César Delgado: Viral tumulto de traspiés, desaciertos y low kicks en el valetodo parlamentario (parte 2)

Por: César Delgado Guembes / Artículo de opinión

(10) Los apuntes precedentes, permiten entender que, a partir de la suma de factores de desentendimiento de las categorías constitucionales, pero más importante aún por el enervamiento popular que se ha logrado construir y asentar en la opinión pública, no llegue a entenderse ni a aceptarse que la inmunidad parlamentaria no debe ser ni eliminada ni trasladado su levantamiento a ningún otro órgano.

(11) Ante la situación de hecho del propósito y decisión de eliminar la inmunidad parlamentaria, corresponde medir la consistencia de esa medida y el control de riesgos que su desaparición ocasiona en el sistema y en el régimen político. Su exclusión del modelo genera consecuencias que generan distorsiones graves en la misión constitucional del Estado. La más grave es la que afecta a la lógica del principio de concentración de poder.

Tanto menos eficacia tiene el Congreso en su función de evitar la concentración del poder, mayores deben ser las previsiones que se tenga respecto del riesgo de mayor y más libre capacidad de acción del gobierno. Por lo tanto, más aumentan las oportunidades y probabilidades de abuso de las facultades y atribuciones por el gobierno.

Intervenir en la eliminación de la inmunidad (lo reitero, medida que sostengo que es política y constitucionalmente incorrecta, fuera de que, además, se basa en un diagnóstico equivocado, y que no elimina la raíz del mal uso debido a la ineptitud de a quienes se reprocha el mal uso), no puede ser una medida aislada, porque ella misma es ya una variable que desequilibra un régimen basado en el principio de separación de poderes.

(12) El factor de desequilibrio en que se constituye la eliminación de la inmunidad parlamentaria exige, por lo tanto, la recuperación del equilibrio entre los diversos poderes estatales. Esas son las razones por las que es legítima la racionalidad de eliminar la prerrogativa presidencial que restringe y acota las posibilidades de su acusación durante su período.

Si los congresistas no la tienen, siendo así que representan la voluntad popular, y siendo así que su mandato tiene origen en una decisión del poder constituyente, ¿qué corona tendría el Presidente de la República para eludir esa misma igualdad que se le reclama a los congresistas? ¿No dice el dicho “a igual razón igual derecho”? Entonces, que asuma las consecuencias de la torpe medida que ha sido impulsada desde palacio de gobierno.

A fin de cuentas, así hayan 80 o 100 distintos tipos penales por los que cabría acusar al Presidente de la República, en la misma y peor condición se deja a los representantes que pueden ser acusado no por 70 o 90 delitos contra la administración de justicia, sino por la totalidad del Código Penal, porque la inmunidad parlamentaria se refiere no a delitos cometidos en el ejercicio de la función, sino a cualquier tipo de infracción penal, sea falta o delito.

Ese es el significado y el impacto que tiene la inmunidad parlamentaria en nuestro sistema político y constitucional, así el Presidente de la República no conozca el significado que tiene, el bien constitucional que protege ni el costo que le causa al país promoviendo cambios que riñen y que niegan con principios de nuestra Constitución.

(13) De lo anterior se deriva un asunto adicional sobre la naturaleza del régimen político peruano. En efecto, cuando se califica nuestro régimen como de “presidencialismo atenuado” se reconoce que el peruano es un modelo en el que el Presidente de la República tiene más poderes que el que tiene el régimen presidencial. Lo de “atenuado” es un eufemismo que sirve para reconocer que alguna gravitación tiene el parlamento como órgano legislativo y de control.

No porque la denominación sea de “presidencialismo”, atenuado o no, ello equivale a que la posición del Presidente de la República es la de un “intocable”. Menos aún si, en un alarde de impotencia en la gestión que no puede lograr de coordinar con la pluralidad de fuerzas en el Congreso, se enfrenta a la misma representación que el pueblo ha elegido, tanto en el período inconstitucionalmente interrumpido como en el que corresponde al del parlamento-rabo que actualmente está en funciones.

Por lo tanto, si resulta tan torpe la pretensión de eliminar la inmunidad parlamentaria, es lógica pero recíprocamente consistente con esa misma torpeza, la eliminación de una inmunidad presidencial que, de subsistir, importaría la desnaturalización del carácter democrático del Estado y del régimen de gobierno peruano.

(14) De modo similar, si la inmunidad es una prerrogativa esencial y originalmente parlamentaria, y a partir de ella es que se repite, replica y reproduce su reconocimiento en otros órganos, desaparecida del sistema constitucional la justificación de su reconocimiento en aras de la afirmación del principio de igualdad, no tiene sentido que esa igualdad no alcance de manera similar a todos quienes, por efecto replicador de sus beneficios, recibieron recientemente sus alcances.

La misma razón por la que se postula la eliminación de la inmunidad parlamentaria para afirmar la utopía democrática de la igualdad, es exactamente la misma razón por la que también debe desaparecer la que se le ha asignado, accidentalmente, al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo.

(15) Otro es el caso de la eliminación del antejuicio para los ministros de Estado. Los ministros, a diferencia de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo no tienen inmunidad de proceso ni de arresto. Como tampoco la tienen los magistrados de la Corte Suprema.

Este asunto tiene mala factura. Pero no por la eliminación en sí, sino por otras dos razones. Primera, porque se ha suprimido la prerrogativa del antejuicio, pero no se ha abordado la que corresponde a la infracción constitucional cuya denominación no es “antejuicio” sino “juicio” político. Y segunda, porque al eliminarse la opción del antejuicio, como ocurre, lamentablemente con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, se afectará el necesario margen de libertad de gestión que es necesario para la actuación del gobierno en cualquiera de los sectores por los que es responsable el gabinete.

