Demanda de Odebrecht debería servir para que el juzgado revise acuerdo de colaboración

Demanda de Odebrecht debería servir para que el juzgado revise acuerdo de colaboración

El penalista Carlos Caro y el exprocurador César Azabache analizan implicancias de la demanda presentada por constructora ante el CIADI

Frente a la demanda presentada por la empresa Odebrecht en contra del Perú ante al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), por el proyecto del Gaseoducto Sur Peruano (GSP) pidiendo US$1,200 millones de indemnización, surgieron dudas respecto a si esto afectaría el acuerdo de colaboración eficaz y las investigaciones que se siguen a exfuncionarios y políticos por presuntamente haber recibido coimas o dádivas de la constructora brasileña.

Para el penalista Carlos Caro, el acuerdo de colaboración está vigente y es cosa juzgada. Sin embargo, si bien lo resuelto en un lado no interfiere en lo otro, podría darse una conexión si la Fiscalía considera que se ha infringido el acuerdo. En cuyo caso podría plantear una revisión de este.

“La consecuencia que puede haber es que si Odebrecht miente en el arbitraje, los fiscales quieran revisar el acuerdo y en ese contexto revisarlo significa que pueden buscar quitarle los beneficios a la empresa porque está cambiando de versión”, indicó.

Por su parte, el exprocurador César Azabache sostuvo que la demanda se ha producido en el periodo de ejecución del acuerdo, de modo que lo que perturba es el proceso de cumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo.

“El acuerdo tiene dos partes, una se refiere a las cuestiones penales (pruebas y reconocimientos) y la otra a la reparación. El desequilibrio que produce este anuncio corresponde a este segundo componente. Existe una falta de equilibrio entre los S/. 610 millones de la reparación civil que Odebrecht va a pagar en 15 años y la liberación de S/.524 millones que el Estado le devolvió en un solo pago, dejando al acuerdo sin nada semejante a una garantía”, puntualizó.

El exprocurador también señaló que Odebrecht debió informar a las autoridades que estaba preparando esta demanda, al menos durante las audiencias de aprobación del acuerdo de colaboración.

“Estoy seguro que si lo hubiera informado, el resultado en monto, cronograma y garantías habría sido distinto. Ahora, si no renuncia a esta demanda, la Fiscalía va a tener que pedir que se revise, hacia adelante, las condiciones de la reparación. Ese cambio de condiciones debería incluir una renuncia expresa a cualquier pretensión pendiente de debate”, precisó.

César Azabache sostuvo que el Estado ahora debe exigir garantías seguras para el pago de la reparación civil, recordar o dejar sin efecto el cronograma y exigir la renuncia de Odebrecht a toda reclamación pendiente sobre los activos y derechos que aún tiene en su poder, “comenzando por revisar la forma de atacar los derechos que puedan derivarse de la inversión original o de parte de ella, efectivamente hecha con ocasión al proyecto GSP”.

César Azabache también recordó que las cuestiones económicas del acuerdo competen a la procuraduría, no a la fiscalía y que la línea de separación de competencias es muy clara al respecto. Por lo tanto, es la primera la que debió conseguir una renuncia a toda pretensión posterior. “Conseguir garantías y obtener más reparaciones (al menos por los daños causados por la filtración de fondos), son tareas que no deberían estar, pero siguen pendientes”, agregó.

¿Quién miente?
En julio de 2019, el coordinador Vela Barba declaró que Odebrecht había reconocido el pago de coimas en el Gaseoducto, es más, indicó que contaba con un acta firmada donde aceptaban su culpabilidad. Esto se contradice con la demanda presentada por la constructora, ya que varios expertos coinciden en que el CIADI no favorecería a una empresa corrupta.

Para Caro, el detalle está en que el gobierno peruano es el que debe demostrar que Odebrecht reconoció el pago de coimas, ya que una cosa es lo dicho por el fiscal coordinador y otra el texto de la declaración.

“Esa es la parte que habría que chequear porque los brasileños insisten en que solamente han aceptado pagos a particulares, nunca a funcionarios públicos. Entonces, hay una discrepancia, y eso no la va a resolver la Fiscalía, la tiene que resolver los jueces”, indicó.

En este sentido, el exprocurador Azabache, hizo énfasis en que el fiscal Vela Barba, al recibir el anuncio de la demanda, solicitó a la constructora precisar por escrito el alcance de su reconocimiento de responsabilidad, con lo cual se deduciría que el acta en poder de la Fiscalía no la tiene.

“La reacción parece muy apropiada, porque si Odebrecht confirma que, como él entiende, ha reconocido responsabilidad por eventos de corrupción entonces la demanda se cae. Pero, si el fiscal ha pedido estas precisiones entonces debemos deducir que el instrumento depositado en la fiscalía no la tiene”, manifestó.

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