Declaran no haber nulidad de sentencia absolutoria por violación sexual de menor

Sala Penal Permanente - Recurso de Nulidad 760-2020, Lima

Por: Infolegal.pe  

Sumilla: “Obligación de juzgar con perspectiva de género y prohibición de sustentar las decisiones judiciales en sesgos cognitivos” 

  1. Los operadores jurídicos, en la investigación y el juzgamiento de los delitos contra la libertad sexual, deben actuar y juzgar con perspectiva de género, según precisó este Tribunal en el Recurso de Nulidad número 398-2019/Lima Norte y la Casación número 851-2018/Puno. Carecen de sustento constitucional y convencional, y por lo tanto son arbitrarios, los argumentos por los cuales se juzga el actuar de la víctima. 
  2. Las juezas y los jueces de la República deben sustentar sus decisiones en razones normativas y fácticas, relevantes para el caso que analizan, esto es, considerando todas las normas que resulten aplicables al caso y valorando las pruebas de cargo y descargo actuadas en el proceso. Ello significa que no deben incurrir en vicios cognitivos, como son los sesgos de confirmación, de imposibilidad de ignorar evidencia inadmisible o de decisión secuencial, entre otros.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 

RECURSO DE NULIDAD  760-2020, LIMA 

 

 Lima, cinco de abril de dos mil veintiuno  

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el representante del Ministerio Público (folio 947) contra la sentencia del catorce de octubre de dos mil diecinueve (folio 928), por la cual la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió a Edgar Hugo Cheverier Aguilar de la acusación fiscal formulada en su contra, por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de edad, en perjuicio de la menor identificada con las iniciales D. E. Y. K. S.  

Intervino como ponente la señora jueza suprema CARBAJAL CHÁVEZ.  

CONSIDERANDO  

  1. Imputación fáctica y jurídica

Primero. Según la acusación fiscal (folio 340) y la requisitoria oral (folio 918): 

1.1 Edgar Hugo Cheverier Aguilar agredió sexualmente a la menor identificada con las iniciales D. E. Y. K. S. en el inmueble ubicado en el jirón Los Conquistadores 374 de la urbanización Las Lomas del distrito de La Molina hasta en cinco oportunidades, entre octubre de dos mil siete y abril de dos mil ocho, aprovechando que eran enamorados y cuando la menor tenía trece años de edad.  

1.2 Específicamente tenemos que, en octubre de dos mil siete, Edgar Hugo Cheverier Aguilar invitó a la presunta agraviada a su domicilio a una supuesta reunión de amigos; sin embargo, al llegar al inmueble, la menor se percató de que no había nadie y tampoco existía una reunión. Allí, el encausado cerró la puerta, le sirvió vino y le hizo beber aproximadamente tres vasos; después la llevó a su habitación, ubicada en el tercer piso del inmueble, donde la agredió sexualmente, a pesar de la negativa de la menor. Luego de consumado el delito, la dejó en su casa y la amenazó con hacerle daño y comentar lo ocurrido en la institución educativa donde ambos estudiaban. Estos hechos se repitieron hasta en cinco oportunidades, y la última vez ocurrió en abril de dos mil ocho.  

1.3 El representante del Ministerio Público tipificó estos hechos como delito de violación sexual de menor de edad, previsto en el inciso 2 del primer párrafo del artículo 173 del Código Penal (folio 346); por ello, solicitó que se condene a Edgar Hugo Cheverier Aguilar como autor del mencionado delito, se le impongan diez años de pena privativa de libertad1 —debido a que al momento de los hechos era sujeto de responsabilidad restringida— y se fije en S/ 1000 (mil soles) la reparación civil (folios 346 y 919).

II. Fundamentos de la entidad impugnante

Segundo. El representante del Ministerio Público, al fundamentar el recurso de nulidad propuesto (folio 947), solicitó que se anule la sentencia absolutoria y, en lo esencial2, señaló que el Colegiado Superior no efectuó una debida apreciación de los hechos ni valoró adecuadamente el material probatorio existente en el proceso, como es el caso de las declaraciones de la presunta menor agraviada, según lo expuesto en el Acuerdo Plenario número 1- 2011/CIJ-116, así como los exámenes psicológicos, las pruebas testimoniales, la partida de nacimiento de la menor y los certificados de exámenes médicos actuados.  

