Alba Rosell Corbelle: JUICIO AL GOLPE EN CATALUÑA (II)

Por: Alba Rosell Corbelle/Artículo de opinión/Jurista extranjero

SUMARIO: I.- INTRODUCCIÓN. II.- CONSIDERACIONES GENERALES. III.- DECISIONES RELEVANTES COMO PRECEDENTES. A) EL DERECHO DE LOS ACUSADOS A DECLARAR EN CATALÁN. B) LOS SÍMBOLOS POLÍTICOS DURANTE EL JUICIO. C) EL DERECHO A NO DECLARAR CONTRA SI MISMO Y A NO CONFESARSE CULPABLE. D) EL INTERROGATORIO CRUZADO DE TESTIGOS. IV.- LA SENTENCIA. V.- SITUACIÓN ACTUAL. A) LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. B) LAS EUROORDENES. VI. CONCLUSIÓN

  1. INTRODUCCIÓN

El llamado juicio del procés, como ya se explicó en la primera parte del artículo publicada en legis.pe, ha sido el juicio seguido contra principales dirigentes políticos independentistas catalanes que en septiembre y octubre de 2017 pretendieron vulnerar la Constitución española con la segregación de una parte de territorio nacional -el coincidente con la Comunidad Autónoma de Cataluña-, sin respetar las previsiones de reforma constitucional, a través de un referéndum que se celebraría solo en Cataluña y que fue convocado ilegalmente por el gobierno autonómico catalán, tras una ley autonómica que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional[1].

El juicio oral duró cuatro meses, del 12 de febrero al 12 de junio del 2019 y se dictó sentencia el y 14 de octubre siguiente (núm. 459), la cual condenó a las siguientes personas: Oriol Junqueras i Vies: ex Vicepresidente del Gobierno y ex Consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat; Jordi Turull i Negre: ex Consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña; Raül Romeva i Rueda: ex Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña; Dolors Bassa i Coll: ex Consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Cataluña; Joaquim Forn i Chiarello: ex Consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña; Jordi Sánchez Picanyol: ex Presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart Navarro: ex Presidente de Omnium Cultural (OC), Carme Forcadell i Lluís: ex Presidenta del Parlamento de Cataluña; Meritxell Borrás i Solé: ex Consejera de Gobernación de la Generalitat de Cataluña; Carles Mundó i Blanch: ex Consejero de Justicia de la Generalitat de Cataluña y Santiago Vila i Vicente: ex Consejero de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña.

Los delitos que fueron objeto de enjuiciamiento fueron: rebelión (art. 472.5 del CP), sedición (art. 544 del CP), malversación de caudales públicos (art. 432 del CP), organización criminal (art. 570 bis. del CP) y desobediencia (art. 410 del CP). La condena se dictó por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia. Las penas de prisión impuesta oscilaron desde las multas impuestas a tres de los acusados -por desobediencia- hasta los trece años de prisión a los que se condenó a Oriol Junqueras por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación. El tribunal calificó los hechos como delito de sedición y no de rebelión -de mayor gravedad- porque consideró que, aunque se había utilizado la violencia para impedir determinadas actuaciones judiciales destinadas a impedir la celebración del referéndum y durante el día para el que se había convocado -el 1-O-, la misma no era objetivamente idónea para lograr directamente el fin de la independencia, que calificó como “ensoñación”. Los condenados -entendió el tribunal- sabían que no lograrían la independencia a través de la vía de hecho por la que se encaminaban, pero engañaron a una buena parte de la población catalana haciendo que se representara tal anhelo como de realización probable, para crear un clima de crispación y desafío permanente que obligara al Gobierno a negociar.

Pese a que el tribunal descartó la aplicación del delito de rebelión, la sentencia -como cabía esperar- no fue del gusto de los sectores soberanistas de la población catalana, -en los que había calado la idea de un pretendido derecho a la secesión so pretexto del derecho a la autodeterminación de los pueblos y se había instalado una falsa sensación de impunidad- y en los días siguientes a su publicación se produjeron múltiples disturbios violentos en las calles de las ciudades -especialmente en Barcelona- y en las carreteras -sobre todo en la autopista que conecta España y Francia-, que se mantuvieron durante algún tiempo. Las imágenes más significativas de los altercados fueron seguramente la de los grupos CDR[2] instigados por la plataforma autodenominada Tsunami Democràtic[3], portando banderas independentistas cercando durante la noche las instalaciones policiales, protegidas por agentes antidisturbios, seguidas de las que mostraban a otro grupos de personas -muchas veces en familia- acercándose por las mañanas a las mismas instalaciones con banderas españolas para entregar flores a la policía.

