Alcances de la “Ley 31507” que modifica el “artículo 2 inciso 5” de la Constitución Política sobre el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria

Alcances de la “Ley 31507” que modifica el “artículo 2 inciso 5” de la Constitución Política sobre el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria

Por: Paulo Chávez Zúñiga/Investigador Asociado

El fin de semana[1] el Congreso de la República aprobó una nueva reforma constitucional a través de la Ley N°31507 “Ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria”, como parte de un paquete de cambios legislativos[2] que tienen por objetivo evitar y prevenir la comisión de ilícitos penales graves como los delitos de corrupción o lavado de activos.

La corrupción en el Perú es un problema estructural muy arraigado, que no solo afecta al correcto funcionamiento de las instituciones públicas en sus tres niveles de gobierno, sus consecuencias también perjudican al ciudadano de a pie. A fin de enfrentar, esa corrupción y otros delitos a esa escala ha sido necesario el fortalecimiento de instituciones jurídicas.

La norma publicada en el diario oficial El Peruano introduce una modificación al art. 2, inciso 5 de la Constitución Política de 1993, referida a los derechos del secreto bancario y reserva tributaria. El parlamento tiene por facultad hacer reformas constitucionales a la Carta Magna. Existen dos modos, una mediante mayoría absoluta de sus miembros y otra, mediante la aprobación en dos legislaturas sucesivas. Esta última alternativa es la que se utilizó. La Constitución Política en su art. (art.206, Const.), consagra que:

“Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas.

  1. El levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria en la Constitución de 1993 y la reforma introducida por la Ley 31507.

El art. 2 de la Constitución Política reconoce de forma expresa un catálogo de derechos fundamentales del ciudadano. Entre estos, está el derecho al secreto bancario y reserva tributaria (art.2 inc.5, Const.), que rezaba antes de la modificación introducida por la ley 31507, de la siguiente manera:

Artículo 2: Toda persona tiene derecho:

(…)

  1. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

Con la Ley 31507, dicha norma constitucional, establece que,

Artículo 2: Toda persona tiene derecho:

(…)

  1. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento puede efectuarse a pedido:

  1. Del juez.
  1. Del Fiscal de la Nación.
  1. De una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
  1. Del Contralor General de la República respecto de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por este, en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acción de control.
  1. Del Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones para los fines específicos de la inteligencia financiera.

El levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su titular. (el subrayado es nuestro)

Con la nueva regulación se amplia la facultad de solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria al Contralor General de la República y al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, en el ámbito de las actividades que estos dos organismos de derecho público desarrollan. Sin embargo, como la misma norma expresa en su párrafo final con acierto, el levantamiento debe encontrarse debidamente motivado. Es decir, no por, meros caprichos.

En el pasado, esta facultad se encontraba reservada para:

  • El Juez
  • Fiscal de la Nación
  • Comisión Investigadora del Congreso

Dicha reforma del art. 2 inc. 5 de la Const. nace como consecuencia de un conjunto de propuestas legislativas que buscan dotar a organismos de derecho público como la Contraloría y la SBS la facultad para solicitar el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria. En otras palabras, ampliar sus facultades en la lucha contra la corrupción al interior del Estado y otros delitos complejos como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.[3]

Anteriormente, tales instituciones tenían que solicitar al juez competente para que en el plazo no mayor de 15 días esta pueda ser aprobada.[4] Con ello, entonces, se reduciría el tiempo para tener la información necesaria en un tiempo más corto en atención a la urgencia del caso. Por ejemplo, la UIF[5] como Unidad Especializada de la SBS, podría producir sus informes de inteligencia coadyuvando con las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público sobre el delito de lavado de activos.

