Corte Suprema se pronuncia sobre el “Proceso inmediato y flagrancia delictiva” 

Sala Penal Transitoria - Recurso de casación 1165-2018, Áncash

Por: Infolegal.pe 

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declaró fundado el recurso de casación excepcional interpuesto por la defensa de los sentenciados Juan Américo Mendoza calderón y Royel Lorenzo Fernández por la causal de quebrantamiento de preceptos procesales, contra la sentencia de vista, que confirmó la de primera instancia, que los condenó como autores del delito contra la seguridad pública-peligro común, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego, en perjuicio del Estado, y les impuso 6 años de pena privativa de libertad efectiva; con lo demás que contiene. 

Ahora, según Recurso de Casación 1165-2018, emitida el 6 de agosto del año en curso, en el que participó como ponente la jueza suprema Susana Castañeda Otsu, se declaró fundado el recurso de casación, bajo el argumento de “Proceso inmediato y flagrancia delictiva”. 

Al respecto, señaló que, en el presente caso, la detención de los imputados no cumplió con los requisitos del artículo 259 del Código Procesal Penal ni los lineamientos interpretativos del Tribunal Constitucional y esta Suprema Corte sobre la flagrancia delictiva; por lo que no correspondía incoar el proceso inmediato, sino dilucidar su situación jurídica mediante el proceso común. En ese sentido, se dispone a declarar nulo todo lo actuado desde el auto que declaró procedente la incoación del proceso inmediato y su reconducción al proceso común. 

Por su lado, la defensa de los sentenciados, se vulneraron normas de carácter procesal que acarrean nulidad, puesto que el fiscal provincial incoó el proceso inmediato y adujo indebidamente la existencia de flagrancia delictiva, no obstante que los hechos se suscitaron el doce de abril de dos mil dieciocho, pero recién al día siguiente se produjo su intervención policial, lo cual devela que no existió flagrancia. 

Asimismo, la defensa insistió que existió una errónea aplicación del tipo penal de tenencia ilegal de armas, ya que este requiere una comisión dolosa, es decir, conocimiento; sin embargo, sus patrocinados desconocían que la norma prohibía utilizar armas sin licencia. 

Por tanto, se vulneró el principio de proporcionalidad de las penas, pues se impuso una pena muy gravosa, y los hechos debieron calificarse como un ilícito administrativo y no uno penal. 

 

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