intención de bloquear las investigaciones en curso. No se trata entonces, como entendió el juez Nuñez de discutir si la competencia del señor Chávarry como Fiscal de la Nación le permitía o no modificar la conformación del equipo especial. Se trata de establecer para qué lo hizo o, planteadas las cosas de otro modo, que significaba ese cambio en las circunstancias específicas en que se le quiso adoptar.

Este caso va a poner en debate en breve un pedido de suspensión del fiscal Chávarry que puede tener un enorme impacto institucional, en un momento en que la Junta Nacional de Justicia, que tiene en sus manos el caso sobre el procedimiento de ratificación del señor Chávarry, discute además la suspensión del fiscal Galvez.

El informe del Fiscal Sánchez debe ser entregado pronto y debe confirmar si estas incógnitas pueden despejarse o no, en un sentido o en el otro. Remarco que se trata de incógnitas a despejar porque es imposible negar que el fiscal Chávarry y los demás supremos a los que pueden alcanzar estas cuestiones tienen pleno derecho a defenderse. Lo que no puede seguir ocurriendo es que su defensa atraviese la actividad de la junta de fiscales supremos, el órgano de gobierno más importante del Ministerio Público, que en este instante más que gobernar está intentando subsistir en medio de un juego de intereses privados o de defensa personal que no deberíamos tolerar.

Los casos legales en discusión pueden entonces terminar de cualquier manera. Pero el gobierno del Ministerio Publico no puede seguir paralizado por estas interferencias.

(*) El autor es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex Procurador anticorrupción adjunto. 

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