Cero “inmunidad”, ¿cero impunidad?

Estas no serán líneas para sumarme a la alegría del “hashtag” del congresista Daniel Urresti. Todo lo contrario.

Por: César Delgado Guembes / Artículo de opinión

El razonamiento de quienes, como él, creen que eliminada la inmunidad parlamentaria se elimina la impunidad, parte de una premisa y un diagnóstico falso y falaz.

Se afirma que, porque el Congreso sólo levantó la inmunidad de proceso al 8 o 9 por ciento de casos en los que la Corte Suprema pidió el levantamiento, nos encontramos ante un uso tan dañino de la función parlamentaria que es mejor eliminarla.

Esa lógica es infantil y no propia de una persona ni pensante ni madura.

Si decimos que un niño rompe un juguete el 90 por ciento de las veces que se le regala, ¿es lógico afirmar que el daño desaparece si no más se le regala un juguete?

De igual manera, según la misma lógica populista e intelectualmente torpe, de quienes hoy se alegran de entregar la cabeza de Holofernes a la diva, la potestad legislativa del Congreso habría que quitársela para que el Congreso no dañe más al país con legislación lesiva a la nación.

La propia aprobación del proyecto contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución podría considerarse un daño político grave para el régimen democrático: si el legislador diagnostica mal y se niega a sí mismo la potestad de proteger el bien constitucional que es la voluntad popular, según la lógica de quienes se alegran de un triunfo pírrico y hoy aprueban con su voto la eliminación de la inmunidad parlamentaria, tendría que evitarse el daño que ellos causan y, o eliminar ese tipo de Congreso compuesto en su mayoría por legisladores intelectualmente torpes, o mantener la torpeza representativa pero ceder la potestad legislativa al poder ejecutivo para que legisle mejor que lo que demuestra poder hacerlo el Congreso de la República.

El error de diagnóstico del señor Urresti y, por ahora, de los 17 legisladores que en la Comisión de Constitución votaron a favor de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, es asumir que el problema se encuentra en una institución que tiende a usarse impropiamente por quienes el pueblo elige para que lo representen. El daño que se acusa es que han actuado benignamente con congresistas a quienes se los denuncia por la presunta comisión de delitos comunes. Como resultado de la benignidad del legislador se mantuvo indemne la voluntad que el pueblo expresó en un proceso electoral.

Si el pueblo eligió mal, y si los representantes electos fueron los que incorrectamente eligió el pueblo, el error consiste en que quienes llegaron al Congreso no fueron quienes debieron haber llegado. Es decir, se trata de un error de origen.

La eliminación de la inmunidad parlamentaria no tiene la capacidad de corregir ese error, porque fue el juicio del pueblo en el que empieza la distorsión y porque quienes nos propusieron los partidos políticos no fueron los candidatos más competentes y capaces.

Hoy se repite la historia. Los partidos nos propusieron tanto al señor Urresti como a los tantos congresistas que hoy se congratulan y derrochan alegría por la eliminación de un instrumento diseñado para la protección y óptimo funcionamiento del régimen representativo. Y el juicio de esos legisladores permite advertir que carecen de la capacidad necesaria para diagnosticar correctamente el problema y para proponer una solución prudente y adecuada a la dimensión del problema.

¿Cómo entender que la impunidad se elimina si se elimina la inmunidad? La impunidad surge con el carácter de quien antes, durante o después de su elección es proclive a la comisión de cualquier falta o delito. ¿Acaso la eliminación de la inmunidad parlamentaria volverá ángeles a quienes tienen sembrada la semilla de la iniquidad en los intersticios recónditos o expuestos de su alma?

El mal, señores Congresistas, está en la incapacidad de los partidos políticos de seleccionar correctamente a quienes hoy le siguen causando daño al país, a la sociedad y a la historia política del país.

Así como en Colombia fue un congreso populista que también eliminó la inmunidad parlamentaria, el Perú, al igual que en Colombia, luego se lamentará que la ausencia de inmunidad desprotegerá a los representantes frente a quienes se propongan alterar la composición del Congreso mediante denuncias basadas en el encono o la represalia política.

Esa misma inmunidad que hoy han demostrado despreciar sumidos en un océano de ignorancia política, es la que permite que el Congreso y los congresistas tengan libertad suficiente para controlar los ejercicios impropios del poder. La inmunidad deja a salvaguarda la capacidad fiscalizadora del Congreso. Desafortunadamente la necedad no se aprende sino que larva en el alma de quienes el destino ha convocado para que hagan, no lo sensato, sino lo que les permite compensar las enormes carencias de que padece el alma hambrienta de reconocimiento y de aplauso fácil.

En la facultad de derecho de la PUCP, el profesor Manuel de la Puente Lavalle nos repetía en sus clases de Teoría de los Contratos, que, “no por temor al abuso del derecho, debe dejar de reconocerse el derecho”. La misma regla debe aplicarse en este caso.

El uso impropio, negligente, incorrecto o, incluso, hipotéticamente delictivo, de la inmunidad parlamentaria, es síntoma de las deficiencias que tienen los partidos políticos en el proceso de selección de los candidatos que nos proponen en las elecciones. Exactamente ese es el error el que hoy se constata, penosa y patéticamente, en la alegría del populismo legislativo de los que pretenden ganarse el favor del pueblo con el engaño.

La lógica detrás del mensaje “cero inmunidad, cero impunidad” nos revela la misma lógica neroniana que derrama sangre de circo y de aplausos por un puñado de votos para ganar notoriedad pública y ojos complacientes en la plaza del electorado.

¡Lamentable! ¡qué pena, una vez más, que los partidos se hayan equivocado con las propuestas que nos entregaron para las elecciones de enero del año 2020!

En breve, la entrevista para “infolegal.pe”

(*) El autor es Profesor de Derecho Constitucional y Parlamentario. Ex Oficial Mayor del Congreso de la República.

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