2. Sobre la naturaleza y funciones de la Contraloría General de la República y la SBS.

El art. 82 de la Constitución define la naturaleza y las funciones de la Contraloría General de la República. Señala lo siguiente:

“La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control”

En su Ley Orgánica (Ley N°27785) “Ley orgánica del sistema nacional de control y de la contraloría general de la República” señala en el artículo 16 que,

Artículo 16.- Contraloría General. La Contraloría General es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades, la promoción de valores y la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como, contribuir con los Poderes del Estado en la toma de decisiones y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social”

Por otro lado, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP también tiene un marco normativo propio a partir de lo establecido en la Constitución (art.87, Const.), que dice:

“La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determina la ley”

Sus funciones y atribuciones se encuentran regulados en la Ley 26702 “Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP”. Entre las principales funciones está, la regulación y supervisión del sistema financiero, de seguros privado de pensiones, y cooperativo de ahorro y crédito, así como la prevención del lavado de activo y financiamiento del terrorismo.

No son poca cosa, las actividades que realizan tanto la Contraloría General como la SBS. Ambas ocupan un lugar en el control y fiscalización de las instituciones públicas como de los entes financieros en sus distintas composiciones.

3. La protección de los derechos al secreto bancario y reserva tributaria y los límites a su afectación con el levantamiento.

Los derechos al secreto bancario y reserva tributaria se encuentran íntimamente relacionados con el derecho a la intimidad de las personas. En buena cuenta, el secreto bancario se relaciona con el cuidado de las operaciones financieras que realizan las personas en una determinada entidad perteneciente al sistema financiero mientras que en el caso de la reserva tributaria tiene que ver con la información fiscal de los contribuyentes.

Estos derechos protegen información delicada, en ese sentido, no solo la solicitud debe tener argumento, sino que la decisión de su afectación o levantamiento debe encontrarse motivada como así lo establece la Ley. El Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Expediente 009-2014-PI/TC, fj.12 menciona que, “el Tribunal Constitucional tiene reconocido en su jurisprudencia que entre los atributos asociados al derecho a la intimidad se encuentran el secreto bancario y la reserva tributaria”.

Entonces, si se puede autorizar su levantamiento mediante decisión debidamente motivada es claro como dice el propio TC, no son derechos absolutos. Debe hacer, a la luz del principio de razonabilidad y proporcionalidad la adopción de la medida. El TC establece que[6], “(…) si bien la norma fundamental se limita a enunciar de forma explícita a aquellos sujetos calificados para disponer el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, dicho listado no sólo prohíbe, sino que por el contrario, admite implícitamente la posibilidad de que tales derechos puedan ser limitados en aras de la satisfacción de otros bienes jurídicos- constitucionales (…)”

4. Comentarios finales

La reforma constitucional que introduce la Ley 31507 al art. 2 inc. 5 de la Constitución que, trata sobre la facultad que se entrega a determinadas instituciones u organismos, para el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, permitirá cubrir dos asuntos: urgencia y tiempo en la adopción de la medida.

Se espera que, contribuya a los fines de la justicia y la torne más dinámica en las luchas contra la corrupción, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, esferas que justamente merecen atención que abordan la SBS y la Contraloría General.

[1] Norma difundida el 03 de julio de 2022 a través de la Página web del Diario Oficial El Peruano (www.elperuano.pe).

[2] Ver: “La reforma del Código Penal Peruano a partir de la Ley 31501 que fortalece la lucha contra los delitos de corrupción. Comentarios urgentes.” Por: Paulo Chávez Zúñiga. Artículo publicado el 04 de julio de 2022 en (www.Infolegal.pe).

[3] Ver: Dictamen recaído en los proyectos 5643/2020-CR, 5829/2020-CR y 7451/2020-CR, que propone la ley de reforma constitucional que fortalece la lucha anticorrupción en el marco del levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, de fecha 18 de mayo de 2021 (www.congreso.gob.pe).

[4] Cuarta Disposición Final de la Ley 27785.

[5] La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): Es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos, y/o financiamiento del terrorismo, así como coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema de prevención para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

[6] Expediente 009-2014-PI/TC, FJ.16.

Descargue AQUÍ la Ley 31507.

1.-CONGRESO-DE-LA-REPUBLICA.-Ley-Reforma-Constitucional.-Levantamiento-Secreto-Bancario.-Reserva-Tributaria
CATEGORÍAS
ETIQUETAS
Compartir Esta