¿Prisión preventiva o prisión asesina?

Una nueva víctima cobró el abuso de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. El abogado Juan Antonio Egüez Beltrán falleció hoy a los 72 años en el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro.

A un año y siete meses de habérsele dictado 36 meses prisión preventiva según lo determinó el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Corrupción por presuntamente integrar la red externa de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, el abogado Juan Antonio Egüez Beltrán falleció a los 72 años en el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Egüez Beltrán se convierte en la tercera víctima fatal dentro de una medida de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y concedida por el Poder Judicial a fin de respaldar las investigaciones abiertas por el Ministerio Público.

Se le dictó prisión preventiva al abogado José Antonio Egüez en agosto de 2018.

La primera víctima nos remonta al 17 de abril de 2019 cuando el expresidente aprista Alan García decidió poner fin a su vida al dispararse en la cabeza para evitar diez días de detención preliminar por presuntamente haber recibido pagos ilegales del consorcio brasileño Odebrecht.

Luego, tenemos al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali, Luis Jara, quien contaba con una detención preliminar de 15 días tras ser acusado por el cobro de cupos que tenían como finalidad nombrar asistentes, fiscales provinciales y fiscales adjuntos.

El fiscal de Ucayali, Luis Jara tomó la determinación de acabar con su vida.

 

Él fue hallado muerto el pasado 28 de febrero tras aparentemente haberse disparado con el arma de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP).

 

 

 

 

Según el penalista Mario Amoretti, la muerte del abogado Egüez Beltrán corrobora el abuso de prisión preventiva que está determinando el Poder Judicial a pedido del Ministerio Público porque a su punto de vista la mayoría de las detenciones no cuentan con sustento legal.

“Hay muchos casos que resulta claro que debían cumplir una comparecencia restringida y no un encarcelamiento mediático que ahora lamentablemente nos ha traído el fallecimiento de una persona.  La Comisión Interamericana ha emitido un informe en el año 2017, que concluye que la prisión preventiva en el Perú y otras regiones de Latinoamérica existe un abuso y lamentablemente los fiscales ponen el membrete de una organización criminal para conseguir su objetivo”, afirmó penalista.

Penalista Mario Amoretti rechaza abuso de prisiones preventivas.

Cuestiona que los jueces no están considerando el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema porque lo único que les interesa son los titulares en los medios de comunicación sin importar que están violando el principio de legalidad.

“No hay que detener para investigar, es lo último que se puede hacer con el sujeto. Tenemos la comparecencia restringida, arresto domiciliario, grilletes o las cauciones y todas garantizan la presencia del investigado”, puntualizó.

Una mirada distinta sostiene el abogado Carlos Rivera, que asegura que los pedidos del Ministerio Público de detenciones preliminares y prisiones preventivas están absolutamente acreditados y eran necesarias sobre todo en los casos del expresidente Alan García que terminó con su suicidio y el reciente caso del fiscal de Ucayali.

“Más allá de la decisión violenta y suicida que hayan tomado ambas personas, me parece que el hecho de que la persona se sienta acorralada o cercada por la justicia y eso los lleve a tomar una decisión fatal no es un problema de la justicia, sino de los investigados”, declaró el abogado a Infolegal.

Carlos Rivera asegura que sería lamentable que bajo esas razones o circunstancias decir que a fin de evitar los suicidios no se de prisión preventiva o detención preliminar a tal persona.

“Cada persona termina asumiendo su propia circunstancia de diferente manera. Creo por el hecho de dos personas que toman la decisión de suicidarse porque la justicia les está retirando la libertad, eso no invalida ni ilegitima las medidas que se han tomado para cautelar el curso de las investigaciones”, precisa Rivera.

Al respecto, a lo ocurrido con el abogado Egüez Beltrán señaló que sería importante acreditar la causa de la muerte porque pudo haberse atendido y documentado de una manera más prolija para tomar la cautela sobre su estado de salud.

“Si una persona muere a los 72 años se hubiese tomado las medidas, pero esa circunstancia no ilegitima o hace invalida una decisión de prisión preventiva de esa naturaleza”, insistió.

A título personal dijo que las detenciones preliminares o prisiones preventivas están justificadas por el Ministerio Público, porque no encuentra en el dictado de esa medida del Poder Judicial un tema político, sino de justicia.

