Ejecutivo establece medidas para garantizar la transparencia y continuidad de la educación virtual en colegios privados

Por: Infolegal.pe

A raíz de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, el gobierno se vio en la necesidad de suspender las clases presenciales en colegios (públicos y privados), universidades y demás centros de estudio probablemente por todo el 2020.

Esto ha obligado a todas instituciones educativas a implementar nuevas medidas para poder realizar clases a distancia para que los estudiantes no pierdan el año escolar. Sin embargo, dichas medidas han traído una serie de quejas por parte de los padres de familia (especialmente de la educación básica regular) quienes aseguran que las clases virtuales implementadas no tienen la misma calidad que las presenciales. Varios, incluso, han pedido una disminución del 50% en el pago de las mensualidades porque no se brindan todos los servicios ofrecidos.

Ante esto, el Ejecutivo emitió el Decreto Legislativo N° 1476, para establecer las medidas que garanticen la transparencia y continuidad de la educación virtual en colegios privados.

Entre ellas, están el que haya transparencia en la información sobre las prestaciones que se brindaban de manera presencial y cuáles de estas ya no se darán en la educación virtual.

También el que se brinde la información sobre “el costo de cada una de las prestaciones incluidas en el pago de la cuota de matrícula y de las pensiones, desagregando aquellos conceptos que pueden ser brindados de manera no presencial y aquellos que no”.

Otra medida implementada es que haya una verdadera correspondencia entre el costo de las pensiones y los servicios brindados por las institución educativas privadas, con lo que estas no pueden cobrar por las prestaciones que se han dejado de brindar, así como por nuevos conceptos que no se encuentren vinculados con la prestación del servicio educativo no presencial.

Aquellos padres de familia que no estén de acuerdo con lo establecido por los colegios privados pueden resolver el contrato con el mismo, en cuyo caso la institución deberá devolver la cuota de matrícula, ingreso y pensiones canceladas, de manera proporcional al tiempo de permanencia del estudiante y descontando las deudas pendientes si las hubiera, en un plazo máximo de 30 días.

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