Recurso de nulidad N° 874-2018, Cañete: “elementos normativos del delito de colusión desleal”

Emitido el 13 de agosto de 2018 por la Corte Suprema de Justicia de la República - Sala Penal Transitoria 

Por: Infolegal.pe

Sumilla. Suficiencia de probatoria. En el presente caso, existen suficientes elementos de prueba que permiten acreditar la vinculación y responsabilidad penal de los procesados con los hechos materia de imputación; por lo que queda desvirtuada la presunción de inocencia que los asiste.

Consiste en los recursos de nulidad interpuestos por los sentenciados José Arias Chumpitaz  y Rosa Liliana Toaros Castillo contra la sentencia del 5 de abril del 2018, en el extremo que: i) Condenó al imputado José Arias Chumpitaz como autor del delito contra la Administración Pública en la modalidad de colusión, en perjuicio del Estado-Municipalidad de Asia, a 7 años de pena privativa de libertad e inhabilitación por el plazo de 2 años, en aplicación de los incisos 1 y 2, del artículo 36, del Código Penal. ii) Condenó a Rosa Liliana Torres Castillo como cómplice primario del delito contra la Administración Pública en la modalidad de colusión, en perjuicio del Estado-Municipalidad de Asia, a 4 años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de 3 años e inhabilitación por el plazo de 2 años, en aplicación de los incisos 1 y 2, del artículo 36, del Código Penal; y les impuso el pago solidario de 50 mil soles por concepto de reparación civil. De conformidad, en parte, con el dictamen de la fiscal suprema en lo penal.

Respecto de los hechos,  se imputa a los acusados José Arias Chumpitaz ser autor del delito de colusión, dado que, en su condición de alcalde distrital de Asia, provincia de Cañete, con la colaboración necesaria de la acusada Rosa Liliana Torres Castillo (asesora legal), defraudaron patrimonialmente a la Municipalidad Distrital de Asia, al haberse coludido con los representantes de la Empresa L & C Asesores Consultores S. A. C., representada por su gerente general Luis Alberto Bernal Saavedra (sentenciado); con tal propósito, la Municipalidad Distrital de Asia, a través del alcalde y sus regidores (ya sentenciados), y la asesora legal, llevaron a cabo la contratación de la empresa L & C Asesores Consultores S. A. C., para fiscalizar a la empresa Telefónica del Perú, cuyo monto a cobrar sería del 20 % de todo lo recaudado, incluyendo todo tipo de prestación. Para darle visos de legalidad, se señala que se presentaron otras tres empresas, pero todos tenían vinculación.

El primer contrato,del 3 de abril del 2002, se genera como consecuencia de la Sesión de Concejo N.° 012-02 del 31 de marzo del 2002, contrato que tuvo vigencia hasta el 3 de julio del 2002; sin embargo, se renovó sin adenda, incrementándose del 20 % al 25 % sin ninguna necesidad de que justifique la suscripción de un nuevo contrato. En ese sentido, se habría vulnerado la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, ya que se contrató de manera directa sin que medie una resolución de alcaldía que formara una comisión en dicha contratación. No hubo informe técnico legal ni un procedimiento para la contratación ni tampoco informe técnico de requerimiento de dicho servicio; además, la Empresa L & C Asesores Consultores S. A. C., a la fecha en que se suscribe el contrato, no estaba autorizada porque recién empiezan sus actividades el 25 de julio del 2002.

Asimismo, se atribuye al procesado José Arias Chumpitaz, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Asia, haberse coludido con su sobrino Luis Ignacio Chumpitaz Arias (hijo de su hermana Albertina Arias Chumpitaz), para defraudar patrimonialmente al Estado, al haberlo contratado para que labore en el Municipio, a pesar de conocer dicho parentesco; contratándolo como obrero de limpieza y ornato para que gane la suma de S/ 2870,00.

Fundamento destacado:

3.1. El delito de colusión desleal se configura cuando concurren los siguientes elementos normativos del tipo:

3.1.1. El acuerdo clandestino entre dos o más personas para lograr un fin ilícito; perjudicar a un tercero, en este caso, al Estado.

3.1.2. Realizar ello mediante diversas formas contractuales para lo cual se utiliza el cargo o comisión especial; que, en efecto, el delito antes citado importa que el funcionario público o servidor público que interviene en un proceso de contratación pública, en razón de su cargo, concierta con los interesados y deufrada al Estado. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el acuerdo colusorio entre las partes (el Estado y los particulares) está referido a que las condiciones de contratación se establezcan deliberadamente para beneficiar a los particulares en detrimento de los intereses de Estado.

3.1.3. En el delito de colusión, dos son los bienes jurídicos tutelados: a) la actuación conforme al deber que importe el cargo; b) asegurar la imagen institucional, considerándose como sujetos activos de este a los funcionarios o servidores públicos.

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Elementos normativos del delito de colusión desleal
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