III. Fundamentos preliminares de este Tribunal  

Tercero. Las juezas y los jueces de la República deben sustentar sus decisiones en razones normativas y fácticas relevantes para cada caso, esto es, considerando todas las normas que resulten aplicables a los casos que conocen y valorando las pruebas de cargo y descargo actuadas en cada el proceso. Ello también significa que, en el razonamiento de sus decisiones, no deben incurrir en sesgos o heurísticas.  

3.1 En el marco de los postulados de Daniel Kahneman3, las heurísticas o los sesgos son “un procedimiento sencillo que nos ayuda a encontrar respuestas adecuadas, aunque a menudo imperfectas, a preguntas difíciles”4. Son un efecto psicológico que distorsiona o desvía nuestro juicio racional y objetivo, y ocasiona, tanto en las personas en general como en los jueces en particular, que las decisiones que adoptamos no sean las adecuadas.  

3.2 En palabras de Peer y Gamliel: Las heurísticas son atajos cognitivos, o reglas generales, mediante las cuales las personas [y, naturalmente, los jueces] generan juicios y toman decisiones sin tener que considerar toda la información relevante, confiando —en cambio— en un conjunto limitado de señales que ayudan a su toma de decisiones. Dichas heurísticas surgen debido al hecho de que tenemos recursos cognitivos y motivacionales limitados, y que debemos usarlos de manera eficiente para tomar decisiones cotidianas. Aunque tales heurísticas son, generalmente, adaptativas y contribuyen a nuestra vida diaria, la dependencia de una parte limitada de la información relevante a veces da como resultado sesgos sistemáticos y predecibles que conducen a decisiones subóptimas. 

 3.3 La doctrina nacional, en el marco del análisis del razonamiento de las decisiones de las juezas y los jueces de la República, advirtió la presencia de estos sesgos o heurísticas. Enrique Sotomayor Telles, por ejemplo, distingue sesgos en las audiencias, sesgos en el proceso de toma de decisiones y sesgos en el proceso de sentenciar6, y detalla, entre otros muchos, los siguientes: 

a. El sesgo de confirmación: en este caso se seleccionan la información y las pruebas de acuerdo con si corroboran las preconcepciones de quien juzga, en detrimento de las hipótesis contrarias. De esto modo, los jueces solo seleccionan la evidencia que confirme su hipótesis del caso y omiten aquella que sea incompatible con esta decisión. Un ejemplo de este tipo de sesgo se presenta cuando los operadores jurídicos, en el razonamiento de sus decisiones, solo citan y valoran las pruebas de la decisión que adoptaron previamente (evalúan únicamente las pruebas de cargo o únicamente las de descargo, es decir, solo valoran una parte de las pruebas actuadas) y no hacen ningún análisis de las otras pruebas (contrarias a la decisión que previamente adoptaron). Este razonamiento es claramente sesgado e irracional y, por lo tanto, carece de respaldo constitucional, pues también incurre en los vicios de motivación insuficiente y aparente.

b. La incapacidad de ignorar pruebas inadmisibles: este tipo de sesgo tiene que ver con la incapacidad de las juezas y los jueces de omitir el análisis y la valoración de la información o las pruebas inadmisibles, ilegales o prohibidas, pues antes de ignorarlas las revisan y con ello contaminan su razonamiento. Un ejemplo de este tipo de sesgo, que hace arbitrario el razonamiento judicial, se manifiesta cuando los operadores jurídicos analizan información que no fue válidamente incorporada a los procesos o valoran las pruebas de un juicio anulado o quebrado, entre muchos otros casos.

c. El sesgo de decisión secuencial: cuando los operadores jurídicos deciden un mismo tipo de caso de forma secuencial, durante un periodo de tiempo continuo (por ejemplo, una mañana), tienden a fallar más a favor de mantener el criterio o la decisión que vienen adoptando (continuar el statu quo de las cosas); por ejemplo, si durante toda una mañana dictan prisiones preventivas o emiten sentencias condenatorias por determinado delito, pueden incurrir en este sesgo y emitir decisiones en ese mismo sentido resolutivo (estimatorio de los pedidos de prisiones preventivas en el primer caso y sentencias condenatorias en el segundo caso), lo cual es claramente arbitrario. Como es obvio, cada caso es único, pues está revestido de sus propias particularidades fácticas y jurídicas, por lo que deben ser así analizados, con la única limitación de que los operadores jurídicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley de todos los justiciables, de modo que deben ser consecuentes con las interpretaciones que realizan de los hechos y las normas.