II.- EL DESARROLLO DEL JUICIO ORAL

La vista del juicio oral comenzó con la exposición de las cuestiones previas, mediante las cuales las partes alegaron sus objeciones sobre el respeto por los derechos fundamentales en juego y las garantías procesales. Finalizadas las cuestiones previas, las cuales fueron rechazadas por el tribunal, se dio comienzo a la fase probatoria.

La fase probatoria se abrió, como es práctica inveterada -aunque no legalmente prevista en la LECRIM- con la declaración de los acusados, seguida del interrogatorio de testigos y peritos -más de quinientas personas- y de la prueba documental -horas y horas de lectura de tuits, declaraciones, atestados, visionado de videos …-, con observancia de todas las formalidades, pues durante el transcurso de todo el juicio y muy señaladamente en la práctica de la prueba, se han aplicado en todo momento escrupulosamente garantías procesales que reconoce la Constitución española.

Comenzaron las declaraciones de los acusados y con ellas las primeras controversias sobre la práctica probatoria. El primero en declarar fue Oriol Junqueras, quien rechazó contestar a cualquier pregunta que no fuera una de las efectuadas por su abogado. Tampoco lo hizo su compañero Raül Romeva[4], algo perfectamente lícito pues las personas acusadas no tienen obligación de decir la verdad y pueden contestar discrecionalmente y de manera selectiva a las preguntas de las partes que consideren oportunas, en virtud de su derecho constitucional a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable[5]. El resto de los acusados respondieron al interrogatorio efectuado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero ninguno de ellos contestó a las preguntas que tenía preparadas la acusación popular ejercida por el partido político Vox. Aunque muchos testigos mostraron también su desacuerdo por tener que responder al abogado que patrocinaba la posición de un partido político -calificado de extrema derecha-, no se les reconoció derecho a guardar silencio, pues obviamente tenían la obligación constitucional y legal de contestar a todas las preguntas formuladas por las partes y de decir la verdad para no incurrir en el delito de falso testimonio  establecido en el art. 458 CP[6] (dicho precepto fue recordado reiteradamente por el Presidente de la Sala, el Magistrado Excmo.Sr.D. Manuel Marchena Gómez, a varios testigos cuando en el transcurso de sus interrogatorios se negaron a contestar al actor popular).

III.- DECISIONES RELEVANTES APTAS PARA SERVIR COMO PRECEDENTES

Más allá de la específica problemática abordada en el juicio del procés en relación con los hechos concretamente enjuiciados y su calificación jurídica, resulta de interés examinar la práctica del tribunal en la clarificación de cuestiones procesales -atinentes a la garantía de los derechos y al desarrollo de la prueba- que, en la práctica de los tribunales españoles, resultaban controvertidas y acerca de las cuales ha resultado sumamente positivo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo se haya pronunciado en un proceso de tanta transcendencia y tan seguido por los profesionales del foro y de la sociedad en su conjunto.

  1. EL DERECHO DE LOS ACUSADOS A DECLARAR EN CATALÁN

La Ley no prevé la posibilidad de que un español que comprenda el castellano declare en juicio como acusado en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma en la que reside fuera del territorio de la misma. Pese a ello, la Presidencia del tribunal permitió a los acusados declarar en catalán, si así lo deseaban, o en castellano. De esta manera cada acusado podía optar por su lengua materna para responder las preguntas. El tribunal reconoció la capacidad de responder a cada acusado en su lengua materna por “razones emocionales” -integrando así en el derecho de defensa del acusado la elección del idioma en que más confortable se sintiera-. Para posibilitarlo, puso a su disposición un servicio de traducción, que se acordó que se realizara en forma consecutiva, rechazándose la simultaneidad, al considerarse tal modalidad de traducción contraria al derecho fundamental a un proceso público y al principio de publicidad, consagrados en los artículos 24.2 y 120.1 de la CE.

