Caso Solsiret: ni fiscal protector de legalidad, ni policía persecutora del delincuente

Por: Miguel Pérez Arroyo

Lo ocurrido con Solsiret Rodríguez nos indigna a todos los peruanos, especialmente a quienes de alguna forma nos hemos involucrado con la administración de justicia, o a quienes somos padres de niñas, de mujeres, que en algún momento pueden caer en las manos de funcionarios corruptos y ajenos a la voluntad de investigar y juzgar hechos con apariencia de criminalidad y hacerlos pasar como simples “anécdotas afectivas”.

Todo lo actuado, desde que se denunció su desaparición hasta el hallazgo de los restos, nos da cuenta sobre la miserabilidad, corrupción, falta de empatía para con las víctimas y, sobre todo, de grandes omisiones de quienes tienen la labor de cuidar de nuestra seguridad y del cumplimiento de la ley: la policía y el Ministerio Público.

Revisaba un reportaje de 16 de abril de 2017 en el que ya se informaba, contundentemente, de tres indicios de sospecha razonable respecto de la ya no tan “extraña” desaparición de Solsiret, los mismos que fueron expuestos, producto de un conjunto de entrevistas a sus familiares directos y vinculados a pruebas objetivas.

El primero es la aparente relación “extraconyugal” que se hizo patente, tanto con una declaración que hizo la madre de la pareja de Solsiret así como una carta encontrada en el ordenador personal de la víctima en la que se dejaba constancia de esa incómoda verdad para su familia. Incómoda, pero indicio, al fin y al cabo. Incluso la reportera, en pleno reportaje, desliza la posibilidad que ese podría haber sido el móvil, y que no se trataba de una desaparición “anecdótica” como lo estableció torpe y delictivamente la policía y el Ministerio Público en ese entonces, sino de una “desaparición producto de una muerte, de una venganza”.

Otro dato que daba cuenta el mismo reportaje (repito, del año 2017), era el hecho de la corroboración de la ubicación triangular o por “geolocalización” del teléfono desde donde se enviaban los mensajes y llamadas a la familia de Sol, bajo los argumentos que “se encontraba en la terminal”, que estaba por “viajar”, etc. Lo que se descubrió vía geolocalización fue que el celular estaba ubicado en el domicilio de los padres de Kevin y Brian Villanueva (este último esposo de Sol), inmueble en el que también vivía Andrea Aguirre, pareja de Kevin, quien confesó descuartizar el cuerpo de Sol, más no asesinarla.

Un tercer dato, indiciario y que marcaba desde el inicio de los hechos, fue que Brian interpuso una denuncia ante la Comisaría por “abandono de hogar”, sin tener mayor evidencia de que ello haya ocurrido, puesto que cuando una persona hace abandono de hogar, o viaja por causas propias, lo normal es que se lleve algo consigo, por lo menos su ropa.

He resaltado este reportaje, no por una razón gratuita, sino por las fechas: 16 de abril de 2017. Si tenemos en cuenta que Sol “desaparece” en agosto de 2016, había 8 meses cuando este se emitió. Y hoy, tres años y medio vemos que todos estos indicios debían haber derivado en la incoación de una investigación preliminar por un delito posible de homicidio -por lo menos simple- o, como lo ha hecho bien el actual fiscal, por un delito de encubrimiento, en la medida que los datos objetivos de orden criminalístico (geolocalización por mensajes y llamadas), daban cuenta que el instrumento de desviación investigativa (el teléfono), resultaba ubicado en la casa de los padres de los gemelos y en donde también vivía la pareja de Kevin (actualmente detenidos).

Pero esa no fue la respuesta de la Fiscalía, mucho menos de la Policía. Para ambos, motivados por sus estereotipos, la desaparición de Sol no se debía a la comisión posible de delito alguno, sino más bien a una “calentura de cabeza” o “sacada de vuelta” que Sol le había infligido a su “pobre pareja afectiva”.

Es más, que la policía aceptara de inmediato la denuncia de Brian por abandono de hogar se ajustaba a esos estereotipos machistas. Es decir, la policía aceptó dar por cierta esa denuncia bajo reglas de presunción de veracidad a prueba de cualquier otra discrepancia investigativa.

La policía y los fiscales, en el ejercicio de su función investigativa, defensores de la legalidad, cometieron, por lo menos, delitos de omisión del ejercicio funcional. NO investigaron. Por esto, deben ser destituidos de la función pública.

Incluso podríamos decir que obstruyeron la investigación. Falta saber si lo hicieron dolosamente o de modo negligente porque si es lo primero ya no sólo se trataría de un delito de omisión de funciones, también de encubrimiento en agravio del Estado por lesión a la administración de justicia como valor fundamental e interés jurídico y social que sostiene la norma.

Si ello fuera así, resultaría pertinente preguntarnos si hubo dádivas de por medio, ya que ello agravaría los delitos a un tema de corrupción de funcionarios y la pena, año tras años, recaería con más vigor sobre las cabezas de todos y cada uno de quienes por acción u omisión resultaron cómplices, en el sentido social de la palabra, de tan atroz delito cometido contra una mujer, una madre, una hija, una hermana; de todos nosotros que somos, como sociedad, una unidad que se resiente frente a un hecho de estas características.

Como resultado tenemos: una policía inempática (que califica de “buena gente” a la pareja de Sol y por tanto ella tiene “la cabeza caliente”) frente a un problema álgido y de trascendencia social como son los asesinatos o el propio feminicidio. Un Ministerio Público ciego y sordo, y, lo peor, ignorante y pusilánime frente a hechos delictivos patentes que se cometen a diario y que renuncian a su persecución por consejos de la propia policía, muchas veces corrupta, que se aprovecha de la ignorancia investigativa de algunos fiscales para hacer de las suyas en diversas investigaciones.

Como reflexión final. Hubo en candidato al congreso que propuso que la investigación debía manejarlo la policía y no el Ministerio Público porque no tiene formación investigativa. Lo último puede ser cierto. Hace mucho tiempo que la Escuela del Ministerio Público se ha convertido, antes que un centro de formación fiscal, en un reducto de empleados afines a la cabeza de la Fiscalía de la Nación y no trabaja sobre bases reales sino más bien teóricas y poco estructuradas en la verdadera labor del fiscal frente al delito.

Pero lo otro, darle la investigación en términos de dirección a la policía, suena más descabellado que aquella otra propuesta relativa a la pena de muerte para los corruptos.  Entonces, tenemos más de lo mismo, una Fiscalía con poca empatía y visión investigativa, ignorante en temas criminalísticos básicos; una policía corrupta -en un gran sector de trabajo social-, ajena a los problemas de seguridad que justifica su existencia; y un Congreso con algunos legisladores con poca idea de hacer las cosas bien y que solo pregona temas en busca de aplausos circenses que en nada ayuda a lo que la sociedad necesita para vivir mejor, segura, y en paz.