Comisión Permanente evaluará informes aprobados sobre decretos de urgencia

El Oficial Mayor, Giovanni Forno convocó para el próximo martes 10 de marzo a sesión de la Comisión Permanente del Congreso a fin de evaluar los seis informes aprobados sobre los decretos de urgencia enviados por el Poder Ejecutivo a fines de 2019 e inicios de 2020.

Según la agenda publicada en el Portal del Congreso se revisará el informe aprobado por unanimidad referido al Decreto de Urgencia 029-2019, que establece incentivos para el fomento del chatarreo. El grupo de trabajo estuvo presidido por el oficialista Clemente Flores Vílchez.

También, se revisará el Informe aprobado en mayoría respecto al Decreto de Urgencia 023-2020, que crea mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, desde el conocimiento de los antecedentes policiales. La evaluación tuvo como coordinadora a la parlamentaria de Nuevo Perú, Indira Huilca.

El tercer informe a revisa es sobre el Decreto de Urgencia 017-2020, que establece medidas para el fortalecimiento de la gestión y el licenciamiento de los institutos y escuelas de educación superior, en el marco de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes. El grupo de trabajo estuvo coordinado por la legisladora de Fuerza Popular Milagros Salazar.

Otro de los informes a revisar es sobre el Decreto de Urgencia 016-2020, que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. También, a cargo de la congresista Huilca Flores.

De igual manera, se evaluará el informe presentado recientemente sobre el Decreto de Urgencia 018-2019, que establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Grupo de trabajo coordinado por el congresista fujimorista Ángel Neyra.

Por último, el Informe aprobado por unanimidad. Evaluación del Decreto de Urgencia 002-2020, que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica de gestión privada y para el fortalecimiento de la educación básica brindada por instituciones educativas privadas. Grupo de trabajo coordinado por el congresista Edgar Ochoa.

 

 

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