Ha de recordarse que, dada la relevancia del juicio sobre el pocés se dispuso por el tribunal -no por primera vez en España[7]– que la vista oral se retransmitiera en directo en “streaming” por la red, a través de la web del Consejo General del Poder Judicial. Si se hubiera permitido que la traducción se realizase de manera simultánea y no consecutiva -como solicitaron los abogados las defensas- sólo las personas que entendieran el catalán o que -dentro de la Sala- dispusieran de auriculares hubieran podido comprender las declaraciones de los acusados.

Ante la decisión, los doce acusados, previa protesta por la imposibilidad de tener un traductor simultáneo, declararon en castellano. Su postura sugiere que no tenían un problema real con la utilización de la lengua común de todos los españoles sino que querían representar ante el público la ficción de unos acusados que se encontrarían declarando ante un tribunal extranjero, distante, con el que sólo cabría comunicación con intérpretes y auriculares. Ni se produjo merma del derecho de defensa ni se escenificó la farsa que pretendían.

  1. LOS SÍMBOLOS POLÍTICOS DURANTE EL JUICIO

Algunos de los acusados y de los asistentes a la vista llevaron -como símbolos independentistas y de apoyo a los procesados y fugados- lazos amarillos[8]. Ante ello la acusación popular ejercida por el partido político Vox protestó y solicitó al Tribunal que fijara criterio sobre la posibilidad o no de portar dichos símbolos en el juicio.

Tras la protesta de la acción popular, la Presidencia adoptó la medida de hacer suya la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecida en dos precedentes: la Sentencia Hamidovic contra Bosnia y Herzegovina, de 5 de diciembre de 2017 y la Sentencia Lachiri contra Bélgica, de 18 de septiembre de 2018, relativas a la compatibilidad de la utilización del velo  musulmán por testigos llamadas a declarar en juicio desde la perspectiva del derecho a la libertad religiosa reconocida en el art. 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos (que salvaguarda la libertad religiosa, junto con la de pensamiento y conciencia).

En la Sentencia Hamidovic vs. Bosnia se declaró que las sanciones de multa y prisión impuestas a una musulmana wahabita llamada a declarar como testigo durante la vista, por negarse a quitarse el velo por motivo de su religión, supuso una injerencia desproporcionada en el derecho consagrado en el art. 9 de la CED. Conforme al apartado 2 del mismo precepto, “la libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás”. Consideró el tribunal que el velo no constituía una amenaza contra el tribunal y no impedía su identificación ni entorpecía la valoración del testimonio, por lo que prohibirlo había sido una intromisión ilegítima en el derecho a manifestar la religiosidad. Más tarde, en la misma línea, la STEDH de 18 de septiembre de 2018 aplicó idéntica doctrina respecto a Bélgica.

Conviene aclarar que las sentencias referidas suponen una matización de la jurisprudencia anterior sobre la posibilidad de los Estados de prohibir el uso del velo en los establecimientos públicos o en los centros educativos con la finalidad de garantizar la neutralidad de las instituciones. En las dos sentencia citadas, el TEDH resalta que las personas portadoras de símbolos religiosos eran particulares llamados a comparecer, no por su propia voluntad, ante los tribunales.

En el juicio sobre el procés, la Presidencia constato que un lazo amarillo no es un símbolo religioso, sino ideológico, pero sostuvo que, como el rango axiológico con el que contempla el Convenio de Roma los símbolos religiosos e ideológicos es el mismo, al tutelar simultáneamente la libertad de pensamiento y la liberta religiosa en el art. 9 CEDH, el lazo amarillo se encuentra protegido por el texto internacional.

En definitiva, los acusados, los testigos y los asistentes entre el público pudieron portar lazos amarillos durante las sesiones del juicio oral. No obstante, en coherencia con la postura del TEDH sobre la legitimidad de excluir la manifestación de las ideas propias en instituciones públicas por parte de servidores públicos o profesionales, el Magistrado Marchena advirtió que no se permitiría la colocación de signos ideológicos sobre las togas de los abogados.

