Confirman fallo que declaró inadmisible tutela de derechos presentada por fiscal Edilberto Azabache Vidal

Investigado por presuntamente haber asesorado legalmente a una imputada

Por: Infolegal.pe

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirma fallo que declaró inadmisible tutela de derechos presentada por fiscal adjunto de Piura Edilberto Azabache Vidal, investigado por presuntamente haber asesorado legalmente a una imputada 

Según Resolución  4, emitida el 25 de mayo, en audiencia pública, el recurso de apelación formulado por la defensa técnica del imputado contra la Resolución  2, emitida por el señor juez del JSIP, en el extremo que declaró INADMISIBLE la tutela de derechos solicitada, esto por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio; en agravio del Estado Peruano. 

Al respecto, bajo la ponencia de la jueza suprema Villa Bonilla, integrante de la Sala Penal Especial, la Corte Suprema se pronunció sobre la “Tutela de derechos y garantía de juez predeterminado por ley”. 

Esto, dada la naturaleza residual de este remedio procesal, son objetos de tutela los actos propios del ejercicio de la persecución penal (actuaciones fiscales y/o policiales que concretizan los poderes instructivos y de promoción de la acción penal, respectivamente), los cuales no han de contar con una vía legal distinta para su revisión. 

Por otro lado, en tanto que se trata de una incidencia rogada (formalizada a pedido de la parte procesal legitimada), la tutela de derechos se deduce ante el órgano jurisdiccional objetivo y funcionalmente competente, el mismo que se ha de encontrar facultado para ejercer los actos de control de la investigación, conforme a lo indicado en el artículo 29.5 del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 71.4 del mismo cuerpo normativo. 

Finalmente, la decisión de inadmisión expuesta por el JSIP es adecuada, ya que se ampara en un impedimento previsto en la ley (competencia objetiva por razón de la persona). Ello en ningún modo supone una negativa de acceso a la jurisdicción, pues constituye aplicación directa de la garantía de juez predeterminado por ley (párr. segundo del artículo 139.3 de la Constitución).  

Es decir, las partes no pueden deducir su pretensión en cualquier instancia que consideren oportuna, sino única y exclusivamente ante aquella que sea objetiva, funcional y territorialmente competente. 

ResoluciónEdilbertoAzabacheVidal-comprimido
CATEGORÍAS
ETIQUETAS
Compartir Esta
error: El contenido está protegido