César Delgado: Viral tumulto de traspiés, desaciertos y low kicks en el valetodo parlamentario (parte 1)

Por: César Delgado Guembes / Artículo de opinión

No hay pocos indicios que la reciente aprobación de un todavía proyecto de ley de reforma constitucional en el Congreso de la República parece haber conmocionado la atención de una parte de nuestra comunidad política y académica.

Se trata de un sentimiento de indignación que se sostiene en la convulsión precipitada y atolondrada de modificaciones que se introdujeron en el debate parlamentario que comprendió entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio de este año. Comparto mis reflexiones sobre los sucesos, y sobre la ominosa e insana lógica de la abolición general de la inmunidad parlamentaria. Los hechos, desafortunadamente, ocurren no precisamente en los Campos de Montiel, sino en la megapoblada y pandémica Lima, la horrible, entre la Plaza Mayor, la Plaza Bolívar y, no faltaba más, la Casa de Pilatos, en medio de los latigazos mediáticos en redes y pantallas, y las rígidas admoniciones y colutorios de la academia de constitucionalistas nacionales.

(1) Primero, hay que subrayar y resaltar que en la redacción del texto aprobado en el Congreso se exhiben muestras y se adolece de fallas de comprensión lectora de la Constitución. Las fallas son sobre la deficiente comprensión de la naturaleza, características, finalidad y función de la inmunidad parlamentaria, respecto del antejuicio político.

Bastó que como en la fábula alguien gritara “¡el lobo, el lobo!”, o “¡basta de privilegios!” para que a su sola alarma el Congreso de la permuta se sumara al cargamontón, al linchamiento y al saqueo de instituciones críticas para el razonable funcionamiento del Estado constitucional y del sistema democrático.

(2) Es precisamente ese tipo de grita troglodita la que causa tanto daño como los usos impropios, reprochables o indecentes de la inmunidad parlamentaria.

El mal sigue siendo exactamente el mismo. Quienes usan mal la inmunidad y quienes destripan los conceptos y categorías constitucionales son los mismos. Otra vez, el mal es el mismo. Quienes operan la función representativa, en este caso en ejercicio de la labor legislativa, durante el proceso de reforma constitucional padecen del mismo síndrome de ineptitud e incompetencia para el ejercicio de la gestión estatal.

(3) Sostuve, he sostenido y sostengo que la falla en el diagnóstico, puede ganarle algunos puntos de rating a un gobierno sin partido en el sistema estatal, pero lamentablemente le hace daño al proyecto de institucionalización que debe ser parte importante en el proceso de reforma política del país.

El llamado al “clamor ciudadano”, al “clamor popular” o la invocación de que “hay que meterle pueblo a la democracia”, es una receta política y constitucionalmente descalificable cuando el diagnóstico de la situación es errado, y cuando la alternativa de eliminar la inmunidad parlamentaria no es el medio eficaz para conjurar la raíz del problema.

De ahí que quienes hacen profesión de la enseñanza universitaria, sobre este particular, debieran cuidar con escrúpulo el uso populista que desde el poder se haga, o pueda hacerse, de herramientas de diseño en el régimen o modelo político de nuestra patria. Quien opina en materia constitucional no puede ignorar los usos que de la información técnica prestada haga quien gobierna o representa… salvo que existiera coincidencia en las medidas políticas que impulsa el poder ejecutivo, e interés deliberado de apoyar el populismo con el que el gobierno planea conducir el país…

(4) Si los congresistas usan mal de la facultad legislativa, la magnitud e intensidad de los malos y ostensibles usos, no tiene solución con la eliminación de las competencias legislativas del Congreso, y mucho menos con el traslado de las atribuciones legislativas al poder ejecutivo, al tribunal constitucional, al consejo de Estado, ni a ningún otro órgano constitucional.

El mal uso no es razón para la eliminación de un instrumento necesario para el funcionamiento del régimen representativo. Minimizar este detalle lleva a graves confusiones y a la reproducción de males cuya causa sigue siendo exacta y precisamente la misma: la ineptitud competencial de quienes son elegidos por el pueblo entre las opciones que nos presentan los partidos políticos.

(5) Poner en el mismo bulto la eliminación de la inmunidad parlamentaria con la eliminación de la prerrogativa de la acusación constitucional a los ministros de Estado revela lo mal que parece haberse comprendido los distintos perfiles que tiene cada institución constitucional.

Lo que el Congreso ha hecho al diluir las diferencias entre ambas figuras ha sido un acto, no cabe mucha duda, de vendetta política: se ha procurado planchar las arrugas y alisar la geografía hostil del match político. Pero la dimensión moral del acto, sin embargo, debe igualmente examinarse con el patrón o estándar que exige el análisis normativo.

(6) Frente a la respuesta en el callejón parlamentario, la reacción de la opinología, y de algún sector ilustre de la academia, ha sido deplorar la celeridad con la que la confusión hizo presa de la asamblea y, desavisada e imprudente, juntó antinaturalmente lo disímil y lo dispar, y metió en el mismo atado la inmunidad con la acusación constitucional.

Hasta aquí expreso concurrencia de criterios sobre el estilo irruptivo de la decisión de la asamblea.

(7) En lo que discrepo es en un tema sustancial. Quienes critican al Congreso imputándole ánimo de transgresión constitucional del equilibrio entre los poderes estatales pierden de vista que el manejo desequilibrado del régimen político tiene su origen en un fenómeno que no ha sabido gestionar apropiadamente el gobierno: la ausencia de presencia en el Congreso ha tratado de suplirse con apoyo político extrainstitucional.

A falta de partido en la asamblea el gobierno mira a la calle para que le de lo que no puede alcanzar ni conseguir, por sí mismo, dentro del estado representativo.

(8) El ingeniero Vizcarra actuó pésimamente con la atribución que se irrogó al usurpar la facultad de la que el Congreso era titular para aprobar o para rechazar la confianza que solicitó el gabinete del ministro Del Solar.

Esa infracción ha sido bendecida y condonada con óleos episcopales por el Tribunal Constitucional, que ha avalado la subrogación al entender que el Presidente de la República sí puede decidir cuál es la voluntad del Congreso, con independencia a la potestad que este órgano tiene para expresar, por sí mismo, según los procesos constitucionales respectivos, cuál es la decisión que adopta sobre una materia tan grave y delicada como el otorgamiento o rechazo de una cuestión de confianza.

(9) Con ese antecedente puede comprenderse mejor que la insistencia del gobierno en cuestionar la labor del Congreso tiene que deberse, por ausencia de voceros que ocupen una posición relevante en los procesos parlamentarios, a su absoluta y total incapacidad institucional de dialogar y de negociar. Un Congreso en el que ya no se encuentran a quienes se calificó de obstruccionistas.

Más fraccionado que el actual Congreso, por lo menos durante el siglo XX y lo que corre del XXI, el Perú no ha tenido otra asamblea. El manejo de altos grados de diversidad y de pluralidad como el que actualmente se manifiesta en el Congreso, no ha tenido antecedente en nuestra república.

El parlamento actual es poco más o menos un parlamento atomizado. Si un parlamento atomizado decide lo que ha acordado, a pesar de carecer de mayorías o de alianzas de minorías claras como las que ha tenido en otros períodos, difícilmente podría afirmarse de él que obedece a un plan siniestro para desestabilizar al gobierno. La suya es una actividad más entrópica que deliberadamente dirigida.