  1. DERECHO A NO DECLARAR Y A NO CONFESARSE CULPABLE

La prohibición que la Presidencia taxativamente estableció para que la acusación popular ejercida por el partido político Vox dejará en el aire y en el soporte virtual de registro del juicio las preguntas que dicha parte acusadora hubiera deseado plantear a los acusados constituye una clarificación necesaria de la respuesta jurisdiccional que merece el intento de sortear el derecho del acusado a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable del art. 24.2 de nuestra Norma Fundamental.

Aunque tal derecho fundamental expresado en el conocido brocardo latino “nemo tenetur se ipsum acussare”, ha sido objeto de apropiación -como otras tantas instituciones jurídicas-  por los juristas anglosajones, que lo adjudicaron a Coke y a la tradición del common law, lo cierto es que constituye un principio del derecho canónico preinquisitorial que nació asociado al llamado “juramento de calumnia, cuyo fundamento -más allá de antecedentes bíblicos- se encuentra en el Decreto de Graciano del Siglo XII.

En la actualidad, pasado el tiempo, por influencia del modelo inquisitorial que todo lo confiaba a la confesión concebida como “regina probatorum”, se había considerado correcto confrontar al acusado con su acusador para colocarlo durante el interrogatorio en la tesitura de contestar o permanecer silente ante las preguntas del sostenedor de la tesis inculpatoria con el fin de predisponer al tribunal en su contra. Pero tal práctica resulta obviamente contradictoria con un sistema de justicia penal garantista, en el que los acusados para mantener intacto su derecho a la presunción de inocencia les basta con refutar la tesis de la acusación si lo desea o permanecer inactivos ante ella. Por ello en el Derecho anglosajón desapareció gradualmente en los siglos XVIII y XIX, al permitirse al abogado de la defensa relatar los hechos ante el tribunal y no circunscribir su actuación a las cuestiones jurídicas.

Actualmente, en el Derecho anglosajón no se obliga al acusado a exponerse a las preguntas de la acusación si no acepta voluntariamente salir a la palestra. El mismo sistema se recomendaba en el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y en la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013.

Pero, sin necesidad de reforma legislativa, la Presidencia del juicio al procés ha señalado a los tribunales el camino a seguir en lo sucesivo, superando posiciones doctrinales y jurisprudenciales ancladas en el pasado jurisprudencial. Se ha garantizado, de esta forma, el escrupuloso respeto por el derecho de los acusados a no declarar mediante la prohibición de la consignación de las preguntas que las acusaciones insistan en plantear pese a la advertencia de ejercicio del derecho referido por sus titulares.

  1. INTERROGATORIO CRUZADO DE TESTIGOS

Otra de las contribuciones más relevantes de la Presidencia para la práctica de la prueba, esta vez en relación con la testifical, ha sido la delimitación de las posibilidades de actuación de la parte contraria a la proposición del testigo en el interrogatorio cruzado (“cross examination”, que se practica por la parte contraria tras la examination “in chief” a cargo de la parte proponente en derecho anglosajón).

Hasta ahora era práctica común de los tribunales permanecer impasibles ante cualquier pregunta que se pudiera efectuar al testigo por la parte contraria a la que había propuesto su intervención en el juicio, siempre que fuera pertinente y útil en relación con los hechos conformadores del objeto del proceso. Pero tales preguntas, si no se refieren al interrogatorio previo, equiparan de facto al proponente de la prueba con las demás partes en el proceso, en cuanto al posible planteamiento de las cuestiones fácticas suscitadas y sitúan a las partes no proponentes -probatoriamente pasivas- en mejor posición que a la que haya ostentado la iniciativa probatoria, puesto que les otorga la posibilidad de interrogar al testigo sobre temas acerca de los cuales todavía no ha depuesto, sin posibilidad de un interrogatorio contradictorio acerca de dichos temas por la parte contraria, precisamente la parte proponente de la prueba y a quien tal metodología errónea puede ocasionar indefensión. Por ello, con buen criterio la Presidencia del juicio al procés ha cortado en seco tal uso procesalmente incorrecto y ha establecido en diversas ocasiones (cercenado intentos en contra tanto del Ministerio Fiscal como de las defensas) que las preguntas propias del interrogatorio cruzado sólo puedan tener como finalidad refutar o aclarar las manifestaciones sobre los hechos efectuadas ocasión del interrogatorio realizado por la parte proponente de la prueba o poner en entredicho la credibilidad del testigo.

