Abogada laboralista urge revisión del plazo para compensar licencias por COVID-19

Carol Villalobos Morales, asociada del estudio Miranda & Amado, argumenta la necesidad de ampliar el plazo establecido por la Ley N° 31632 para la compensación de licencias con goce de haber otorgadas a trabajadores vulnerables.

En una declaración exclusiva al Diario Oficial El Peruano, la abogada laboralista Carol Villalobos Morales, asociada del Área Laboral del estudio Miranda & Amado, ha sugerido la extensión del plazo establecido por la Ley N° 31632, proponiendo idealmente un período adicional de un año. La medida busca abordar las dificultades encontradas para la eficiente compensación de las licencias con goce de haber otorgadas a trabajadores vulnerables durante la pandemia del COVID-19.

Villalobos expresó su preocupación por las restricciones existentes, las cuales, según ella, han dificultado la compensación efectiva de las horas no laboradas por la licencia. Destacó que el plazo límite para realizar dicha compensación vence el 2 de diciembre y abogó por una prórroga sustancial, considerando la complejidad de la situación.

La abogada laboralista lamentó que las alternativas contempladas en la normativa actual se han revelado como insuficientes. Señaló que dicha normativa ha impedido a los empleadores realizar compensaciones de las licencias con goce de haber mediante descuentos en las liquidaciones de beneficios sociales, gratificaciones o utilidades legales.

Uno de los puntos cruciales destacados por Villalobos es la falta de razonabilidad en la decisión de prohibir a los empleadores realizar descuentos en las liquidaciones de beneficios sociales. Argumentó que estos pagos, considerados adelantos de remuneraciones, deberían tratarse como créditos a favor de las empresas, especialmente al momento del cese laboral, cuando los descuentos serían más justificables.

Además, la abogada alertó sobre las consecuencias de no cumplir con las compensaciones en el plazo establecido. En virtud de la normativa actual, las horas no compensadas se considerarán absueltas, lo que impediría a los empleadores recuperar los créditos generados por los pagos realizados.

Villalobos enfatizó la gravedad de esta situación, argumentando que obligaría a los empleadores a condonar una deuda generada por el Gobierno, y que la expectativa de compensación del personal se vería frustrada por la falta de alternativas legales adecuadas. La propuesta de extender el plazo busca mitigar estos desafíos y garantizar una compensación justa para ambas partes involucradas.