¿Es una medida coherente con la eliminación de la inmunidad parlamentaria? ¡Sin duda alguna diré, lo escribo, y lo firmo, que sí lo es! Pero la coherencia es un mal público en este caso, que se origina en la torpeza que han cometido todos y cada uno de quienes han optado por darle cuerpo al engendro al que hoy se llama “clamor popular” que, si bien ha sido impulsado y promovido por el ingeniero Vizcarra, ese mismo engendro ha sido amablemente acogido por la gran mayoría de congresistas que, con su voto, han cometido un daño política y constitucionalmente enorme al autoemascularse un instrumento cuya finalidad nunca fue favorecer los intereses ni los apetitos privados de nadie, sea persona privada o jurídica, sino garantizar la indemnidad de la voluntad popular que el pueblo expresa en el sufragio.

(16) La academia también habla de la posible acción de inconstitucionalidad que podría iniciarse ante el mismo Tribunal Constitucional respecto del proceso de reforma constitucional que está aún a medio camino.

Nada impedirá que esa acción se presente. Quien lo haga podrá ser quien quiera que se encuentre legitimado. Esa acción pondrá a prueba la capacidad del Tribunal Constitucional de actuar no como juez de la constitucionalidad, sino como juez de la Constitución. Y si optara por abocarse a la materia el resultado de su sentencia equivaldrá a otro exceso más en el desarrollo histórico de su actuación, porque ya no sólo operará como “legislador positivo” sino como poder constituyente. Y, en ese caso, a mi juicio personal, nos encontraremos ante un constituyente usurpador encubierto en el dudoso manto de su apócrifa condición de “máximo” intérprete de la Constitución.

Pero, además, lo que no será sencillo será pasar por alto que, como en el caso de la acción competencial relativa a la supuesta “denegación fáctica”, que guardó relación con el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, también éste sería un caso en el que los magistrados actuarían como juez y parte, porque si la reforma llegara a entrar en vigencia ellos quedarían directamente involucrados y afectados con sus alcances.

Cualquier abocamiento pondrá al Tribunal Constitucional ante el disparadero de su propia ilegitimidad jurídica si, obviando el interés directo que tiene sobre la materia, en particular a partir de las declaraciones que ha prestado su presidente, la señora Marianella Ledesma, niega el compromiso que tiene de actuar con imparcialidad, neutralidad y objetividad, y resuelve en una materia en la que todos y cada uno de los magistrados, por fuerza, debieran inhibirse, para no esperar que se los recuse.

(17) A las reflexiones anteriores debo simplemente añadir que sí coincido con la impertinencia de la reforma constitucional. Impertinencia e inconveniencia. Pero no sólo con lo que coherente y congruentemente ha integrado el Congreso durante la precipitación y acaloramiento del debate, sino porque el origen fue el equivocado.

(18) El síntoma es el mal uso de la inmunidad. Es cierto. Pero la causa del mal no es la existencia de la inmunidad. La causa está en la ineptitud moral de quienes la administran. ¿No estamos de acuerdo en esto?

Si estamos de acuerdo, entonces el remedio y la solución no es la antalgina, la aspirina ni el ibuprofeno. El remedio, una vez más, es que los partidos políticos propongan y postulen a congresistas probos y competentes que cumplan con el perfil de competencias, habilidades y virtudes propios de un puesto representativo. Y el que tenga oídos para entender que no incurra en más dislates.

(19) Más allá de los graves daños políticos y constitucionales que ha promovido el ingeniero Vizcarra, el resultado se tiene a la vista: sin inmunidad todo el sistema de gestión personal de los poderes del Estado queda, para bien y para mal, en manos del mismo Poder Judicial ante el cual todo ciudadano es igual ante la ley. Sin discriminaciones y sin privilegios.

¿No era ese el objetivo de la propuesta del ingeniero Vizcarra? En este caso, si el proyecto de reforma constitucional se mantiene tal como está nadie podrá eludir la judicialización de su conducta, no importa qué cargo desempeñe en el Estado. Los jueces y los fiscales impondrán democrática e igualitariamente su fuero.

(20) Queda como última pregunta cuál será el impacto y el costo social y de gestión que generará en lo sucesivo la abolición general de la inmunidad, y la privación del proceso de acusaciones constitucionales para los ministros.

No hay lugar a duda que el desempeño de las más altas autoridades supondrá mucha mayor exposición a riesgos. Por lo tanto, el escenario en el que haya quien opte por asumir el ejercicio de funciones públicas representará mayor costo. Cuanto mayor el costo las posibilidades de que prefieran asumirlo quienes no quieren quedar expuestos a denuncias judiciales equivaldrán a menor disposición para pagar esos costos, por elevación del riesgo.

Las posibilidades, por lo tanto, de que el Estado reclute a peruanos capaces, si se mantiene el texto del proyecto de reforma constitucional aprobado, disminuyen grave y significativamente… así el ingeniero Vizcarra pretendió nivelar sus impotencias políticas con una medida más propia de un episodio de Freddy Kruger que de Peter Pan… jugó con los fuegos artificiales del populismo, y a punto queda de llegar en procesión al cadalso en que quedan los reos de la impertinencia, o a pelo de acémila hacia la hoguera de la inquisición histórica.

(*) El autor es Profesor de Derecho Constitucional y Parlamentario. Ex Oficial Mayor del Congreso de la República.

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