Resulta así delimitada la “cross examination”, un instrumento de defensa que no debe convertir en ventaja indebida para la parte que se muestra pasiva en la proposición de la prueba y activa en el intento de sacar provecho de una hasta ahora inadecuada comprensión por los tribunales del método de interrogatorio de los testigos, que ha de ser equilibrado y justo para ambas partes.

IV.- LA SENTENCIA

La Sentencia, cuyo ponente es el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez, se publicó -como anteriormente se dijo- el 14 de octubre de 2019 (STS 459/2019; Causa especial 20907/2017). En ella condena a cuatro de los doce dirigentes políticos por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, agravado por razón de la cuantía, a cinco de ellos por un delito de sedición y a los tres restantes por desobediencia. Quedan absueltos todos ellos absueltos de los delitos de rebelión y organización criminal. Seguidamente se incluye un cuadro informativo de los condenados, delitos y penas.

ACUSADOS CONDENAS PENAS
Oriol Junqueras Delito de sedición y malversación (agravada) 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta
Raül Romeva Delito de sedición y malversación (agravada) 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta
Jordi Turull Delito de sedición y malversación (agravada) 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta
Dolors Bassa Delito de sedición y malversación (agravada) 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta
Carme Forcadell Delito de sedición 11 años y 6 meses de prisión y de inhabilitación absoluta
Joaquim Forn Delito de sedición 10 años y 6 meses de prisión y de inhabilitación absoluta
Josep Rull Delito de sedición 10 años y 6 meses de prisión y de inhabilitación absoluta
Jordi Sánchez Delito de sedición 9 años de prisión y de inhabilitación absoluta
Jordi Cuixart Delito de sedición 9 años de prisión y de inhabilitación absoluta
 

Santiago Vila

 

Delito de desobediencia

Multa de 10 meses con cuota diaria de 200 euros e inhabilitación especial durante 1 año y 8 meses
 

Meritxell Borrás

 

Delito de desobediencia

Multa de 10 meses con cuota diaria de 200 euros e inhabilitación especial durante 1 año y 8 meses
 

Carles Mundó

 

Delito de desobediencia

Multa de 10 meses con cuota diaria de 200 euros e inhabilitación especial durante 1 año y 8 meses

V.- SITUACIÓN ACTUAL

  1. LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Tras la STS 459/2019 los nueve dirigentes políticos independentistas condenados a penas privativas de libertad se encuentran recluidos en centros penitenciarios catalanes. Sin embargo, aunque han sido condenados por delitos muy graves, la Consejera de Justicia de la Generalitat Ester Capella anunció, poco tiempo después, que a todos los condenados por la Sentencia del procés se les aplicaría el Art. 100.2[9] del Reglamento Penitenciario, el cual permite a los reclusos en segundo grado -régimen ordinario de privación de libertad- salir a trabajar, realizar labores de voluntariado, o cuidado de familiares durante el día. Esta medida, que tiene un carácter excepcional y no debe convertirse en un grado intermedio entre el segundo y el tercero -régimen de semilibertad- se ha sostenido que ha sido aplicado de forma arbitraria por la Administración autonómica catalana para conseguir vaciar de contenido la resolución judicial a su antojo[10]. Desde luego es innegable que afecta gravemente al principio de igualdad si se compara el trato dado a los independentistas condenados con la situación del resto de presos que se encuentran en el régimen ordinario de privación de libertad.

