Resaca de la vacancia, descontento popular y verdades ocultas

Por: Miguel Pérez Arroyo / Artículo de opinión

El fin de semana vivimos, como ya se va haciendo costumbre en nuestro país, un pandemonio político cuya proyección en el tiempo terminará rompiendo la tranquilidad de muchos del actual entorno presidencial pero sobre todo del propio presidente de la República que indudablemente tendrá que responder a la justicia penal no solo por lo que hizo o dejó de hacer durante su gobierno sino, y sobre todo, de cuando fue presidente de la región de Moquegua, tal y como fue señalado por más de un programa periodístico de los domingos. No cabe la menor duda que, ante las evidencias anotadas, los destinos judiciales del actual mandatario serán difíciles y es posible, siempre lo es, que tengamos a otro presidente con medidas coercitivas e, incluso, con condena penal por los motivos que se contienen en dichas investigaciones en algunos casos ya acabados.

Sin embargo, el presidente sobrevivió a los intentos de la vacancia. No precisamente porque todos los partidos confían en la transparencia de sus actos sino por una razón práctica: de vacarlo, habría un vacío de poder en la administración pública lo cual, en por lo menos unos meses, podría significar un rumbo errático del país que a la postre podría ser incluso peor que el hecho mismo de mantenerlo en el puesto. Ese fue el único motivo que todos arguyeron en el fondo, con mayor o menor intensidad; incluso los que traicionaron la coherencia de sus actos o los que se abstuvieron a votar por el sentido primigeniamente anunciado con la aprobación de la moción de la vacancia. De haber sido coherentes, desde el inicio, no habernos hecho perder, a todo el país, una semana valiosa de producción legislativa y de esperanzas en la renovación de la moral pública de quienes creyeron en situaciones contrarias a las que se sucedieron.

Sin embargo, fueron dos hechos las que han llamado la atención a esta redacción: 1) el mensaje subliminal del presidente al concurrir al congreso en la forma que lo hizo, sin aviso previo, sin las formalidades propias de una visita presidencial y, como alguno sugirió en pleno debate por la vacancia, sin corbata. Y; 2) la respuesta dada a la prensa por la Fiscal de la Nación respecto de la posibilidad de querellar a Karem Roca, por haber mencionado en uno de los audios, que ella, la Fiscal de la Nación, tenía cercanía palaciega a través de una alta funcionaria del gobierno. Su respuesta no pudo ser más elocuente: “la voy a querellar”.

En el primer caso el presidente le dio al congreso, lo que el pueblo le daría de tenerlo cerca: irrespeto. Leyó perfectamente, como suele hacerlo, lo que el pueblo siente por el congreso, irrespeto. No se le puede prestar ni regalar ningún respeto a un ente por más constitucional que sea a la vista de sus actos: gestionar una vacancia con elementos probatorios sin antes haber gestionado de modo adecuado su incorporación y su práctica en el seno del proceso parlamentario donde se dio, votar por la admisión de una moción de vacancia sin antes estar seguros de lo que a futuro iban a votar en grado definitivo (es como declarar una guerra que antes no sabes si vas a ganar o no tener la intención siquiera de luchar por lo que crees); y lo peor, permitir que una opción democrática se manche con visos de antojo personal que en nada hicieron bien a lo que legítimamente se podía haber conseguido dada la aceptación de la legitimidad de las fuentes de prueba que, aunque se incorporaron de modo inadecuado, terminaron convalidándose por el propio presidente de la República al reconocer que era su voz y que se reconocía en los audios. Los ninguneó y les hizo sentir en su propia casa, que ellos no mandaban en absoluto en un país al que él, sin bancada y con mucha táctica mediática, se ha ganado a punta del manejo oportuno de los medios de información. De todos. Lo cual también es su perdición, su deslegitimación futura. Y ganó la negativa a su vacancia, logrando hacer retroceder, torpemente, a quienes en bloque se abstuvieron.

Lo segundo, no deja de ser menos grave. La amenaza de la Fiscal de la Nación a un particular, a una ex funcionaria de palacio de gobierno a quien el sistema de protección de testigos del Ministerio Público, lejos de proteger por ser testigo de hechos susceptibles de investigación, tal y como ya informó la misma Fiscal anticorrupción Gianni Sánchez Porturas, calificándola de coimputada, bien podría servir de colaboradora eficaz ante posibles y futuras investigaciones que busque llegar a las esferas más altas del poder, como el señalado por la referida Fiscal respecto del presidente de la República. Pero no, la Fiscal de la Nación la arrincona, la atemoriza con una querella y autoproclama su inocencia sin antes siquiera dejar que la investiguen o dejar que el curso de las investigaciones la absuelvan de toda duda. Es lo democrático. Es lo constitucional. Ningún funcionario del Estado, incluso los más altos, está exento de duda y ante una sospecha, por más ligera que sea, se debe investigar. Eso no es democrático y el Congreso debe reparar en estas prácticas.

Salvo mejor parecer.

(*) El autor es Doctor en Derecho, Máster en Criminología y director del Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales (INPECCP)

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