Caso Casa Nina vs Perú: Corte IDH declaró responsable internacionalmente a Perú por violación de derechos a las garantías judiciales y a la estabilidad laboral

Julio Casa Nina, fue separado del cargo de fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Judicial de Ayacucho,

 

Por: Infolegal.pe

El 24 de noviembre de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia sobre el caso Casa Nina vs. Perú, a través del cual declaró intencionalmente responsable a la República del Perú por la violación de los derechos a las garantías judiciales, de permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, a la estabilidad laboral y a la protección judicial en perjuicio de Julio Casa Nina, como consecuencia de la decisión de separarlo del cargo de Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga.

Respecto a los hechos, se tiene que el 30 de junio de 1998 el señor Julio Casa Nina fue nombrado por la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público como Fiscal Adjunto Provincial Provisional de la Fiscalía Provincial Mixta de La Mar, Distrito Judicial de Ayacucho. El 8 de abril de 2002 la Fiscal de la Nación Nelly Calderón Navarro dio por concluido el referido nombramiento y, a su vez, nombró al señor Casa Nina como Fiscal Adjunto Provincial Provisional del Distrito Judicial de Ayacucho, en el despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Huamanga. El 21 de enero de 2003 la Fiscal de la Nación dio por concluido el segundo nombramiento del señor Casa Nina. Para el efecto, dicha autoridad fundamentó su decisión en las “necesidades del servicio” y en el carácter temporal del nombramiento de los fiscales provisionales. El señor Casa Nina planteó recurso de reconsideración contra la decisión que dio por concluido su nombramiento, impugnación que fue desestimada el 14 de febrero de 2003 por la Fiscal de la Nación.

Ante ello, el señor Casa Nina interpuso demanda de acción de amparo la que fue declarada infundada el 19 de abril de 2005 por el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, Ayacucho. A continuación, la víctima interpuso recurso de apelación, el que no fue acogido por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, mediante la Sentencia de 11 de julio de 2005. Finalmente, el señor Casa Nina promovió recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, cuya Sala Primera, mediante la Sentencia de 14 de noviembre de 2005, declaró infundada la demanda.

Por otro lado, cabe destacar, de la presente el fundamento (81)  de la Corte donde reitera que no le compete definir el mejor diseño institucional para garantizar la independencia y objetividad de las y los fiscales. Sin embargo, observa que los Estados están obligados a asegurar que las y los fiscales provisionales sean independientes y objetivos, por ello, deben otorgarles cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo, en tanto la provisionalidad no equivale a la arbitraria o libre remoción. El Tribunal observa que la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño de su función y la salvaguarda de los propios justiciables. En todo caso, la provisionalidad no debe extenderse indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una condición resolutoria, como sería la extinción de la causa que motivó la ausencia o separación temporal de la funcionaria o el funcionario titular, o el cumplimiento de un plazo predeterminado por la celebración y conclusión de un concurso público para proveer los reemplazos con carácter permanente. Los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción y no la regla. Adicionalmente (infra párrs. 88 y 89) la decisión que dispone la finalización del nombramiento de las y los fiscales provisionales debe estar debidamente motivada, para garantizar los derechos al debido proceso y a la protección judicial.

Finalmente la Corte concluye que la separación del cargo de una o un fiscal provisional debe responder a las causales legalmente previstas, sean estas (i) por el acaecimiento de la condición resolutoria a que se sujetó la designación o nombramiento,  como el cumplimiento de un plazo predeterminado por la celebración y conclusión de un concurso público a partir del cual se nombre o designe al reemplazante del o la fiscal provisional con carácter permanente, o (ii) por faltas disciplinarias graves o comprobada incompetencia, para lo cual habrá de seguirse un proceso que cumpla con las debidas garantías y que asegure la objetividad e imparcialidad de la decisión.

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