Actualmente, España se está recuperando de la crisis sanitaria -la económica no ha hecho más que empezar- generada tras la pandemia ocasionada por el Covid-19. El Gobierno declaró el “estado de alarma” el 14 de marzo y tras sucesivas prórrogas parlamentarias de la situación excepcional ha durado hasta el 21 de junio. Al inicio del confinamiento la Consejera de Justicia intentó que los presos que se beneficiaban en aquel momento del art. 100.2 RP pasaran el aislamiento en sus respectivos domicilios[11]. Ello, supuestamente, para evitar el contagio masivo en las cárceles y respetar lo máximo posible la distancia de seguridad. La Sala Segunda del Tribunal Supremo advirtió en un comunicado que, si se excarcelaba a los nueve dirigentes independentistas por el coronavirus -equiparándoles en ese sentido a los presos de tercer grado- los responsables de la medida podrían incurrir en un delito de prevaricación[12]. En la misma nota el Tribunal señaló que si las Juntas de Tratamiento de las cárceles dónde se encuentran los dirigentes independentistas hubieran aceptado el excarcelamiento durante el estado de alarma exigiría a cada una de ellas y a los directores de cada una de las cárceles explicaciones sobre el fundamento jurídico de tal decisión. Finalmente,  las Juntas de Tratamiento descartaron que los dirigentes independentistas pasaran el confinamiento en sus domicilios. Lo han hecho en sus respectivas celdas, siguiendo las recomendaciones sanitarias[13]

  1. LAS EUROORDENES

Además de los doce líderes políticos condenados por la STS 459/2019 en la misma causa fueron procesadas otras siete personas, declaradas en rebeldía tras huir de la justicia española al extranjero de la justicia española: a Bélgica Carles Puigdemont  -expresidente de la Generalidad-, Meritxell Serret, Antoni Comín y Lluís Puig; a Suiza Marta Rovira y Anna Gabriel: y a Escocia se encuentra huida Clara Pontasí. Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Pontasí fueron procesados por rebelión y malversación de fondos públicos; Marta Rovira por rebelión; Lluís Puig y Meritxell Serret por malversación y desobediencia; y Anna Gabriel por desobediencia.

Las Órdenes Europeas de Detención y Entrega dirigidas contra los huidos que se hallaban en países de la Unión Europea -Alemania, Bélgica y Reino Unido- fueron desactivadas por el Magistrado instructor de la causa, Excmo. Sr. D. Pablo Llarena cuando el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein (RFA) resolvió que sólo entregaría al procesado rebelde Puigdemont -que había sido detenido en Alemania mientras se desplazaba desde Finlandia a Bélgica, por el delito de malversación de fondos públicos y no por el de rebelión o sedición. Tal decisión del tribunal alemán, como señala la STS 459/2019 repitiendo lo manifestado en su Auto de 1 de julio de 2019, resultó errónea:

“para concluir este rechazo, las autoridades judiciales del Estado requerido suscribieron una resolución cuyos razonamientos entraban a cotejar exhaustivamente los elementos constitutivos de la infracción penal y su influencia en el principio de tipicidad. Se incluyeron también valoraciones de prueba sobre unos hechos que estaban siendo investigados en el marco de un procedimiento caracterizado por su complejidad y extensión. De extraordinaria e inusual magnitud habla el dato de que incluya documentos cuya suma pueda medirse en metros cúbicos. De un procedimiento que, en su versión digital, ocupa un repositorio que supera un terabyte. Nada de ello fue obstáculo para que las autoridades requeridas llegaran a pronunciarse sobre la intencionalidad del autor y su posición de dominio en la ejecución del hecho”.

Por su parte Bélgica también rechazó una euroorden, con la excusa de un incumplimiento formal que no concurría[14].

Tras dictarse la Sentencia del Tribunal Supremo de la que nos hemos ocupado, el Magistrado instructor volvió a reactivar las euroórdenes para los procesados rebeldes que residen en Bélgica y Reino Unido, con el objetivo de que sean juzgados por la justicia española. Pero la elección de dos de ellos -Sres. Puigdemont y Comín- como parlamentarios europeos ha hecho necesario solicitar autorización del Parlamento Europeo para levantar su inmunidad, petición que ha sido ya efectuada y que se encuentra en trámite[15].

Por ahora la cooperación judicial entre Estados miembros de la Unión Europea no ha funcionado satisfactoriamente en este asunto. Pero la justicia española sigue tratando de que los fugados sean puestos a su disposición. El resultado del esfuerzo servirá para medir el grado de eficacia del art. 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual establece el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales como piedra angular de la cooperación jurisdiccional en materia penal entre los Estados miembros.