Por su parte, el penalista y criminólogo Miguel Pérez Arroyo explicó que actualmente hay entre 90 y 95 miles personas encarceladas donde más del 40% son presos con prisión preventiva, es decir no tienen condena.

Sin embargo, sostiene que últimamente esos abusos de prisiones preventivas se han hecho más patentes si se llaman Fujimori, Humala, Heredia o Graña y Montero.

“No es que haya un abuso de ahora de la prisión preventiva, es un abuso de siempre. Pero, también hay muchos defectos en el sistema, un primer defecto que encuentro en la tramitación de la prisión preventiva es que se hacen mini juicios. Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori se hicieron doce sesiones de una audiencia y esto significa en muchos casos hacer incluso un juicio oral”, declaró el penalista.

Si bien es cierto, nadie cuestiona que las prisiones preventivas y las detenciones preliminares encuentran sustento constitucional, lo que sí es cuestionable es la legitimidad y el respeto a los derechos fundamentales con que se está actuando: Primero, porque se hace un circo público de las detenciones, policías en números desbordante para detener a una persona, en muchos casos sin apariencia de violencia, explicó Pérez Arroyo.

“Observamos a otros policías filmando las detenciones y demás intervenciones protocolares, cual si fueran “paparazis” y luego compartiendo dichas imágenes con medios de comunicación en abierta violación con lo que establece el propio Código Procesal Penal de “no presentar como culpables a quien aún se le presume inocente”, según la constitución;  y luego, lo peor, televisando en señal abierta y publica tanto las detenciones como las audiencias de prisión, con todo el estigma que ello significa. Todo ese circo mediático deteriora a cualquier persona, y hay quienes no lo soportan; y no se les puede exigir que lo hagan. Se trata de ser civilizados y no solo parecer serlo, como sucede en Perú”, señaló Pérez Arroyo.

Asevera que el Estado peruano, con estas formas institucionales de actuar por parte de los poderes públicos (poder judicial, fiscalía, policía), está “prejuiciando” porque lo ocurrido en los casos emblemáticos no son juicios, son audiencias previas y lo que finalmente ocurre en estos casos es de un “prejuicio”.

Precisa que se debe recordar siempre que, con la prisión preventiva, se está llevando a la cárcel a una persona que se le presume inocente, y lo que pase con esa persona, es de absoluta responsabilidad del Estado, tanto durante la intervención como después de ella.  No se debe presentar a una persona que se le presume inocente como si fuera culpable ni menos exponerla al punto de poner a prueba su performance psicológica. Ponernos de espaldas a esa realidad es desconocer lo que la propia constitución establece en su artículo primero: “que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado…”.

“No se debe hacer un ajusticiamiento. Aplicar la Ley, ser estricto con en su cumplimiento, no debe hacernos pasar por un “todo vale”. Lo contrario es no hacer justicia, sino ajusticiamiento. Un expresidente, un Fiscal; etc.  que se suicidan porque no quisieron pasar por todo ese trance y humillación, llámese que estaba trastornado o que su psicología era patológica. Ninguna persona debe ser sometida a ese circo mediático en donde tanto fiscales como policías terminan siendo una suerte de reporteros prestados a diversos medios de comunicación que pueden incluso llevar a sospechas muchas, incluso, en algunos casos, de corrupción y venta de imágenes que no deben y tiene porque ser circuladas con la irresponsabilidad que vemos todos los días, acotó el abogado Pérez Arroyo a Infolegal.

Penalista Miguel Pérez Arroyo.

Finalmente, Pérez Arroyo, lamentó profundamente la muerte del Señor Egüez Beltrán, quien falleció el día de hoy a los 72 años, quien estuvo detenido por más de 18 meses, luego que se declarara fundada la prisión preventiva en su contra.

“Esta muerte pone en grave cuestionamiento el carácter final que le están dando a la prisión preventiva. Las autoridades fiscales y judiciales olvidan que la prisión preventiva tiene carácter instrumental, que no es un fin en sí mismo, y que su razón es aseguratoria antes que un mero adelantamiento de pena. Lo que es peor, una vez que ella se impone, no se realizan importantes actos de investigación, siendo que, al parecer, lo único que le interesa a la administración de justicia es tener presos preventivos antes que gente condenada o libre, en sus casas; propio de un sistema democrático y respetuoso de los derechos humanos”, puntualizó.

 

CATEGORÍAS
ETIQUETAS
Compartir Esta