Regulado en el artículo 10° y 11° de la Ley de Delitos Informáticos N° 30096 de fecha 27 de setiembre del 2013.

Regulado en el artículo 10° y 11° de la Ley de Delitos Informáticos N° 30096 de fecha 27 de setiembre del 2013.

Se dedicaban a la fabricación, diseño, venta, facilitación y distribución de datos informáticos de huellas dactilares y chips para suplantar identidades.

El Primer Despacho Provincial de la Fiscalía Corporativa en Ciberdelincuencia de Lima Centro logró que el Poder Judicial confirme la prisión preventiva por doce meses contra dos de los investigados por los delitos de abuso de mecanismos y dispositivos informáticos en su modalidad agravada y contra la tranquilidad pública regulada en el artículo 10° y 11° de la Ley de Delitos Informáticos N° 30096 de fecha 27 de setiembre del 2013.

Según informaron, la banda criminal se dedicaba a la fabricación, diseño, venta, facilitación y distribución de datos informáticos de huellas dactilares y chips para suplantar identidades, y, consecuentemente, realizar reposición de líneas telefónicas bloqueadas para que sean utilizadas en operaciones bancarias fraudulentas.

Como se recuerda, el Ministerio Público dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia en virtud a las constantes comisiones de delitos informáticos que han aparecido en los últimos años. Y es que claro, en razón a ello, la Red de fiscales viene estando conformada por aproximadamente setenta representantes del Ministerio Público que viene asumiendo esta ardua labor.

Finalmente, en virtud a la referida medida de coerción recaída contra dos de los investigados, recordemos los presupuestos materiales de la prisión preventiva establecida en el artículo 268° perteneciente al Capítulo I del Título III del Código Procesal Penal que a la letra dice: “El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandado de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo. b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justica (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización)”.

CATEGORÍAS
ETIQUETAS
Compartir Esta