Congreso oficializa modificación sobre presentación de declaración jurada.

Por: Infolegal.pe

El Congreso de la República, oficializó, a través del diario oficial El Peruano, la modificación de su reglamento interno para establecer que las declaraciones juradas de intereses de los parlamentarios estén ahora bajo el control de su Consejo Directivo y no de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

A través de la Resolución Legislativa Nº 004-2020-2021-CR, se dispuso incorporar el literal i) del artículo 23°, así como modificar el literal m) e incluir el literal n) del artículo 30 del Reglamento del Legislativo.

La normativa menciona que los parlamentarios estarán obligados a presentar su Declaración Jurada de Intereses (DJI), la misma que engloba toda la información relacionada a sus vínculos familiares, políticos, económicos, comerciales, profesionales e institucionales con la finalidad de evitar y revelar intereses propios y posibles actos de corrupción.

Empero, se señala que será el Consejo Directivo el que tenga la responsabilidad de que los congresistas cumplan con la presentación de su DJI, así como su publicación en el portal de transparencias institucional, atribuciones que no se encontraban previstas anteriormente dentro del listado de funciones contenidas en el Reglamento del Congreso.}

Aunado a ello, a partir de la entrada en vigencia de la norma, el Consejo Directivo dispondrá el plazo de 30 días para que cumplan con presentar las correspondientes DJI de los congresistas elegidos, así como los funcionarios y servidores del Legislativo.

El objetivo de estos cambios, aseguran los parlamentarios, es consolidar la transparencia de la información abierta a los ciudadanos, a fin de que tomen conocimiento de los vínculos e intereses de los congresistas de las diferentes bancadas como sus asesores y demás servidores, quienes se encuentran ocupando posiciones privilegiadas en la toma de decisiones dentro del Legislativo.

Sin embargo, esta norma ha sido muy criticada pues, de acuerdo con especialistas, autoexcluye al Congreso de los alcances del decreto de urgencia dado por el presidente de la República, Martín Vizcarra en diciembre pasado.

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