VI.- CONCLUSIÓN

En la celebración del juicio al golpe la Sala Segunda del Tribunal Supremo aplicó un elevadísimo estándar de garantías procesales a los acusados, por encima de las exigencias internacionalmente establecidas en los convenios internacionales sobre salvaguarda de los derechos humanos, pese al ficticio relato de menoscabo de garantías y derechos que, desde el independentismo, se ha querido transmitir para reforzar el mito de una Cataluña sojuzgada por un Estado opresor. Igualmente encomiable ha sido la argumentación de la sentencia en la que, en 493 páginas, se expone con rigurosidad y precisión la valoración de los elementos de convicción que ha llevado a la declaración de hechos probados y la subsunción de los hechos en los tipos penales aplicados.

Como es propio de cualquier resolución judicial, tanto la apreciación de la prueba como la interpretación de los distintos delitos puede ser discutida, como en este caso ha sucedido, tanto en el ámbito académico como mediático, con opiniones a favor y en contra, todas ellas totalmente legítimas. Pero lo que no se puede negar es que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, en un asunto de la envergadura de un monumental desafío al Estado de Derecho -efectuado bajo el paraguas de instituciones públicas puestas en contra de la Constitución que las ha creado-, ha dado la talla que de tan alto órgano jurisdiccional se esperaba, al aplicar la ley con independencia e imparcialidad.

[1] Véase “Juicio al golpe en Cataluña” I, lpderecho.pe, 12 de julio de 2019.

[2] Comités de Defensa de la República. Son grupos organizados -inicialmente llamados Comités de Defensa del Referéndum- cuyo principal objetivo fue facilitar la realización del referéndum ilegal de autodeterminación y, tras su realización, promover la proclamación de la República catalana. Algunos de sus miembros han sido investigados por delitos de terrorismo.

[3] Plataforma independentista catalana que surge en las redes sociales de Twitter y Telegram para convocar las manifestaciones y fomentar la desobediencia en contra de la Sentencia del juicio del procés.

[4] Ambos acusados compartían el mismo abogado, Andreu Van den Eynde, cuya estrategia de defensa parecía más centrada en el campo político que jurídico.

[5] Reconocido en el artículo 24.2 de la CE y en el art.118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que garantiza en sus apartados g) y h) que “toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar su derecho de defensa (…) a cuyo efecto se le instruirá sin demora los siguientes derechos: (…) derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen y el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

[6] “El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses”.

[7] En el año 2007 el juicio por los atentados terroristas del 11M, celebrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se hizo a través de la cesión de televisiones de una señal institucional de audio y vídeo.

[8] Los lazos amarillos son símbolos que se utilizan en EEUU para recordar a soldados ausentes (proceden del lazo amarillo de los soldados de caballería, que entregaban a sus parejas mientras estaban de campaña). Pues bien, han sido adoptados por el soberanismo con devoción, hasta el punto que por negarse a retirar uno de ellos de un balcón de un edificio oficial durante una campaña electoral, el actual Presidente de la Generalitat de Cataluña (gobierno autonómico), Quim Torra ha sido condenado por delito de desobediencia a la Junta Electoral por el tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia que actualmente se encuentra recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

[9] “No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado. Esta medida excepcional necesitará de la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia correspondiente, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad”

[10] MAS, E. (2020, 26 de febrero) “El escándalo del 100.2” El Mundo. Véase en: www.elmundo.es

[11] MUÑOZ, T. (2020, 31 de marzo) “El Govern prepara el terreno para que los presos del procés se confinen en casa” La Vanguardia. Véase en: www.lavanguardia.com

[12]Véase:https://www.europapress.es/catalunya/noticia-ts-advierte-govern-si-excarcela-presos-estara-prevaricando-20200331133219.html

[13] Véase: https://www.rtve.es/noticias/20200402/coronavirus-politicos-independentistas-presos-seguiran-confinamiento-prision/2011320.shtml

[14] Véase González-Cuéllar Serrano, N. “Las euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo de España” en Teoría y derecho. Revista de pensamiento jurídico, Tirant lo Blanch, 26 de diciembre de 2019, p. 313

[15] Véase al respecto el mismo trabajo citado en la nota anterior.

(*) El autor es Máster en Derecho – Universidad de Castilla La Mancha Investigadora de la Fundación Privada Manuel Serra Domínguez.

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