Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los  Servicios Públicos del Congreso de la República propone la aprobación del   Predictamen, recaído en los Proyectos de Ley 5022/2020-CR; 5236/2020-CR, y 5279/2020-CR 

Pre dictamen que promueve la “Ley que protege la integridad económica familiar de los hogares peruanos en tiempos de emergencia nacional”

Por: Mirella Barrios/ Jasmín Vallejos/ Isabella Bustamente – Infolegal.pe

El día lunes, 15 de junio del 2020 a las 3:00 horas de la tarde, se dará lugar a la séptima sesión ordinaria a través de la Plataforma Virtual Microsoft Teams, en la cual  la Comisión presidida por el Congresista José Luna Morales del partido Podemos Perú, presentará el Predictamen acumulado de los Proyectos de Ley 5022/2020-CR; 5236/2020-CR, y 5279/2020-CR, así como otras propuestas.

El primer Proyecto de Ley N° 5022/2020-CR, presentado por el grupo parlamentario Podemos, tiene como finalidad establecer medidas de carácter temporal que permita reactivar la economía de las familias flexibilizando sus pagos a consecuencia de las obligaciones bancarias, financieras, comerciales y tributarias para que personas naturales puedan hacer frente al impacto negativo de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el COVID 19.

Además se recomienda dar el visto bueno al Proyecto de Ley 5236/2020-CR, presentado por el grupo parlamentario Alianza para el Progreso, mediante el cual se dispone otorgar un periodo de gracia y la reprogramación en el pago de las obligaciones crediticias de consumo y tarjetas de crédito, aunado a ello establece la aprobación de una ley que regule las tasas de interés, comisiones y gastos de créditos de consumo a fin de salvaguardarlos derechos del consumidor.

Y también se sugiere tener aceptado el Proyecto de Ley 5279/2020-CR, que tiene como propósito decretar medidas excepcionales a favor de los usuarios de los servicios públicos (agua y alcantarillado, luz y gas natural, infraestructura de transporte de uso público y telecomunicaciones), internet, servicios bancarios, financieros entre otros que tengan recibos pendientes de pago a causa de la pandemia Covid-19, a partir del mes de marzo del año 2020, proponiéndose una ley de condonación fortuita y fuerza mayor de intereses en los servicios públicos, servicios masivos, créditos de consumo y bancarios.

Se puede entrever que, los tres proyectos, tienen como denominador común el de establecer medidas excepcionales en favor de los usuarios de los servicios públicos (agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, internet, gas), y servicios bancarios y financieros. En todos los casos que tengan pendientes recibos de pago e intereses a causa de IMPAGADOS en tiempos de la PANDEMIA originados por el COVID-19, a partir de la quincena de marzo de 2020.

No cabe duda que las medidas propuestas resultarán  favorables para la población peruana, teniendo en cuenta que, cada persona goza de diferente capacidad crediticia y de pagos. Más allá de la evaluación individualizada que se maneje, mientras no se reactive las labores en el Perú en forma equitativa, la morosidad se acrecienta desmesuradamente.

Por ello, con su aprobación, generarán un impacto positivo en los ciudadanos ya que se viabilizará la suspensión de cobros judiciales y extrajudiciales, el otorgamiento de un periodo de gracia, así como la reprogramación de los créditos y gastos deducibles, entre otros beneficios.

Por otro lado, la “Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones” (SBS), ha enfatizado que se debe continuar cobrando intereses, dado que es la principal fuente de ingresos del sistema bancario y financiero. El no hacerlo, de privarlos de ello, dañaría el equilibrio laboral y la estabilidad bancaria, añadiendo que las 52 entidades bancarias existentes en el Perú, por lo menos 26 se verían posiblemente afectadas ocasionando una recesión económica irreversible.

A su turno ASBANC, sostiene que, dichas propuestas son inconstitucionales, por ir contra los modelos económicos constitucionales reconocidos por la ley fundamental, la Constitución Política del Estado. Adjuntaron a dichos efectos, copia de un informe del estudio de Abogados, “Benites, Vargas y Ugaz” (firmado por Abogados como Daniel Figallo, Oscar Urbiola y García Toma), conocido por su vinculación con el sector de los grandes capitales financieros, en el sentido antes expuesto. Así mismo que atenta contra la cultura de pago y el cumplimiento de las obligaciones financieras contraídas libremente por el cliente bancario y financiero.

ASOMIF PERÚ,  también señala razones parecidas a las anteriores, añadiendo además motivos de oposición por una “presunta descapitalización del sistema financiero”, lo cual impediría que el gremio que representa, en su apreciación no podría pedir los créditos de consumo y de inversión necesarios para un mayor crecimiento de sus negocios.

Al respecto debemos enfatizar que el artículo 1° de la Constitución lo dice claramente: la persona humana (no los bancos), son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tenemos el deber de protegerla. SOMOS EL ESTADO. Así mismo en el artículo 65 de nuestra Carta Magna subraya que “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.”

Está remarcado que, mediante nuestra Constitución se reconoce la facultad del Estado de proteger al consumidor, ya que en una economía de mercado es importante que se garantice la información de los servicios y bienes que se ofrecen, además de velar por la seguridad y salud de los usuarios; puesto que el consumo es el factor más importante de la cadena productiva de ahí el interés de la defensa de los derechos de los consumidores ya que a través de su demanda se impulsa el bienestar de la riqueza nacional.

Todo lo expuesto nos da una visión clara respecto de lo que está en juego, en términos de conflicto intrasistémico: legal-constitucional y de orden económico. La segura quiebra de millones de economías familiares, que dependen de ingresos inexistentes por motivos de la emergencia sanitaria del COVID-19, VERSUS, la posible quiebra o desmejora de la posición económica de los grandes grupos financieros que ser verán privados, por unos meses -hasta que pase la situación de emergencia sanitaria-, de ingresos producto del no cobro de intereses y la suspensión -temporal- de pagos de hogares que no tienen ni para lo más mínimo necesario: su propia subsistencia.

El estado, el gobierno, el Congreso de la República, debe decidir: a quien protegemos mejor y con mayor celo dada su vulnerabilidad: a los ciudadanos de a pie, al ser humano en su integridad global; o, a las entidades financieras, que por años, décadas, han lucrado de los intereses y del trato a veces indigno para con el ciudadano, en sus políticas de cobros e intereses generados dada las moras incurridas, con culpa o sin ella de dichos ciudadanos.

Descargue PDF aquí

(marca de agua) Pre dictámen 5022, 5236 y 5279 Servicios Bancarios y Financieros
CATEGORÍAS
ETIQUETAS
Compartir Esta