3.4 En otras palabras, los procesos de análisis de los casos, de adopción de decisiones y de argumentación de los fallos judiciales, por parte de las juezas y los jueces de la República, no deben incurrir en estas formas erradas de razonamiento (sesgos o heurísticas); sin embargo, al ser vicios cognitivos, no son fáciles de evitar (no existen respuestas o soluciones univocas o fáciles para su solución). 

 3.5 Por ello, es importante que se conozcan estos sesgos (para que seamos conscientes de su existencia); solo así se puede evitar incurrir en ellos. Allí radica la importancia de precisar estos conceptos en la presente decisión, debido a que, como detallaremos a continuación, en el presente caso la Sala Superior incurrió en el sesgo de incapacidad de ignorar pruebas inadmisibles, pues valoró una declaración recibida en el juicio oral anulado (véase el fundamento 4.7). 

IV. Fundamentos de la sentencia impugnada

Cuarto. La Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la sentencia impugnada (folio 928), concluyó que la responsabilidad penal del encausado Edgar Hugo Cheverier Aguilar no se encuentra acreditada, bajo los siguientes argumentos:  

4.1 Entre octubre de dos mil siete y abril de dos mil ocho, la presunta agraviada tenía trece años.  

4.2 La menor, en la primera evaluación ante el médico legista, se negó a que le practicaran el examen de integridad sexual; en el segundo examen, practicado después de siete meses de ocurrido el presunto último acto sexual, se concluyó que la menor tenía himen complaciente.

4.3 Entre octubre y noviembre de dos mil ocho, la menor tuvo conflictos con Antoinette Solange Cheverier Aguilar (hermana del encausado) y Ángela Fiorela Calmet Valera (entonces enamorada de este), pues agredió físicamente a la primera, le echó una botella de agua y se peleó con la segunda.  

4.4 Amalia Tafur Reátegui de Zegarra y Ana Julia Vilca Carmona, en su condición de directora y coordinadora de la institución educativa donde la presunta agraviada y el acusado estudiaban, respectivamente, indicaron que la relación sentimental de estos era conocida y normal, y que los problemas se originaron cuando el encausado comenzó a salir con Ángela Fiorela Calmet Valera, pues la presunta agraviada se ponía celosa, lo que también fue corroborado por Antoinette Solange Cheverier Aguilar (hermana del encausado) y Ángela Fiorela Calmet Valera (entonces enamorada de este).  

4.5 Aun cuando Edgar Hugo Cheverier Aguilar haya presentado una declaración jurada en la que reconoció una relación sentimental con la presunta agraviada, negó que hayan tenido relaciones sexuales.  

4.6 La pericia psicológica practicada a la menor concluyó que presentaba problemas emocionales; sin embargo, esta prueba no fue ratificada por la especialista que la practicó, en razón de que dicha profesional reside en los Estados Unidos de América.  

4.7 En el juicio anulado la presunta agraviada reconoció que envió las tarjetas y cartas de amor obrantes en autos, las cuales acreditan que existió una relación de enamorados entre el encausado y dicha menor. En este juicio también señaló que fue influenciada por su madre, Edith Yolanda Sánchez Jon, por lo que se citó a esta persona; sin embargo, no concurrió al juicio oral.  

4.8 La pericia psiquiátrica practicada a Edgar Hugo Cheverier Aguilar concluyó que no presentaba indicadores de ser sexualmente violento.  

4.9 Edward Benjamín Aguilar Escudero, tío del acusado, señaló que en el primer piso del inmueble donde supuestamente ocurrieron los hechos funcionaba una lavandería, lo que genera dudas de las agresiones ocurridas en el tercer piso del inmueble.  

4.10 La madre de la presunta agraviada consintió la existencia de la relación sentimental entre su hija y el encausado Edgar Hugo Cheverier Aguilar; incluso concurrió a la casa de este a tomar un lonche.  

4.11 La declaración de la presunta agraviada no cuenta con corroboraciones periféricas suficientes que generen certeza de los hechos atribuidos al encausado Edgar Hugo Cheverier Aguilar. 

4.12 La sindicación de la presunta agraviada está dotada de ánimos espurios, lo que genera duda en la Sala Superior sobre la responsabilidad atribuida al procesado Edgar Hugo Cheverier Aguilar. 

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